El grupo Unidas Podemos por Andalucía -antes llamado Adelante Andalucía- tendrá que devolver al Parlamento 20.000 euros que la dirección anterior, en manos de Teresa Rodríguez, destinó indebidamente al alquiler de dos pisos en Sevilla para ocho de sus diputados, además de una donación de 700 euros a una ONG. Ambos gastos son “incompatibles” con el uso de las subvenciones que perciben los grupos con cargo al presupuesto del Parlamento andaluz, según concluye el Informe definitivo de fiscalización de la contabilidad específica de los grupos parlamentarios, elaborado por la interventora de la Cámara, y al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía.
La Intervención General del Parlamento andaluz, órgano que fiscaliza el uso correcto de las subvenciones que reciben los partidos, emitió un informe el pasado septiembre reclamando a Adelante Andalucía el “reintegro” de casi 20.000 euros que fueron usados, de forma indebida, para el alquiler de dos pisos en Sevilla, donde se alojaron ocho diputados entre julio y diciembre de 2020. La interventora advierte de que los fondos de funcionamiento de un grupo parlamentario son “incompatibles” con los gastos de alquiler y mantenimiento de una vivienda, porque sus señorías ya perciben “indemnizaciones para tal fin” [hasta 2.000 euros para aquellos diputados andaluces que no tienen su residencia habitual en Sevilla, sede de la Cámara legislativa].
La Mesa del Parlamento, órgano rector de la Cámara, ha recibido el informe de la interventora, pero aún no ha cursado formalmente la petición de reintegro a sus responsables. En realidad, ese paso es más complejo de lo que parece, porque ni hoy el grupo parlamentario se llama como entonces, ni sus dirigentes actuales -los que tendrán que devolver el dinero- son los responsables de aquellos contratos de alquiler: cuando se produjo la “incompatibilidad” del gasto que denuncia la interventora, el grupo Adelante Andalucía estaba pilotado por su ex líder, Teresa Rodríguez, y los ocho diputados que se alojaban en los pisos de alquiler fueron expulsados del grupo y son ahora no adscritos.
El desglose en los gastos de alquiler de ambos apartamentos asciende a 16.185,12 euros en concepto de arrendamiento entre julio y diciembre del año pasado; 2.032,80 euros en limpieza y 1.069,09 euros en gas y electricidad. En total, 19.287,01 euros. “Estas cantidades han de examinarse teniendo presente que la Cámara abona regularmente a sus miembros indemnizaciones a tal fin”, advierte la interventora, que cita el artículo 8.1 del reglamento del Parlamento andaluz, sobre las normas que regulan las dietas de sus señorías para alquiler de una vivienda. “Los gastos de alquiler de una vivienda para alojamiento de los diputados que forman el grupo (se trate de un uso eventual o no) y los gastos de gas, electricidad y limpieza podrían incurrir en supuestos de incompatibilidad”, concluye.
La Intervención también propone a la Mesa que solicite el “reintegro” de un “gasto excepcional” de 700 euros en concepto de donación a una ONG para acudir en autobús a una concentración en defensa de una “determinada ley”, y recuerda que “las donaciones a colectivos sociales no pueden entenderse como gastos necesarios para el funcionamiento del grupo parlamentario”. Es un gasto que Podemos Andalucía imputó al grupo Adelante y que, según la interventora “no es subvencionable”.
Tanto en el gasto del alquiler de los dos pisos en Sevilla como en la donación -el importe total asciende a 19.987 euros-, la Intervención concluye que “las cantidades otorgadas con cargo al presupuesto del Parlamento de Andalucía serán empleadas por los grupos parlamentarios para los fines que motivaron su concesión”. Y añade: “El incumplimiento de la obligación de destino será causa de reintegro. Corresponde a la Mesa del Parlamento, que concede la subvención, decidir, en su caso, el posible reintegro de cantidades”.
En febrero de 2020, Teresa Rodríguez anunció que abandonaba la secretaría general de Podemos y la formación en la que había militado desde su creación. Poco después, en aras de mantener el control de los recursos del partido, se produce un traspaso de contratos -tanto del personal como del alquiler de los citados pisos- que hasta entonces estaban a nombre de Podemos Andalucía y pasan a nombre del grupo parlamentario Adelante Andalucía, que Rodríguez presidía. “La plantilla del grupo parlamentario pasó en junio de 2020 de 2 a 22 trabajadores, oscilando en la segunda mitad del año entre 22 y 24 empleados”, reza el informe.
Sin embargo, el reglamento de la Cámara no impide a un grupo parlamentario usar sus fondos propios para contratar personal. La Intervención General sólo habla de “incompatibilidad” manifiesta en los contratos de los dos pisos -y un local en Huelva- a nombre del grupo Adelante Andalucía. El arrendamiento se prolonga hasta final de 2020, aunque en noviembre de ese año, Teresa Rodríguez y otros diez diputados afines de Anticapitalistas fueron expulsados del grupo Adelante por el Parlamento andaluz y pasaron a ser no adscritos.
La solicitud de expulsión, bajo la acusación de tránsfuguismo, fue cursada por sus antiguos socios de Podemos y de IU, que vieron cómo el grupo Adelante pasaba de 17 diputados a los seis que tiene en la actualidad. El divorcio definitivo de la antigua coalición de izquierdas terminó de consumarse este pasado verano, cuando las direcciones regionales de IU y de Podemos acordaron cambiar el nombre al grupo parlamentario, que pasó a llamarse Unidas Podemos por Andalucía. Aun con nombre distinto, se trata del mismo grupo matriz, de ahí que la nueva dirección de éste haya recibido el informe de la Intervención General del Parlamento denunciando el uso irregular de esos 20.000 euros del último tramo del mandato de Teresa Rodríguez.
El cabreo en la actual dirección de Unidas Podemos es mayúsculo, sobre todo porque hace apenas unos días, Teresa Rodríguez lanzó en redes sociales un alegato contra las dietas para el alquiler de una vivienda que perciben los altos cargos de la Junta, para contrarrestar así las críticas del Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno a la nueva Ley de Vivienda del Ejecutivo de Pedro Sánchez y contra el llamado bono joven de alquiler, de 250 euros. Desde el inicio de la legislatura, la dirigente gaditana ha batallado para eliminar las dietas que perciben los diputados andaluces del Parlamento, tanto las de desplazamiento como las de vivienda, sobre todo durante los meses inhábiles en los que el Parlamento permanece cerrado, pero sus señorías siguen cobrando dichas indemnizaciones.
Durante el ejercicio 2020, el grupo Adelante Andalucía percibió en su cuenta bancaria 1,6 millones de euros en concepto de subvenciones con cargo al presupuesto del Parlamento. A final de ese año declaró un gasto de 1,2 millones de euros, y un remanente de 383.303,28 euros, según consta en el informe de la Intervención. En el balance de gastos se incluye la partida de personal -“prestación de servicios y asesoramientos propios de la actividad política”- que asciende a 387.424,80 euros, que incluiría esa “evolución” de 2 a 22 trabajadores para el grupo entre junio y diciembre de 2020. En diciembre, cuando el grupo ya está en manos de la nueva dirección, la plantilla vuelve a descender y con ella el gasto de personal.
El punto más chirriante del informe está en el apartado 116 del citado informe, el relativo a los alquileres de pisos: se trata de dos viviendas en Sevilla y un local destinado a oficina en Huelva. La interventora solicitó al grupo “los contratos de arrendamiento”, firmados por el entonces gerente de Adelante Andalucía (hoy gerente de Podemos Andalucía). En el contrato de alquiler del local de Huelva, teóricamente destinado a “oficina parlamentaria” de Adelante, “aparece como arrendataria la formación Podemos, y no el grupo parlamentario Adelante Andalucía, siendo por tanto necesaria que la condición de arrendatario corresponda al grupo”, reza el informe. Y añade: “Los contratos de los dos pisos de Sevilla corresponden a viviendas destinadas al alojamiento de diputadas del grupo parlamentario para el cumplimiento de sus funciones”. En el contrato de uno de los pisos consta que el uso “será de vivienda eventual de sus representantes que tienen su residencia fuera de Sevilla”, y en el otro contrato para “vivienda habitual de determinadas personas”.
Los diputados no adscritos, y la propia Teresa Rodríguez, explican a este periódico que “han conocido por la prensa que la Mesa del Parlamento le reclama al grupo parlamentario de Unidas Podemos dinero de alquileres” de los pisos que ocupaban cuando pertenecían al grupo parlamentario de Adelante. Se quejan de que la Mesa no les haya informado y de no haber podido leer el informe. “En cualquier caso”, añaden estas fuentes, “los diputados no adscritos de Adelante Andalucía han sido siempre muy escrupulosos con la cuestión de los privilegios y del uso del dinero público, siempre han defendido justificar los gastos y por otro lado, reducirlos”. Defienden que en su momento optaron por alquilar “dos casas para ocho diputados”, porque era “un gasto mucho más reducido que el que se gastan la mayoría de diputados de la Cámara andaluza por noche de hotel cada vez que vienen a Sevilla”.
Rodríguez y el resto de no adscritos han presentado en el Parlamento iniciativas para que los diputados tengan que justificar las dietas que perciben, se utilicen o no. Una de sus principales reivindicaciones ha sido la de acabar con los privilegios, iniciativas que siempre se han negado a aceptar el resto de grupos parlamentarios. “El sobrante de las dietas que los diputados de Adelante Andalucía han justificado siempre de forma interna, se han donado a diferentes organizaciones sociales o a la organización”, añaden.. Entre otras cosas, los diputados no adscritos de Adelante propusieron durante la pandemia una reducción de salario del 60%. Cuando el Parlamento rechazó este extremo, ellos se lo aplicaron de forma individual y lo donaron al Servicio Andaluz de Salud.
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