PP y Vox mutilan la Ley de la Cámara de Cuentas andaluza para retener el control del órgano que fiscaliza los fondos públicos
PP y Vox han registrado en el Parlamento andaluz una reforma exprés de la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de 1988, que dejará fuera a Adelante Andalucía del órgano de control externo de las cuentas públicas para preservar la mayoría absoluta del bloque conservador en esta institución.
La proposición de ley, a la que ha tenido acceso este periódico, fulmina un solo párrafo de un solo artículo (el 24), que establece que “todos los grupos parlamentarios, con excepción del Grupo Mixto, tienen derecho, como mínimo, a que uno de los miembros elegidos proceda de su propuesta”.
Ese punto, que PP y Vox han acordado borrar de la ley, obligaba a reestructurar el reparto actual de los siete consejeros de la Cámara de Cuentas de Andalucía elegidos por los partidos en función de su representación, para adaptarlo a la nueva composición del Parlamento, surgida de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo.
En la pasada legislatura, Adelante Andalucía solo contaba con dos diputados -formaba parte del Grupo Mixto- y, por tanto, no tenía consejero en el órgano de extracción parlamentaria, donde hay tres miembros a propuesta del PP (incluido el presidente de la Cámara), dos del PSOE, uno de Vox y otro de Por Andalucía. El 17M cuadruplicó los escaños de Adelante, pasando de dos a ocho, lo cual le ha permitido estrenar grupo propio y, con ello, tenía derecho a un consejero en el órgano de fiscalización externa.
La reforma pactada por PP y Vox, a espaldas del resto de formaciones de izquierdas, se carga ese derecho. Los socios del Ejecutivo de Moreno han acordado cercenar el artículo 24.1 de la Ley de la Cámara de Cuentas, eliminando el “segundo párrafo”, que abría la puerta al grupo soberanista fundado por Teresa Rodríguez, obligando al PP a cederle uno de sus tres asientos. Como consecuencia, el bloque conservador perdería la mayoría absoluta y el control de un órgano responsable de fiscalizar las cuentas del Gobierno andaluz.
El párrafo eliminado en la proposición de ley aclara que, en caso de que la entrada de un nuevo consejero -a propuesta de un nuevo grupo parlamentario- “no fuera posible con arreglo a criterios de proporcionalidad pura, cederá un puesto la propuesta que, teniendo ya asegurada la elección de un Consejero, haya obtenido el resto menor en la aplicación de los citados criterios”. En aplicación de este criterio, explican fuentes parlamentarias, el PP estaría obligado a ceder a uno de sus consejeros.
“Es preciso hacerlo con celeridad”
La proposición de ley se registró el pasado 16 de octubre y, PP y Vox han solicitado tramitarla por el “procedimiento de urgencia” y que “desde su inicio se reduzcan a la mitad los plazos reglamentarios”, para que la reforma legal entre en vigor antes de que expire el plazo previsto para la renovación de cuatro de los siete consejeros actuales de la Cámara de Cuentas, en marzo de 2027.
“Es preciso hacerlo con celeridad, dado que cuatro de sus siete consejeros finalizan su mandato de seis años a comienzos de 2027, para evitar, como ha ocurrido ya en el pasado, que pudieran permanecer en funciones”, sostiene el texto. Tres de esos consejeros salientes están elegidos por el PP, de modo que el relevo previsto, junto a la obligación legal de dar entrada a un miembro elegido por Adelante Andalucía, amenaza con arrebatar a los conservadores la mayoría absoluta, para dársela al bloque progresista (PSOE, Adelante y Por Andalucía).
La exposición de motivos de la proposición de ley, firmada por los portavoces de PP y Vox en el Parlamento andaluz, Toni Martín y Javier Cortés, argumenta que el derecho de todos los grupos a contar con representación en la Cámara de Cuentas, recogido en la ley, es “una condición limitativa de la capacidad del Parlamento de designar a los miembros de dicho órgano” y “sitúa a la Cámara de Cuentas de Andalucía como una rara avis en el panorama comparado, sin que pueda sostenerse que esta particularidad le haya aportado ventaja alguna en su funcionamiento”.
Los socios del Gobierno de Moreno justifican una reforma legal ad hoc que les garantiza el control del órgano de fiscalización y arguyen que el punto que van a extirpar de la ley “no encuentra en la actualidad comparación en ningún otro órgano de control externo autonómico ni en ningún órgano constitucional ni estatutario”.
PP y Vox cuestionan la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que rige desde hace 38 años y 13 legislaturas, porque “antepone el derecho de grupos parlamentarios con muy escaso número de diputados a la voluntad del resto de la Cámara legislativa”. “Se está primando la opinión de unos pocos diputados frente a la opinión de la mayoría”, advierten.
Un órgano “independiente” presidido por un exconsejero de Moreno
La Cámara de Cuentas es un órgano blindado en el Estatuto de Autonomía que ejerce un control externo de la actividad económica y presupuestaria de las administraciones, sobre todo de la Junta de Andalucía. Sus miembros son elegidos por los partidos y, de entre los siete, Moreno propone a la persona que presidirá el organismo. Actualmente, ese cargo lo ocupa Alejandro Cardenete, exconsejero de Educación del Gobierno de Moreno en la primera legislatura, durante el binomio PP-Ciudadanos, con apoyo externo de Vox.
Otro de los argumentos que ofrece la proposición de ley para eliminar el derecho de todos los grupos a tener representación en la Cámara de Cuentas es que “esta regla provoca una mayor identificación de los consejeros con los respectivos grupos parlamentarios proponentes, lo que no redunda, precisamente en la percepción de una independencia de criterio y objetividad en el ejercicio de sus funciones”.
Por último, los partidos que sostienen el Gobierno de Moreno auguran que el precepto legal que van a eliminar “puede llegar a bloquear la necesidad de renovación de los miembros del órgano, pese a la existencia de un apoyo parlamentario superior a sus tres quintas partes, impidiendo el correcto control de los fondos públicos”.
“Por no mencionar su imposible cumplimiento si en algún momento existieran ocho grupos parlamentarios”, concluye la proposición de ley, tras considerar que la “pluralidad política” está garantizada en el propio Parlamento, y no es necesaria en “un órgano técnico que debe ejercer sus funciones con total independencia, objetividad e imparcialidad”.