Transparencia requiere a Estepona que cumpla la ley y publique la declaración de bienes e incompatibilidades del alcalde
El Consejo de Transparencia de Andalucía ha requerido “expresamente” al Ayuntamiento de Estepona (79.621 habitantes, Málaga) para que publique la declaración de bienes del alcalde, José María García Urbano (PP). El regidor, que lo es desde 2011, ha incumplido siempre esta obligación impuesta por la Ley de Transparencia. Tan sólo la publicó en la web del Congreso durante el breve periodo de tiempo en que fue diputado, a finales de 2016. Desde entonces, su declaración de bienes ha sido poco menos que secreto de Estado. Ni el Ayuntamiento la publica en la web municipal, como obligan la normativa estatal y andaluza, ni facilita su consulta a la oposición.
En este tiempo, García Urbano se ha visto salpicado por algunos escándalos vinculados directamente a su patrimonio: desde su participación en un entramado empresarial con raíz en Luxemburgo a la titularidad de una sociedad que acaba de obtener licencia para construir una veintena de apartamentos turísticos en Málaga capital, pasando por sus aportaciones dinerarias a la sociedad que obtuvo del Ayuntamiento de Estepona la concesión para explotar un lujoso restaurante en el Mirador del Carmen, una fastuosa torre de titularidad municipal a pie de playa que costó 16,3 millones de euros de dinero público.
La resolución dictada por el Consejo de Transparencia exige al Ayuntamiento que en el plazo de un mes publique en su web, portal de transparencia o sede electrónica las declaraciones del alcalde. Le advierte, además, de que la información debe ser veraz, actualizada y mostrarse de forma clara y comprensible. Es decir, nada de fórmulas matemáticas y arcanos.
La resolución está datada el 6 de octubre, y el Ayuntamiento puede recurrirla ante el propio consejo o ante un juzgado de lo contencioso. Hasta ahora, la web municipal sigue sin mostrar la información requerida. Transparencia, que no tiene potestad sancionatoria, no aclara qué pasa si el Ayuntamiento sigue sin cumplir.
Incumplimiento de la ley
La intervención se produce a petición del grupo municipal socialista, que lleva años intentando recabar la declaración de bienes e intereses del alcalde. Cuando han podido consultarla ha sido sin posibilidad de copiarla y dejando sus móviles fuera de la sala. Como si fuera un documento clasificado.
El Ayuntamiento de Estepona no publica ni la declaración sobre causas de posible incompatibilidad o actividades que puedan proporcionar ingresos a sus ediles, ni la declaración de sus bienes y de la participación en sociedades, incluyendo las sociedades por ellas participadas, como obligan la Ley de Bases de Régimen Local y reiteran la Ley de Transparencia estatal y la andaluza. No es solo que esa información deba ser accesible para la oposición, sino que debe estar disponible “de la manera más amplia y sistemática posible” para cualquier ciudadano que quiera consultarla. La ley obliga a realizar las declaraciones antes de la toma de posesión y con el cese o el final del mandato. También cuando se modifican las circunstancias de hecho.
Transparencia abrió expediente la pasada primavera y dio traslado al Ayuntamiento para que alegara. Fue el propio García Urbano quien contestó. En su respuesta admite que la web municipal no recoge su declaración, pero señala que sí la deposita ante la Secretaría General antes de tomar posesión. El motivo de no publicarlas, según el alcalde de Estepona, es que contiene datos de carácter personal. Como el Pleno no ha adoptado ningún acuerdo para dejar fuera las direcciones de los inmuebles o el número de cuenta, no se publica nada, razona el alcalde.
Transparencia no compra el argumento y concluye, tras examinar el portal de transparencia municipal, que se ha dado un “deficiente cumplimiento de la obligación de publicidad activa”.
Currículum del alcalde
No es el único incumplimiento. Transparencia también exige que la web municipal publique la trayectoria profesional del alcalde. Según la respuesta del alcalde, la falta de información en su perfil (y también el de otros concejales) se debía a una “incidencia técnica temporal” que ya había sido corregida. Sin embargo, este lunes el perfil con los datos biográficos del alcalde y los concejales devolvía Error 404.
Su currículum público es conocido: García Urbano fue notario durante 13 años, en pleno apogeo de la burbuja inmobiliaria. La sentencia del caso Malaya recoge que en su notaría de Estepona se firmó a las 3:20 de la madrugada del 1 de agosto de 2003 la moción de censura contra Julián Muñoz en Marbella, orquestada por Juan Antonio Roca. Actualmente es registrador de la propiedad en San Roque, función que compatibiliza con su desempeño como alcalde.
Además de notario y registrador, es abogado del Estado. Suele deducirse que aprobó las tres oposiciones, pero García Urbano formaba parte del cuerpo de letrados de la Dirección General de Registros y del Notariado, y en 1986 se incorporó a los escalafones de notarios y registradores en virtud de una resolución del Ministerio de Justicia.
Por último, Transparencia reclama al Ayuntamiento que publique las retribuciones del alcalde. El regidor suele recordar que no cobra del Ayuntamiento. De esa forma puede seguir percibiendo sus emolumentos del Registro de San Roque del que es titular, algo incompatible con cobrar como alcalde, según la Ley de Incompatibilidades.
Transparencia rechaza, en cambio, que deba publicar sus declaraciones de IRPF o sus gastos de viaje, o que la no publicación en la web municipal de contratos posteriores a 2017 suponga algún incumplimiento, porque el Consistorio lo suple con un enlace a la Plataforma de Contratación del Estado.
Apartamentos turísticos, un edificio polémico y albacea de un holding millonario
García Urbano gobierna Estepona desde 2011, actualmente con una holgada mayoría absoluta. Considerado en su día un mirlo blanco dentro del PP (llegó a barajarse su desembarco en la capital para suplir al veterano De la Torre), hoy está investigado por al menos dos juzgados de instrucción. En un caso, por contratar a una “amiga íntima” para el Ayuntamiento sin que esta, según ha declarado ella misma, fuera nunca a trabajar ni exista ninguna prueba de esos trabajos. Por este caso está a un paso de sentarse en el banquillo, acusado por Fiscalía. El juez de instrucción ya concluyó que ve “indicios suficientes” para llevarlo a juicio por malversación y prevaricación.
Otro juzgado le investiga por presunta prevaricación en la adjudicación de las tres últimas plantas del Mirador del Carmen a una empresa creada un par de meses antes en el despacho del concejal Salvador Pedraza por su nuera, tal y como desveló este medio. Un informe de la UDEF constata que traspasó dinero a su hijo en las fechas en que su nuera debía abonar la fianza, y sugiere que la empresa oculta el verdadero beneficiario de la operación.
El alcance de su patrimonio es un misterio. Este medio desveló que él y un concejal de su máxima confianza (de nuevo, Pedraza) poseían sendas participaciones y administraban dos empresas luxemburguesas que gestionan activos por valor de casi 60 millones de euros: inmobiliarias, campos de golf, parques fotovoltaicos... Según dijo entonces, lo hace como albacea de un amigo fallecido, mientras los nietos se hacen mayores de edad.
Otro misterio es la titularidad del famoso edificio de Urbanismo en Marbella, que el Ayuntamiento de esa localidad quiere expropiar. A través de Nuevos Aires 2002, García Urbano es el histórico titular del inmueble, valorado en 5,1 millones, con su amigo el constructor Bonifacio Solís (que emplea a su hijo) y el abogado y testaferro Juan Hoffman, condenado y fugado tras la Operación Malaya. Solís aseguró a este medio que él compró las participaciones de García Urbano en Nuevos Aires hace tiempo. Sin embargo, Nuevos Aires aparece en su única declaración de bienes conocida hasta la fecha, la presentada ante el Congreso de los Diputados en 2016, y sigue reflejando en sus cuentas anuales que tiene al menos tres socios.
Además, García Urbano es el propietario y administrador de La Corrala de Capuchinos, una sociedad que acaba de obtener licencia del Ayuntamiento de Málaga para levantar un edificio de 21 apartamentos turísticos. Lo ha hecho sobre la bocina, justo antes de que el Consistorio decidiera no admitir más solicitudes de licencia, en vista que los alojamientos turísticos drenan suelo y casas para vivir.