La Delegación del Gobierno en Aragón abre expediente sancionador a Vito Quiles por los altercados en su visita a Zaragoza

Luis Faci

26 de octubre de 2026 16:33 h

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La Delegación del Gobierno en Aragón ha iniciado los trámites para abrir un expediente sancionador a Vito Quiles. El motivo es la concentración que convocó el pasado jueves 22 de octubre en la plaza de San Francisco de Zaragoza sin cursar la comunicación previa que exige la ley, y que derivó en desórdenes públicos que provocaron cinco detenciones y dejaron varios heridos, entre policías y manifestantes antifastistas. El organismo ha recabado ya la información jurídica y policial sobre lo ocurrido en el entorno del campus universitario.

La Delegación, que tiene al frente a Noelia Herrero desde la marcha de Fernando Beltrán al ser designado candidato del PSOE el 29-N al Congreso, recuerda que la comunicación previa es el trámite que permite a la Administración conocer de antemano una convocatoria y adoptar las medidas oportunas si se prevé una alteración del orden público. Quiles no la cursó: había citado a sus seguidores a las 19.00 horas en la Facultad de Derecho, pero la Universidad de Zaragoza no autorizó el acto en sus instalaciones. Ante el dispositivo policial que protegía los accesos al edificio, anunció a través de las redes sociales que trasladaba la convocatoria a poca distancia, en la plaza de San Francisco, cuando cientos de personas estaban ya concentradas a ambos lados del cordón.

Aún no se conoce qué infracción imputa la Delegación al agitador. La ley orgánica que regula el derecho de reunión obliga a comunicar por escrito las concentraciones en lugares de tránsito público con entre diez y treinta días de antelación, o con 24 horas si concurren causas extraordinarias y graves. Mientras, la legislación de Seguridad Ciudadana castiga como infracción leve, con multas de 100 a 600 euros, la reunión celebrada sin ese requisito. La responsabilidad recae en organizadores o promotores, condición que alcanza a quien, por sus publicaciones o declaraciones de convocatoria, pueda considerarse razonablemente director de la reunión.

El caso de Zaragoza contrasta con la primera parada de la gira, en Pamplona. Allí la Delegación del Gobierno en Navarra conocía el acto de antemano y pudo trasladarlo de la plaza del Castillo a la de Yamaguchi para evitar que coincidiera con una manifestación en su contra. En la capital aragonesa, en cambio, el acto anunciado en la Facultad de Derecho carecía de autorización de la Universidad, y el que acabó celebrándose en plena calle no había sido comunicado a nadie.

Del campus a la plaza

La Coordinadora Antifascista de Zaragoza había convocado una concentración a las 18.00 horas frente a la Facultad de Derecho para rechazar la visita. A su juicio, Quiles pretendía utilizar la ciudad como escenario para difundir sus “discursos de odio”. El agitador, por su parte, había animado a sus seguidores a acudir.

La jornada estuvo marcada por los insultos cruzados entre los dos bloques y el lanzamiento de botellines, cajas y otros objetos. Los manifestantes antifascistas superaban en número a los seguidores de Quiles, y los agentes los mantuvieron separados durante buena parte de la tarde. La tensión creció cuando el agitador se situó entre ambos grupos, y la Policía terminó cargando contra los antifascistas con las porras desenfundadas y gas pimienta.

En la plaza de San Francisco, Quiles se subió al quiosco situado detrás de la gasolinera y pronunció un discurso contra Pedro Sánchez, la Universidad y los medios de comunicación, con llamamientos a votar en las elecciones generales del 29 de noviembre. Tras recibir un escupitajo, abandonó la plaza escoltado por la Policía. El tráfico y el tranvía quedaron detenidos durante los incidentes, y varios comercios de la zona echaron el cierre.

La Policía Nacional arrestó a cinco personas como presuntas responsables de delitos de atentado contra agentes de la autoridad y desórdenes públicos. Otros siete policías de la Unidad de Intervención Policial resultaron heridos leves, según el balance del cuerpo, que no precisó la identidad de los detenidos ni a qué grupo pertenecían.

La Coordinadora Antifascista cifra en más de un millar los asistentes a su convocatoria y en al menos diez los heridos por porrazos y pelotas de goma. La Policía solo ha informado de los agentes lesionados.

Críticas a la Delegación y al Rectorado

La actuación policial ha abierto un frente político contra la propia Delegación. La coordinadora la acusa de responder con violencia a la movilización y reclama la libertad sin cargos de los detenidos. También pide la dimisión de la rectora, Rosa Bolea, a quien atribuye haber solicitado la entrada de los antidisturbios en el campus. El sindicato Somos pedirá un informe sobre lo ocurrido, y CGT ha criticado que el Rectorado no se posicionara de forma directa contra el agitador. Al día siguiente, los convocantes se concentraron frente a la sede de la Delegación, en la plaza del Pilar.

Zaragoza en Común y Chunta Aragonesista han exigido explicaciones a Noelia Herrero. La portavoz municipal de ZeC, Elena Tomás, ha pedido aclarar quién dio las órdenes y por qué se actuó de esa manera, y ha defendido que el derecho a manifestarse no puede responderse con golpes. CHA, por boca de su secretaria de Memoria Democrática, Mary Carmen Bozal, ha reclamado que se investigue el uso de gas pimienta contra estudiantes.

La Universidad de Zaragoza ha lamentado los enfrentamientos y las personas heridas. En su comunicado, recordó que no había autorizado el acto y que trató en todo momento de evitar la concentración.

Zaragoza fue la tercera parada del 'Tour Combativos II', que Quiles desarrolla bajo el lema ‘Mafia o Patria’ en catorce ciudades entre el 15 de octubre y el 19 de noviembre. El objetivo declarado de la gira es movilizar el voto de la derecha ante las elecciones del 29-N. Antes de llegar a la capital aragonesa, había pasado por Pamplona y por el campus de Bellaterra, con protestas e intervenciones policiales en ambos casos.