El pasado jueves se inició en el Parlamento autonómico la tramitación de la ley reguladora del Fondo Aragonés de Financiación Municipal. Esta establece, como aspecto más destacable, la creación de este fondo –dotado con 30.650.000 euros– que servirá para ayudar económicamente a los municipios.
Para poder optar a recibir ingresos procedentes del mismo, los municipios han de cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, como se apunta en el artículo 5 de la normativa, no haber sido sancionados en virtud de la Ley de Memoria Democrática. Si esto sucediera, perderían el derecho a participar del fondo dos, tres o cinco años, dependiendo de si la infracción fuera leve, grave o muy grave.
Tanto PP como Ciudadanos mostraron sus reticencias con este apartado. El popular Miguel Ángel Lafuente ironizó con que “cualquier ayuntamiento puede incumplir la Constitución y no pasa nada, pero ojo como incumpla Ley de Memoria Democrática”. Javier Martínez (Ciudadanos) explicó que no tienen nada en contra de la memoria democrática, pero que no es correcto “subordinar la participación de los municipios en los ingresos de la comunidad al cumplimiento de otra ley”.
A favor de esta condición se mostró la portavoz de Podemos, Maru Díaz: “Muchas veces en los pueblos se pone la excusa del miedo a la reacción de los vecinos para no retirar vestigios franquistas, a ver qué pasa si hay dinero por medio”.
“Se eliminan las incertidumbres derivadas de la voluntad política”
Los 30,65 millones de euros marcarán, como aseguró el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, “un suelo, una garantía de financiación”. Con la activación de este instrumento, señaló, “se eliminan las incertidumbres derivadas de la voluntad política” a la hora de apoyar desde la Administración autonómica a unos u otros municipios.
La distribución de este fondo será la siguiente: Zaragoza, 8 millones de euros; Huesca, un millón; Teruel, 700.000 euros, y para el resto de municipios 20.950.000 euros. De esa última cantidad, el 40 % se repartirá a partes iguales entre todos los municipios; del 60 % restante, el 75 % se dará teniendo en cuenta del número de habitantes y el 25 % “en función de la existencia en cada municipio de núcleos de población habitados separados excluido el que ostenta la capitalidad”.
Aunque el proyecto recibió la anuencia unánime del Parlamento, todos los partidos de la oposición coincidieron en criticar al Gobierno por llevarlo a las Cortes de Aragón cuando la legislatura ya enfila su recta final. “Hay que tener poca vergüenza”, dijo Lafuente (PP), “para activar esto a 43 días hábiles para que termine la legislatura. Este es el compromiso del PSOE con la financiación municipal”. Lo que han hecho, apuntó, es “soltar un texto para, en campaña electoral, poder echarle la culpa al resto si no sale adelante”. Díaz, de Podemos, se expresó en términos similares: “Traer esta ley es postureo, pero vamos a apoyarla, porque no queremos que después puedan echarnos a nosotros el marrón de que no salga”.