El alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP) se encamina hacia el banquillo de los acusados por haber contratado para el Ayuntamiento a una mujer con la que mantenía una “relación íntima” sin que conste que ella acudiera nunca a trabajar. En un auto notificado a las partes este viernes, el juez de instrucción 5 de Estepona rechaza archivar el caso, recopila los indicios acumulados durante un año de investigación, y da a las acusaciones (Fiscalía, PSOE y Vox) cinco días para presentar sus escritos de conclusiones provisionales. Los hechos que describe en el auto podrían ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos como autor directo y cooperadora necesaria, según explicita el juez.
“Existen indicios suficientes de que el Sr. García Urbano, con la intención de proporcionar una ayuda económica a Cristina Pulido”, “con la que mantenía una estrecha relación de amistad”, la contrató “a los solos efectos de que recibiera la nómina correspondiente, sin que tuviera que desempeñar actividad alguna, tratándose su contratación, en consecuencia, de una mera ficción jurídica”, observa el juez tras repasar los indicios que tiene hasta ahora.
El auto acuerda continuar el procedimiento, que hasta que no pase a fase de juicio sigue siendo de instrucción. De ahí, que acuerde prorrogar la instrucción seis meses, y dé a las acusaciones cinco días para formular conclusiones provisionales interesando la apertura de juicio.
Desde el Ayuntamiento de Estepona siguen agarrándose a este nuevo plazo para mantener la idea de que aún podría no producirse ese juicio, aunque el auto no siquiera da trámite a las defensas en este momento. “La prórroga de la instrucción es necesaria para que el alcalde se pueda defender y presentar pruebas de una acusación falsa”, dicen fuentes municipales, que achacan la causa a una “campaña política y mediática” para dañar su reputación y recuerdan que el juzgado archivó una denuncia por acoso sexual de la misma mujer.
Lo cierto es que fue el propio juez cuando, a raíz de investigar esa denuncia, comprobó los pagos a Cristina Pulido y decidió abrir de oficio una investigación separada por la presunta malversación.
Por la contundencia con la que el juez relaciona los indicios, fuentes del procedimiento ya dan por descontado que el caso llegará a juicio, que sería ante un tribunal de jurado. “Es muy difícil que este juez pueda dar marcha atrás. El momento para sobreseer era en este auto, y no lo hace. Todo lo contrario, justifica muy bien los indicios que hay ya en la causa”.
El auto llega una semana después de una vista en la que las partes pudieron mostrar su posición, pidiendo nuevas diligencias. Ya entonces, la Fiscalía solicitó seguir adelante con el procedimiento acusando tanto al regidor como a la mujer. El alcalde, por su parte, aportó prueba de que ha consignado en el Ayuntamiento algo más de 5.200 euros, cantidad en la que se estima el perjuicio que sufrieron las arcas públicas con la contratación presuntamente irregular de la mujer. Es una medida orientada a atenuar la pena de una posible condena.
La resolución señala que el alcalde mantenía una “relación íntima de amistad” con Cristina Pulido, lo que se deduce de conversaciones de Whatsapp que constan en autos, y que durante 2022 contribuyó a su sostenimiento abonándole mensualmente entre 1.000 y 4.000 euros, 21.000 en total, que ella destinaba al pago del alquiler en Estepona. Esos pagos personales terminaron en enero. Y al mes siguiente, ella fue contratada por el Ayuntamiento como funcionaria eventual, con plaza de asesora adscrita al Área de Control Externo, para labores supuestas de “asesoramiento especial y confianza”. Cesó el 31 de marzo.
A pesar de la contratación, nunca desempeñó tarea alguna, y sólo fue para firmar la toma de posesión. “No consta registro de control horario, ni expediente administrativo alguno ni de otra naturaleza en el que haya intervenido la Sra. Pulido”, tal y como corroboró el concejal responsable, recuerda el juez, quien observa las contradicciones del Ayuntamiento para explicar las supuestas tareas para las que fue contratada: en un informe, se dijo que era para “recabar información sobre el estado de la limpieza viaria, iluminación, ornato de la jardinería y mobiliario urbano”. Pero cuando se puso de manifiesto que en este tiempo ella estaba en Córdoba, García Urbano declaró que la contrató para “estar pendiente de las redes sociales”. El instructor deja claro que aún no sabe para qué se la contrató.
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