La Policía sospecha que el Ayuntamiento de Estepona adjudicó la explotación de un restaurante de tres plantas en la torre El Mirador del Carmen a una empresa creada ad hoc con el único objetivo de “enmascarar” el beneficiario final de la concesión. En este esquema resultaron claves los hijos del alcalde y el propio regidor, José María Urbano, quienes aportaron más de 20.000 euros para la fianza que debía constituir ante el Ayuntamiento la adjudicataria, Inversiones Delmar 2022. La empresa, creada meses antes en el despacho de un concejal de confianza del alcalde, tenía como administradora única a Nadia Odeh Núñez, pareja de uno de los vástagos del alcalde.
Así se recoge en los informes policiales aportados a la investigación abierta en el juzgado de instrucción número 4 de Estepona, que el pasado viernes tomó declaración a los primeros testigos. Para el próximo viernes está prevista la declaración de García Urbano, la concejala Ana Velasco, el secretario, el interventor y dos técnicos municipales, integrantes de la mesa de contratación y todos ellos ya como investigados por posibles autores de delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
Cuando se conoció la apertura de una investigación judicial, el Ayuntamiento insistió a través de un portavoz oficial en que no hay “ninguna ilegalidad” ni “incompatibilidad” en el procedimiento de adjudicación del restaurante. “El alcalde no forma parte de ninguna mesa de contratación del Ayuntamiento, ni interviene en la elaboración de los pliegos ni en la selección de las empresas que resultan adjudicatarias; labor que llevan a cabo los técnicos municipales”.
Los informes, elaborados por el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF, parten de la investigación desarrollada por este periódico en julio de 2023: basándose en un criterio subjetivo, el Ayuntamiento de Estepona adjudicó la explotación por 20 años de un restaurante en el suelo público más goloso de la ciudad a una empresa administrada por la novia del hijo del alcalde y creada en el despacho del concejal de confianza del alcalde. Lo hizo en condiciones muy ventajosas, por un canon anual que no es ni un tercio del precio de mercado en la zona.
Los investigadores han seguido el rastro del dinero que sirvió para consumar la adjudicación y cuyo origen, según deslizan, podría estar en el patrimonio del propio regidor. Ambos hijos, José María y Pablo Jesús, contaban con fondos suficientes para prestar a Nadia Odeh Núñez los 21.000 euros que debía depositar como fianza, pero recibieron de su padre, José María García Urbano, sendas transferencias por importe de 20.000 euros con el concepto “donación” apenas una semana antes de la constitución de Inversiones Delmar.
Ofertas económicas idénticas
Desde enero, los investigadores de la UDEF han centrado sus pesquisas en la adjudicataria, Inversiones Delmar, cuya constitución coincide en el tiempo con el proceso de licitación. Fue creada dos meses antes de que este comenzara con domicilio social en el despacho del concejal Salvador Pedraza, en Málaga capital (a 80 kilómetros de Estepona). Ese despacho ha sido también domicilio habitual de sociedades patrimoniales de José María García Urbano.
La UDEF constata que Inversiones Delmar no reunía las condiciones objetivas para afrontar el proyecto en el momento de la adjudicación, y que esta se basó en un criterio subjetivo: una memoria con la oferta gastronómica, basada en un “acuerdo de intenciones” con un chef.
Inicialmente, ni siquiera tenía la restauración como objeto social. Lo cambió cuando ya había resultado elegida por el Ayuntamiento. Tampoco tenía cuenta bancaria para hacer frente a los gastos del proceso, y su administradora había vivido hasta entonces de trabajos temporales como azafata y personal de cabina.
También les llama la atención que el Consistorio nunca dio difusión a la idea de colocar un restaurante en las tres últimas plantas del Mirador del Carmen: ni cuando lo sacó a concurso, ni cuando inauguró el edificio por todo lo alto, semanas antes de adjudicarlo.
Solo otra empresa concurrió: Century Boni Group se presentó en el último minuto, con una propuesta económica idéntica a la de Inversiones Delmar. Nada se diferencia entre las dos presuntas competidoras, cuyas ofertas son calcadas en los siete apartados, todos numéricos. Coinciden el número de plazas de aparcamiento (30), las horas adicionales de apertura del mirador (800) y hasta el número de telescopios (3). El administrador de Century, Huang Gang, es uno de los testigos que ha comparecido este viernes.
Constituida para participar en el concurso
Con ese bagaje, dicen los investigadores, no se entiende que Inversiones Delmar pudiera acreditar una solvencia mínima para hacerse con la explotación de un lugar para el que el Ayuntamiento decía buscar “un proyecto turístico de calidad”. El restaurante se ubica en las tres últimas plantas, mirador incluido, del fastuoso Mirador del Carmen, una torre a pie de playa que cuenta con sala de exposiciones conveniada con el Museo Thyssen, un conservatorio y una biblioteca. El Ayuntamiento ha invertido 16 millones de euros en este edificio.
Con estos indicios, creen que Inversiones Delmar se constituyó con la única finalidad de participar en el concurso. Apenas un año después de la adjudicación, Núñez traspasó las participaciones de la sociedad a Juan José Martínez y su hija Laura. Es “más que plausible”, concluyen los investigadores, que desde el inicio la intención fuera favorecer a los nuevos socios de Inversiones Delmar 2022. Martínez es un empresario del ocio y la hostelería muy conocido en Estepona, y una de sus empresas ha sido adjudicataria de otra concesión reciente del Ayuntamiento, un restaurante de playa. También explota una caseta del Real, participa en clubes deportivos y en la hermandad de la Virgen del Parten y fue incluso Rey Baltasar en la cabalgata de 2025.
Tras las revelaciones de este periódico, hace dos años y medio, el alcalde eludió dar explicaciones al Pleno, sugiriendo que no haría algo irregular cuyos indicios serían públicos. “Cuando está en el Registro Mercantil es que no hay nada que ocultar. El expediente está en el portal del contratante”.
Este es el tercer caso en el que García Urbano está investigado. Otro juzgado de instrucción del municipio está a punto de enviarle a juicio acusado de malversación por contratar a una “amiga íntima” que nunca fue a trabajar, y uno de Violencia sobre la Mujer de Córdoba investiga la denuncia interpuesta por esa misma amiga íntima.