Ocho años después de que se presentara la primera iniciativa en las Cortes de Aragón para que se suprimieran los aforamientos y cuando está a punto de cumplirse el 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía, el Parlamento aragonés ha aprobado la modificación de esta norma para que los diputados y los miembros del Gobierno aragonés pierdan esta figura que los protegía jurídicamente.
Considerada actualmente como un privilegio, se estableció en el inicio de la democracia como garantía del libre desarrollo de la actividad política, aunque con el paso del tiempo esta figura de protección está considerada ya como un privilegio anacrónico para una gran parte de la sociedad. Por este motivo, a partir de ahora las 67 personas que tienen escaño, el presidente del Ejecutivo aragonés y sus once consejeros se someterán a los mismos tribunales de Justicia que la mayoría de los ciudadanos y no por sus órganos superiores. En las últimas décadas apenas ha habido requerimientos por parte de los tribunales para conocer la situación de aforados de los diputados aragoneses.
La reforma ha contado con el apoyo de los ocho partidos que componen el Parlamento autonómico, ya que todos lo incluían además entre sus propuestas electorales y figuraba además como un punto del acuerdo del Gobierno cuatripartito. En marzo se creó una ponencia de estudio para esta reforma que apenas contó con 13 enmiendas de los grupos. El texto del dictamen aprobado ya señalaba que el aforamiento “es una figura jurídica percibida por la mayoría de la sociedad como anacrónica, propia de épocas pasadas, que, hoy en día, encaja difícilmente con el artículo 14 de la Constitución española, que consagra el principio de igualdad de la ciudadanía ante la ley”. Aragón se suma así al camino emprendido esta legislatura por otros parlamentos autonómicos como el canario, el balear, el cántabro y el murciano. Está encallada pero en tramitación la reforma en La Rioja y aunque existe el compromiso del Gobierno de revisar los aforamientos de las Cámaras nacionales, no es una cuestión que se haya abordado todavía. En un plazo máximo de 30 días, el Congreso dará el visto bueno a esta reforma del Estatuto aragonés. El aforamiento se suprime, pero se mantiene que durante su mandato, los diputados y el Consejo de Gobierno “no podrán ser detenidos ni retenidos sino en supuesto de flagrante delito”.
Una anomalía respecto a otros países europeos
En España existen alrededor de 250.000 aforados, de los que 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El resto son los miembros de la Jefatura del Estado, los miembros de la Judicatura, diputados y miembros de los gobiernos Esta figura de protección es prácticamente una anomalía dentro del ordenamiento jurídico de otros Estados europeos. Con muchas más limitaciones que en España y en un número más reducido de beneficiarios, existe el aforamiento para parlamentarios en Portugal, Países Bajos, Grecia y Rumanía. En el caso de los miembros del Gobierno con aforados, la nómina de países se amplía: Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Dinamarca, Noruega, Polonia, Rumanía, Finlandia, Grecia y Suecia.
Garantizar la representatividad en las provincias menos pobladas
La supresión de los aforamientos no ha sido el único cambio incluido en esta cuarta reforma estatutaria aprobada por las Cortes. También se ha acordado garantizar la representatividad de las tres provincias en el Parlamento independientemente del número de votantes, con una proporción que no puede ser superior de 3 a 1 entre la provincia con mayor población y la menor. De este modo, se garantiza un mínimo de 14 diputados por provincia y se mantiene que la configuración de la Cámara siempre tenga un mínimo de 65 diputados y un máximo de 80. Ya en la anterior legislatura se tuvo que reformar de urgencia la ley electoral para que Teruel no perdiera en las elecciones de 2019 ese número de diputados por el descenso de votantes. De este modo, actualmente hay 14 diputados por esta provincia, 18 por la de Huesca y 35 por la de Zaragoza. IU se ha abstenido en este punto por considerar que la proporción debería ser de 2,5 a 1 y Vox ha votado en contra porque quiere reducir el número de parlamentarios de la Cámara autonómica.
Es la cuarta vez que se reforma el Estatuto desde su aprobación, en 1982. En 1994 y 1996 se produjeron dos reformas que adecuaron la ley orgánica a las normativas europeas y profundizó en el autogobierno a través de nuevas competencias que igualó la autonomía de Aragón a las conocidas como las de “vía rápida” y reconoció así su condición de “nacionalidad histórica”. En 2007 se llevó a cabo la reforma más ambiciosa, redactándose a partir de cero un Estatuto mucho más avanzado que modificó prácticamente en su totalidad el vigente hasta entonces.