El Gobierno de Aragón lleva al Supremo el reparto de menores migrantes pese a que solo tiene cubiertas la mitad de las plazas
Los dos vicepresidentes del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero (PP) y Alejandro Nolasco (Vox), han comparecido este lunes en una rueda de prensa conjunta en la que han anunciado que el Gobierno de Aragón recurrirá ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 556/2026, aprobado el pasado 30 de junio, que actualiza la capacidad ordinaria de las comunidades autónomas para la acogida de menores extranjeros no acompañados. El Ejecutivo autonómico solicitará además la suspensión cautelar de la norma mientras se resuelve el recurso.
El anuncio llega pocos días antes de que el próximo 5 de octubre venza el plazo para poder recurrir el mencionado real decreto. Y se produce en un contexto en el que Aragón no llena ni de lejos las plazas debe tener creadas: al 30 de junio, el número de menores migrantes tutelados en la comunidad era de 238, muy lejos de la capacidad ordinaria de 476 niños, niñas y jóvenes que fija la normativa. Y en la actualidad, según han confirmado fuentes de la Vicepresidencia de Vox, se ha reducido a 222 menores extranjeros tutelados,
La cifra objeto de polémica se enmarca en el sistema estatal de redistribución de menores migrantes puesto en marcha el año pasado para situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. El Gobierno de Aragón sostiene que el Estado no puede imponer esta actualización sin respetar las competencias autonómicas y cuestiona tanto el procedimiento seguido como el propio sistema de redistribución. “El Real Decreto de 30 de junio que quiere endosar a Aragón 476 menores migrantes invade competencias autonómicas”, ha señalado durante la rueda de prensa.
La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha señalado que Aragón no es la única comunidad que ha recurrido el decreto y ha acusado al Gobierno central de actuar “al margen de los acuerdos de la conferencia sectorial que se habían tomado siempre por unanimidad”. Vaquero ha añadido que “el Ejecutivo estatal está sobrepasando las competencias no solamente de Aragón sino del resto de comunidades autónomas”.
Ley orgánica
El Ejecutivo de Aragón considera además que la norma regula una materia que, a su juicio, debería estar reservada a una ley orgánica y que se ha aprobado sin contar con la comunidad. Por ello, pedirá al Supremo que paralice provisionalmente sus efectos. “Por eso vamos a solicitar en este recurso la suspensión cautelar de este Real Decreto para que no pueda surtir efecto alguno mientras se determina sobre su legalidad”, ha explicado Alejandro Nolasco, vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia.
La cifra de 476 plazas no suponen el traslado automático de otros 476 menores a la comunidad . El decreto establece la capacidad ordinaria que corresponde a la comunidad dentro del sistema estatal y sirve como referencia para el mecanismo de redistribución cuando se declara una situación de contingencia.
El Gobierno aragonés sostiene que su red de protección ya está por encima de la capacidad que tiene asignada y cuestiona que el Estado pueda seguir derivando menores a la comunidad. “Lo que sí que le puedo decir con seguridad absoluta es que sobrepasamos con mucho la capacidad que tenemos y que nos ha venido fijada por ley”, ha asegurado.
La mitad de las plazas
Sin embargo, los datos oficiales rebajan a 238 los menores extranjeros no acompañados tutelados por Aragón a 30 de junio, una cifra que equivale aproximadamente a la mitad de las 476 plazas de capacidad fijadas para la comunidad.
El Ejecutivo autonómico mantiene que el problema no se limita al número de menores tutelados en un momento concreto, sino a los traslados que se realizan desde otros territorios en aplicación del sistema estatal. Aragón asegura haber recurrido los expedientes individuales y haber obtenido 17 resoluciones judiciales favorables.
La disputa se extiende ahora también a los menores procedentes de Ceuta. El Gobierno de Aragón rechaza asumir nuevos traslados y defiende que la solución debe pasar por el retorno de los menores a sus familias y países de origen cuando legalmente proceda.
“La propuesta es que se vuelvan todos a su casa. Esa es la propuesta lógica y legal”, ha defendido Nolasco. Además, ha insistido en esa posición al reclamar que se tenga en cuenta el vínculo familiar de los menores: “El interés superior del menor es que estén con sus padres en su país de origen”.