El alcalde de Estepona reitera que la “amiga íntima” a la que nadie vio trabajar sólo rendía cuentas verbalmente ante él

El alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), ha vuelto al juzgado que le investiga por contratar para el Ayuntamiento a una “amiga íntima” (según Fiscalía) que nunca fue a trabajar. Allí ha evitado las preguntas de la jueza, la fiscal y las acusaciones y ha aportado tres declaraciones ante notario de trabajadores municipales con las que pretende sostener que esa mujer, Cristina Pulido, sí que dejó un rastro en el Ayuntamiento, con el fin de desmontar la idea de que su contratación fue una ficción para pagarle 5.200 euros de dinero público en 48 días a cambio de nada. A la salida ha evitado responder a los medios.

Fue la propia mujer quien contó al juez, en el marco de otra investigación penal ya archivada hace más de un año, que el alcalde la había contratado durante mes y medio en febrero de 2023. Jamás tuvo despacho, ni medios corporativos (correo, móvil, ordenador, coche) para desarrollar su trabajo, ni registro horario ni nada (un informe, un correo, un mensaje) que pruebe que trabajó. Ella misma insistió ante el juez: nunca fue a trabajar ni le dieron instrucciones para hacerlo. La mujer, que vivía en Córdoba, le contó al juez que García Urbano le restó importancia, porque aquello era su “cortijo”. Ambos habían mantenido una relación y durante dos años el regidor le había pasado una asignación de 2.000 euros mensuales. La contrató para el Consistorio justo cuando dejó de pagarle a título personal y por una cuantía similar.

El alcalde, para el que la fiscal pide cinco años de prisión, está a un paso del banquillo acusado de delitos de malversación y prevaricación. También está investigado por otro juez de lo penal por adjudicar un restaurante en el lujoso Mirador del Carmen a una empresa administrada por su nuera.

Tres declaraciones ante notario

Aunque se esperaba con expectación su comparecencia, a petición propia, García Urbano no ha aportado grandes novedades que puedan dar la vuelta a su situación, según explican fuentes del caso. El elemento nuevo son tres manifestaciones ante notario de trabajadores municipales, dos de ellos bajo su mando directo.

Su secretaria manifiesta que acompañó dos veces a la mujer a Recursos Humanos para completar su contratación, y que alguna vez recibió una llamada de ella al alcalde. El responsable de la brigada de mantenimiento asegura que mantuvo un encuentro con ella para “darle indicaciones de cómo sacar más rédito a su tarea” por indicación del concejal Blas Ruzafa. Y un cargo de confianza responsable de control externo y redes, Adrián Trujillo que desempeña las mismas funciones que supuestamente desempeñaría ella, asegura que él tampoco tiene despacho u horario. El concejal dijo en su día que Trujillo sí tenía su mesa en el despacho.

Las declaraciones no desmontan la acusación que la Fiscalía hace sobre el alcalde: que contrató a la mujer porque mantenía o había mantenido con ella una relación sentimental, que no había necesidad municipal y que tanto era así que la mujer ni iba a trabajar. De hecho, coinciden en una omisión: ninguna de esas tres personas manifiesta que la vieran desempeñar sus supuestas funciones o que trabajara.

La manifestación de Trujillo contiene además otro contraste relevante: asegura que reporta cada semana al concejal Blas Ruzafa y al alcalde, verbalmente y en ocasiones por WhatsApp. En cambio, en el caso de Pulido no hay indicio de reporte alguno más allá de la palabra de García Urbano. En todos los mensajes entre ella y García Urbano aportados a la causa no hay ni uno solo sobre trabajo, y el concejal Ruzafa ya dijo al juez que a él nunca le informó.

Es previsible que las acusaciones pidan la declaración testifical de estas tres personas en juicio, donde tendrán la obligación de decir la verdad.

Sin respuesta a jueza y fiscal

García Urbano había solicitado comparecer nuevamente aprovechando que el caso aún no ha llegado a juicio porque debe reajustarse el procedimiento: la introducción a última hora del delito de prevaricación por parte de la fiscal impide que pueda ser juzgado por un jurado, como estaba previsto. Así que el proceso ha vuelto a la fase intermedia.

El alcalde se ha negado a contestar a la jueza (que hoy sustituía al titular), a la fiscal o a las acusaciones populares, como ya hizo en enero de 2025. En lugar de eso, ha articulado un monólogo intercalado por algunas preguntas de su abogado, que ha pivotado sobre la afirmación de que su personal de confianza no tiene horario, ni despacho, ni gestiona ningún expediente, y que su desempeño apenas queda sujeto a una evaluación informal de satisfacción. De este modo se explicaría que de la labor de Cristina Pulido durante 48 días no haya quedado rastro.

También ha explicado que la mujer se encargaba de comprobar el estado de la ciudad y de llevar las redes sociales y monitorizar a las quejas que pudieran llegar. Y ha vuelto a explicar por qué la fichó esta tarea: la había conocido por Facebook y había observado que se manejaba bien en redes sociales.

Esta supuesta falta de control ya motivó que el juez se escandalizara en su día: “Allí se contratan personas con sueldos… bastante aceptables, ¿y no hay ningún tipo de control, no tienen obligación de presentar documentación alguna, rendición de cuentas, informes? ¿Simplemente es verbal, de tú a tú, con el alcalde?”, preguntó el magistrado cuando el concejal Blas Ruzafa le contó este modus operandi.

Para el mandato 2019-2023 el alcalde de Estepona (que tenía 21 de 25 concejales) llegó a contar con los 14 cargos de confianza que le permite la ley, a los que abonó en torno a dos millones de euros. Ninguno de esos nombramientos está siendo investigado por un juez. Sólo el de Cristina Pulido, porque hay indicios sólidos de que nunca trabajó.

Tras la declaración de hoy la fiscal y las dos acusaciones populares (PSOE y Vox) deberán volver a presentar sus escritos de acusación, y el alcalde el suyo de defensa. No es previsible que el juez lo libre del juicio, porque en su día ya dictó auto apreciando “indicios sólidos” de delito y enviándolo a un jurado, pero a esa posibilidad sigue agarrándose el regidor.