El Ayuntamiento de Granada (PP) ha nombrado jefe de estudios de la escuela de Policía Local a un subinspector investigado por violencia machista y por introducirse en el sistema VioGén que protege a su expareja, confirman a este periódico fuentes del cuerpo policial, que ha cursado la orden de nombramiento.
Desde la Policía local argumentan que es un asunto que pertenece a la organización de “personal” que realiza el Ayuntamiento de Granada, y desde el Consistorio que preside la alcaldesa, Marifrán Carazo, sostienen que se trata de “un cambio de destino por motivos personales”.
El subinspector investigado por violencia machista pasará a sustituir a otro compañero del cuerpo a partir del próximo lunes 28 de abril. El nombramiento ha tenido lugar apenas unas semanas después de que se conociera un informe de la Guardia Civil que le señala a él y a otros seis agentes de la Policía Local de Granada por haber ingresado en el sistema VioGén de la expareja y presunta víctima de sus agresiones .
El informe, al que ha tenido acceso este medio, detalla cómo los policías accedieron en varias ocasiones a la documentación reservada del expediente de M., la expareja del nuevo jefe de estudios policial, y que en declaraciones a elDiario.es Andalucía reconoce que “no podía salir a la calle sin que él lo supiera”.
El Juzgado de Instrucción 4 de Granada es el encargado de investigar si, en efecto, los agentes locales de Granada usaron el sistema de protección VioGén a víctimas de violencia de género para perjudicar a la expareja del subinspector, para el que piden hasta diez años de cárcel.
Pese a la denuncia, el agente ha seguido ejerciendo en la misma ciudad, aunque no patrulla, pero mantiene el arma reglamentaria retirada y cuenta con una pulsera telemática que, según su expareja, “se quita cuando quiere”. La mujer tiene un dispositivo que le avisa si su presunto agresor se salta la orden de alejamiento -de 500 metros- y, según su versión, éste “juega” con él para que suene y le ponga nerviosa cuando se encuentra en el trabajo.
Desde que la mujer decidió romper con el subinspector, cuenta que ha sido víctima de todo tipo de acoso y violencia psicológica, llegando incluso a acudir a la vivienda en la que estudiaba una de sus hijas para amedrentarla. Pese a todo, M. cuenta que ha pedido en varias ocasiones que la alcaldesa de Granada o la edil de Segurida Ciudadana, Ana Agudo, actúen para salvaguardar su integridad y la de sus hijas, retirando al agente del cuerpo, sin éxito hasta el momento.
Este medio ha preguntado por el nombramiento del agente tanto a la Policía Local de Granada como al equipo de Gobierno. Desde el cuerpo argumentan que se trata de un asunto que corresponde a “personal” del Consistorio, y desde el Ayuntamiento de Granada sostienen que es un cambio de destino solicitado por el propio agente “por motivos personales” y que “continuará desarrollando labores administrativas e internas a la Policía Local, sin suponer en ningún caso privilegio alguno ni ascenso”.
La policía local, en entredicho
Así, la situación del cuerpo municipal policial sigue agravándose desde que en febrero la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registrase la sede que tienen en la Huerta del Rasillo. Los registros se llevaron a cabo por las sospechas de posibles amaños en oposiciones no solo de Granada capital, sino de pueblos del área metropolitana, presuntamente para favorecer a amigos y a allegados a la cúpula policial. La instrucción, que está bajo secreto de sumario, ha provocado que el jefe policial se haya apartado voluntariamente unos meses, mientras el resto, sobre los que recaen las sospechas, siguen en sus puestos.
Además, el ambiente en la Policía Local de Granada está crispado sobre todo por las decisiones adoptadas en los últimos tiempos por la concejal de Seguridad Ciudadana al respecto de la organización de los turnos de la plantilla. Los sindicatos CSIF y SIPAN, consideran que el equipo de Gobierno está incumplimiendo una serie de compromisos adquiridos y se niegan a que se siga organizando al personal con un método que consideran injusto y el SIPLG, la sección sindical mayoritaria también investigada por la UDEF, también critica esta organización, aunque está aceptando acuerdos de manera puntual.