La fundación de Cámara Zaragoza plantea un fondo autonómico para que la riqueza de los centros de datos revierta en Aragón
Aragón ha conseguido atraer una inversión anunciada cercana a los 70.000 millones de euros en centros de datos, pero alojar estas grandes infraestructuras no garantiza por sí mismo que la riqueza que generan permanezca en la comunidad. Con esa premisa, la Fundación Basilio Paraíso –perteneciente a la Cámara de Comercio de Zaragoza– propone crear un fondo autonómico que canalice parte del retorno fiscal de los proyectos hacia la transformación digital, el tejido empresarial, los ciudadanos y la cohesión territorial.
Es una de las principales propuestas del informe 'Centros de datos: de la magnitud al valor. Guía para que generen beneficios colectivos en Aragón', elaborado por la Fundación con la colaboración de Microsoft y presentado este miércoles. El estudio da continuidad al publicado hace un año, aunque cambia sustancialmente el foco: ya no se pregunta cuánto dinero llegará a Aragón, sino cuánto conseguirá quedarse y cómo puede aprovecharse para generar actividad económica, empleo, conocimiento y beneficios duraderos para el territorio.
La propuesta del fondo forma parte de las quince actuaciones que la Fundación agrupa en cinco grandes ejes: estrategia, tejido empresarial, talento, transferencia de datos y conocimiento y retorno al territorio. En concreto, plantea un fondo de ámbito autonómico “dotado en función del retorno fiscal que genera la operación”, cuyos recursos se dirigirían a la transformación digital de la comunidad y sus empresas, a los propios aragoneses y a la cohesión territorial. También contempla una línea específica para impulsar empresas tecnológicas mediante la coinversión con organismos de investigación, compañías y capital riesgo.
El documento no establece, sin embargo, qué cuantía tendría ese fondo, qué porcentaje de los ingresos fiscales se destinaría a él ni mediante qué mecanismo se financiaría.
Una de las conclusiones más relevantes del estudio es precisamente que la llegada de las inversiones no significa que todo el negocio generado permanezca en Aragón. La Fundación estima que las empresas y trabajadores de la comunidad podrían capturar el 54,5% del gasto durante la construcción, porcentaje que descendería hasta el 33% cuando los centros de datos estén en funcionamiento.
La diferencia obedece a la composición del gasto de ambas fases. En la etapa de funcionamiento, el informe identifica especialmente el mantenimiento y los servicios técnicos como una oportunidad para aumentar el retorno local, con una demanda regional estimada conjuntamente en 174,3 millones de euros anuales. La Fundación considera que buena parte de la capacidad de Aragón para retener actividad a largo plazo se decidirá antes incluso de que comiencen a adjudicarse esos contratos.
De hecho, el estudio detecta 17.234 establecimientos empresariales potencialmente relacionados con los distintos eslabones de la cadena de suministro, aunque advierte de que tener empresas capaces de prestar determinados servicios no significa que estén preparadas para acceder a los contratos de los grandes operadores. Entre las dificultades aparecen las homologaciones, certificaciones, dimensión de las compañías o las propias condiciones de contratación.
La dimensión económica sigue siendo enorme. Aunque las inversiones anunciadas rondan los 70.000 millones de euros, la Fundación utiliza para sus cálculos un escenario más prudente: 33.417,5 millones respaldados por expedientes y fuentes públicas y, dentro de ellos, una base homogénea de 23.997,5 millones correspondiente a obra comparable. La potencia asociada a esos proyectos asciende a 1.694,8 MW IT.
Sobre ese escenario, calcula que la construcción de los centros de datos entre 2024 y 2033 generará 8.065,9 millones de euros de valor añadido bruto directo e indirecto y 143.536 empleos-año acumulados. Esta última cifra no equivale a otros tantos puestos de trabajo permanentes: cada empleo-año representa el trabajo de una persona a jornada completa durante un año.
El momento de máxima actividad llegará en 2028, cuando el impacto de las obras equivaldrá al 4,3% del PIB aragonés actual y al 5,9% del empleo regional. Una vez construidos los complejos, el impacto será menor en empleo, pero permanente durante décadas. El funcionamiento de los centros generaría anualmente 1.149,6 millones de euros de valor añadido directo e indirecto y 3.217 empleos equivalentes.
Un pico de empleo difícil de cubrir
Precisamente, la concentración de las obras puede convertirse en uno de los principales cuellos de botella. Más del 80% del esfuerzo constructor se concentrará entre 2026 y 2029 y el año de máxima actividad movilizará 26.778 empleos equivalentes directos.
La magnitud contrasta con la capacidad actual del sistema formativo. Aragón incorpora alrededor de 2.940 titulados técnicos al año entre FP, grados y másteres, pero su distribución no coincide necesariamente con las necesidades de los centros de datos. Informática concentra cuatro de cada diez titulados, mientras edificación y obra civil apenas representa el 3%.
El propio informe admite que ninguna política de nuevas plazas formativas podría cubrir por sí sola semejante demanda en tan poco tiempo. La respuesta tendrá que combinar trabajadores que ya están en el mercado, movilidad geográfica y recualificación acelerada, especialmente en electricidad, climatización y refrigeración, mantenimiento, operación y puesta en marcha de instalaciones.
Los empleos especializados presentan, además, remuneraciones superiores a la media. En la muestra de ofertas analizada por la Fundación, el salario medio se sitúa alrededor de 42.000 euros brutos anuales, un 54% por encima de la media de las vacantes publicadas en España en 2025, aunque el informe precisa que la comparación es orientativa y no significa que exista esa prima salarial en todas las ocupaciones.
El informe detecta una paradoja especialmente significativa. Aragón se ha convertido en uno de los grandes polos españoles de infraestructuras digitales justo cuando sus empresas han perdido posiciones en la utilización de inteligencia artificial.
Solo el 13,9% de las empresas aragonesas de diez o más trabajadores utiliza IA, frente al 21,1% del conjunto de España. La situación entre los ciudadanos es distinta: el uso diario de inteligencia artificial generativa ha pasado en un año del 14% al 19,2%.
Aunque ambos indicadores corresponden a poblaciones y usos diferentes y no pueden compararse directamente, la Fundación considera que dibujan un escenario en el que “las personas van por delante de sus empresas”. Para el informe, conseguir que sectores como la automoción, el agroalimentario, la logística, la energía o los servicios aprovechen la proximidad de la capacidad de computación constituye una parte esencial del retorno económico de estas inversiones.
Agua, energía, suelo y vivienda, la otra cara de la implantación
El estudio también introduce en su análisis los costes y tensiones asociados a la concentración de estas infraestructuras. La propia Fundación advierte de que sus estimaciones económicas miden el beneficio potencial y no el balance completo, ya que la implantación obliga a gestionar simultáneamente las necesidades de red eléctrica, agua, suelo, vivienda y convivencia municipal.
El documento reconoce expresamente que acoger los centros de datos conlleva “costes reales” en energía, agua y suelo, cuya huella debe medirse, hacerse pública y gestionarse. También señala que el desarrollo de las infraestructuras eléctricas y de conectividad necesarias para los campus puede beneficiar a otros usos productivos y a la electrificación del territorio o, por el contrario, competir con ellos por la capacidad disponible, en función de las decisiones que se adopten.
Esas tensiones se concentran especialmente en los municipios anfitriones, que reciben ingresos fiscales, empleo y contratación local, pero también deben afrontar los efectos sobre carreteras, agua, suelo, vivienda, servicios públicos y su propia capacidad administrativa. Por ello, la Fundación reclama apoyo urbanístico, jurídico y financiero sistemático para los ayuntamientos afectados.
El fondo territorial no es la única propuesta para conseguir que los beneficios lleguen a las localidades donde se instalan los proyectos. La Fundación plantea trasladar a Aragón una fórmula inspirada en los 'Community Benefit Agreements' utilizados en Estados Unidos mediante un marco de compromiso comunitario, de adhesión voluntaria, con el que los operadores asumirían compromisos públicos, medibles y verificables con los territorios donde se implantan.
Estos acuerdos podrían abarcar empleo y formación local, inversión comunitaria, compromisos ligados al proyecto de futuro de cada municipio y transparencia. La intención es que la relación de las compañías con el territorio no se limite a la construcción de las instalaciones, sino que se mantenga durante toda la vida de los campus, estimada entre 20 y 30 años.
La Fundación resume finalmente sus recomendaciones en quince actuaciones que incluyen una estrategia aragonesa de IA y computación, una unidad de gestión integral y un observatorio de seguimiento; un mapa de capacidades empresariales; un plan de choque para afrontar el pico laboral de 2026-2029; especialización de la FP; atracción de talento; espacios de datos sectoriales; una plataforma de innovación abierta y, en materia territorial, asistencia a los municipios, compromisos comunitarios, el fondo autonómico y una agenda social compartida.
El planteamiento que atraviesa las 156 páginas del estudio supone, en definitiva, un cambio de pregunta porque Aragón ya ha conseguido atraer los centros de datos; ahora tiene que decidir cuánto de la actividad, el empleo, la tecnología y la riqueza que generen consigue que permanezca en el territorio.