Piden 12 años de cárcel para los policías que rastrearon en VioGén a la expareja del subinspector condenado por malos tratos
El abogado de la víctima del 'caso Viogén' ha solicitado penas de hasta doce años y medio de prisión para el exjefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, y otros siete agentes del cuerpo por presuntamente acceder de forma irregular a la plataforma de seguimiento de víctimas de violencia machista (VioGén) para obtener datos sobre su localización y circunstancias.
El caso se inició después de que la expareja de un subinspector del cuerpo condenado por maltratarla denunciara en julio de 2024 que su agresor “siempre había estado al tanto de todos sus movimientos, incluso por delante de ella”. Sospechaba que compañeros de la Policía Local accedían a su expediente en VioGén y “recababan información que facilitarían a su expareja” o bien que éste accedía utilizando las claves de sus compañeros.
Concluida la instrucción, el juzgado ha procesado a ocho agentes por supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos. La Fiscalía ha solicitado el archivo por entender que los hechos no constituyen un delito penal, pero la acusación particular ejercida por la mujer acaba de pedir que se abra juicio oral contra ellos.
Además del exjefe de Policía, entre los investigados se encuentran un subinspector y un oficial del Grupo de Mujer y Menores de la Policía Local de Granada en el momento de los hechos y cinco agentes más adscritos a esta unidad.
30 años de inhabilitación
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusación solicita 12 años y medio de prisión, y 30 de inhabilitación absoluta, para José Manuel Avilés y para el subinspector Jefe de la unidad como inductores de un delito de descubrimiento y como autores de uno de revelación de secretos.
Al oficial jefe y al resto de agentes les acusa como autores de delitos de descubrimiento y, en su caso, de revelación de secretos, solicitando condenas que van entre los 8 años y dos días de cárcel y los 12 años y medio de prisión en función de su presunta implicación; así como penas de inhabilitación absoluta de entre 20 y 30 años.
La acusación remarca que la custodia de la mujer era competencia exclusiva de la Guardia Civil. Pese a ello, los acusados realizaron 47 accesos no autorizados a esta plataforma entre el 25 de agosto de 2023 y el 4 de abril de 2024, sin dejar “ninguna constancia” en el módulo de anotaciones de los motivos que justificaban el acceso.
Durante ese periodo, supuestamente consultaron datos sobre “recorridos de la víctima, cambios de horario de su trabajo, cambios de domicilio, medidas de seguridad llevadas a cabo para su protección” y relativos a su hija menor. Además, cinco agentes presuntamente llegaron al nivel 3, visualizando “datos sensibles” del expediente.
“Las intromisiones no cesaron”
El origen de las consultas habría partido de una orden verbal dada por el entonces jefe de la Policía Local al subinspector jefe de la unidad para recopilar datos con vistas a un expediente disciplinario a la expareja de la víctima y compañero del cuerpo. No obstante, aunque el expediente “quedó paralizado a los ocho días de su apertura”, las “intromisiones no cesaron”, según sostiene esta acusación.
En su relato de hechos se incide en que mientras los agentes presuntamente consultaban el expediente VioGén no se adoptaron medidas disciplinarias contra el agresor sino que “fue ascendido” como Jefe de la Academia de Policía Local. Estos accesos habrían generado “temor y desasosiego alterando la confianza de la víctima”, que atravesó este periodo “en un estado constante de alerta” y se vio obligada a “modificar aún más sus rutinas de seguridad”.
Algunas de ellas no llegaron a anotarse en el sistema VioGén “para evitar que la Policía Local las conociera”, según se desprende del escrito. Además de las penas de prisión, la acusación particular solicita que cada uno de los acusados indemnice a la mujer y a su hija en 20.000 euros a cada una por los daños morales sufridos.
Dirige además la acción civil subsidiaria frente al Ayuntamiento de Granada, toda vez que los hechos fueron presuntamente ejecutados por funcionarios municipales “aprovechando los medios, credenciales y relaciones jerárquicas de su servicio policial, utilizándose además la información en actuaciones administrativas municipales”.
En el apartado de prueba documental, pide librar oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad para averiguar “desde qué direcciones IP accedió cada agente” y verificar si hubo accesos simultáneos coincidentes con los turnos de trabajo del agresor, que no está procesado en esta causa.
Junto a ello se solicita que todas las sesiones de la vista oral se celebren a puerta cerrada para salvaguardar la intimidad de la víctima y de su hija menor, según se desprende del escrito remitido a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, plaza número 4.