La Intervención del Gobierno de Aragón considera que el proyecto del tobogán de Panticosa, que va a costar a las arcas autonómicas 7,2 millones de euros y 500.000 euros al Ayuntamiento panticuto, puede incurrir en irregularidades en materia de la normativa de subvenciones y al eludir la concurrencia competitiva. Así lo ha advertido el órgano fiscalizador al Ejecutivo en un informe en el que pone reparos a la propuesta. Pese a esto, el Departamento de Medio Ambiente eludió estas “discrepancias” y llevó el proyecto a Consejo de Gobierno, donde fue aprobado el 23 de julio.
Ante esta información, el coordinador general de IU Aragón y diputado autonómico Álvaro Sanz ha criticado este martes “las ayudas directas de Azcón a sus amigos”.
La iniciativa tiene dos puntos problemáticos, que son los analizados en un documento suscrito por la interventora general. Por un lado, que se concede sin concurrencia competitiva, algo que el Gobierno de Aragón justifica en el supuesto “interés público” de la actuación. Por el otro, que el terreno sobre el que se asentará el tobogán está afectado por una concesión demanial –una cesión del suelo de dominio público– otorgada por el Ayuntamiento a Aramón, la empresa que explota la estación de esquí de Panticosa. Ya en 2024 Intervención informó desfavorablemente y ahora lo vuelve a hacer.
Respecto a la forma como se han concedidos las ayudas, de forma directa, el órgano fiscalizador sostiene que el Gobierno de Jorge Azcón no “justifica” la eventual dificultad de una convocatoria pública, y recuerda que hay otros municipios aragoneses que pueden tener “necesidades de inversión” en materia de “infraestructuras turísticas” con el mismo interés público, social o económico“, que arguye el Ejecutivo.
“Ayuda de Estado indirecta”
Y en relación con la concesión demanial, Intervención advierte de un posible incumplimiento de la normativa de subvenciones por el hecho de que se vaya a beneficiar de la inversión pública un “operador económico concreto”, lo que puede suponer “una ayuda de Estado indirecta”. El uso de fondos públicos para infraestructuras que se empleen con “fines comerciales” exigiría, según la Intervención, “un análisis adicional de compatibilidad conforme a la normativa europea”.
El órgano fiscalizador cita un artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que prohíbe las ayudas de las instituciones públicas, “bajo cualquier forma”, cuando estas “falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones”. Solo se permiten con certeza en dos supuestos: las ayudas de carácter social y las reparaciones de los desastres naturales. Y el Tratado abre esta posibilidad a cuestiones como el desarrollo de zonas desfavorecidas, la promoción de la cultura o bien otras categorías que determine la Comisión Europea.
En su respuesta a la Intervención General, el Departamento de Medio Ambiente justifica por un lado la subvención directa al Ayuntamiento de Panticosa en los “beneficios económicos y sociales” del tobogán, al “estimular la actividad turística en la zona” y contribuir “al crecimiento económico del territorio y a mitigar los efectos de la despoblación en el medio rural”. A su vez, explica que no hay concurrencia competitiva porque la instalación “ha sido considerada por el Gobierno de Aragón como un proyecto estratégico debido a su impacto significativo y dinamizador en la zona”
Respecto a la posible ayuda de Estado, Medio Ambiente argumenta por un lado que “la estructura de bajada del tobogán no se encuentra proyectada en el ámbito de la concesión”. Recuerda que el convenio suscrito para la ocupación del monte de utilidad pública “no excluye la potestad del Ayuntamiento de realizar obras o instalaciones en los bienes” y apunta que, una vez concluida la concesión, “los bienes municipales, incluyendo la telecabina, revierten al Ayuntamiento”.
“Abusos” del Plan Pirineos
Álvaro Sanz, que ha comparecido junto con el responsable de IU Aragón de Modelo Productivo, Jesús García Usón, ha rechazado “los abusos” del Plan Pirineos que impulsa el Ejecutivo autonómico de Jorge Azcón y ha hecho notar que “todas las infraestructuras cuentan con fondos públicos para ser desarrolladas al servicio de intereses muy concretos y de forma arbitraria”. “Todas niegan el cambio climático y sus efectos, apenas ninguna sirve para los objetivos fundamentales de desestacionalizar y diversificar la oferta turística en las zonas de montaña y todas causan afecciones severas” que pueden “destrozar nuestras montañas”, ha añadido.
Sanz ha indicado que, durante la legislatura pasada, IU denunció “la borrachera de despropósitos”, en alusión al uso de fondos públicos para ejecutar estas obras, que “se basaban en la ampliación de dominios esquiables y el destrozo de zonas de alto valor”, en referencia expresa a la unión de las estaciones de esquí de Astún y Formigal por Canal Roya, “que fue parada por la presión social”, reivindicando la creación del Parque Natural de Anayet, y otras obras, como el telecabina de Benasque o la amplación de la estación de Cerler por Castanesa.
“Es una ayuda directa de Azcón para otorgar ayudas directas a sus amigos y gestionar los fondos de la Comunidad Autónoma como si esto fuera su cortijo”, se ha quejado por su parte García Usón, observando que esta ayuda cuenta con un informe desfavorable de la Intervención, que señala que no se puede eludir la concurrencia competitiva, que no se cumple la condición de igualdad entre todos los Ayuntamientos de la Comunidad, y que hay una falta de transparencia.