No es la primera vez que el abogado Francisco Serrano tiene que enfrentarse a la policía marroquí. El domingo por la tarde, el letrado español se embarcó rumbo a Tánger junto a otros tres abogados españoles, María Dolores Travieso, Gustavo Adolfo y Ana Sebastián. Se dirigían a Rabat como “juristas observadores comisionados” por el Consejo General de la Abogacía Española para vigilar el macrojuicio contra los 24 saharauis acusado de matar a once policías en las revueltas de 2010 en Gdeim Izik.
Sin embargo, al llegar a tierras marroquíes, el abogado Francisco Serrano fue “retenido en el barco durante una hora y me llegaron a comunicar que me expulsaban. Llegaron después tres policías, que me condujeron a comisaría y allí me comunicaron, finalmente, que sí podía entrar en el país”, explica el propio Serrano a eldiario.es Andalucía desde Rabat.
Serrano había sido expulsado del país hace nueve meses, cuando acudió con una misión internacional para vigilar la huelga de hambre de 13 presos saharauis confinados en una cárcel de Salé (Marruecos). “La orden de expulsión de abril era de expulsión y prohibición de entrada”, aclara Serrano.
El 6 de abril de 2016, los letrados no llegaron a estar en Marruecos ni 24 horas. Como le explicó a este diario Juan Carlos Gómez,“llegamos, comimos y a los 40 minutos de llegar al hotel, la policía fue llamando puerta por puerta para pedirnos los pasaportes”.
Tras requisarle la documentación, la policía les indicó que les acompañaran a una comisaría de Rabat, donde les confiscaron los móviles y los tuvieron retenidos durante más de cuatro horas. A la mañana siguiente, los llevaron a Tánger y Casablanca, para que tomaran sus respectivos barcos y aviones de vuelta.
Condena sin “ningún tipo de pruebas”
En esta ocasión, la misión ha podido, al menos, llegar a su objetivo: el macrojuicio contra los 24 saharauis detenidos en 2010 y acusados de la muerte de once policías. Los reos están condenados a entre 20 años de cárcel y cadena perpetua por una sentencia militar revocada, a la que desde este lunes se le da curso por la vía civil.
El juicio tiene lugar entre imputaciones por “formación de banda criminal, violencia contra la fuerza pública con resultado de muerte y mutilación de cadáveres”, la exigencia del Frente Polisario de que se les libere inmediatamente y la vigilancia de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que consideran que la condena del tribunal militar contra los 25 saharauis se hizo “ningún tipo de pruebas”.
El presidente de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis, Sidi Mohamed Talebbuia, subrayaba hace unos meses que el tribunal militar les acusó de “pertenencia a banda criminal, atentado contra la autoridad, poner en peligro la seguridad ”nacional“ y un largo etcétera de delitos nunca demostrados. Nunca hubo pruebas y las confesiones se obtuvieron a partir de torturas”.
Los presos saharauis participaron en una de las primeras manifestaciones de la Primavera Árabe, la que tuvo lugar en 2010 en el campamento Gdeim Izik, en las inmediación de El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental. Están considerados los “ideólogos” de las protestas del campamento Gdeim Izik, en las que los ciudadanos reclamaban tanto derechos sociales, como el derecho a la autodeterminación del Sáhara. De los cientos de detenidos durante las protestas, muchos fueron liberados a los meses, 25 fueron condenados y 21 se encuentran en prisión.