Policía Nacional y Local refuerzan en Zaragoza la vigilancia nocturna en los barrios tras los robos con 'alcantarillazo'
La Junta Local de Seguridad extraordinaria celebrada este lunes en Zaragoza ha concluido con el compromiso de reforzar la presencia policial en barrios zaragozanos de Delicias y Las Fuentes y avanzar en la puesta en marcha del sistema VioGen en la capital aragonesa. Policía Nacional y Policía Local intensificarán la coordinación operativa tras el repunte de robos registrado durante las últimas semanas.
El encuentro ha permitido analizar el desarrollo de la operación Mangosta, desplegada por Policía Nacional tras detectarse una sucesión de robos cometidos mediante el método del 'alcantarillazo', consistente en utilizar tapas de registro o alcantarillas para fracturar escaparates y acceder a comercios durante la noche.
Según el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, el operativo acumula ya más de 40 detenidos y alrededor de 50 hechos esclarecidos y continuará activo, reforzando especialmente en horario nocturno mediante una reorganización de turnos y una mayor coordinación entre Policía Nacional y Policía Local.
Entre las medidas acordadas figura el incremento de patrullas entre la una y las seis de la madrugada, la franja en la que se concentraban la mayoría de los delitos. También se estudiará la combinación de vehículos uniformados y patrullas de paisano para mejorar tanto la capacidad preventiva como las detenciones.
Además, el Ayuntamiento ha avanzado que continuará ampliando la red de cámaras de videovigilancia y que los barrios más afectados por estos robos estarán entre las zonas prioritarias para futuras instalaciones.
'Pullitas' cordiales
La reunión entre la alcaldesa de Zaragoza y el delegado del Gobierno en Aragón llegaba precedida de semanas de reproches cruzados a golpe de declaración y comparecencia pública. Y aunque ambos dirigentes se esforzaron este lunes en subrayar la “cordialidad” del encuentro tras la Junta extraordinaria de Seguridad, las diferencias volvieron a asomar entre líneas, con varios recados lanzados en formato institucional y sonrisa diplomática.
Natalia Chueca abrió su intervención reivindicando el papel del Ayuntamiento en la convocatoria de la reunión y dejando claro desde el primer minuto quién había movido ficha. La alcaldesa recordó que fue ella quien solicitó el pasado 6 de mayo la Junta Local de Seguridad ante el aumento de delitos en Delicias y Las Fuentes para “conocer los medios que se están poniendo” por parte de quienes tienen las competencias en seguridad ciudadana, es decir, Policía Nacional y Guardia Civil.
La respuesta de Fernando Beltrán llegó pocos minutos después y con puntualización incluida. El delegado del Gobierno quiso dejar claro que la maquinaria policial ya estaba en marcha antes de recibir la carta de la alcaldesa. “La operación arranca incluso antes de recibir la carta de la alcaldesa, ya se sabía que estaban esos hechos delictivos en marcha”, subrayó al detallar la operación Mangosta. Traducido al lenguaje político: gracias por la preocupación, pero nosotros ya estábamos trabajando en ello.
Beltrán también aprovechó para recordar el reparto competencial en materia de seguridad cuando explicaba que la ley atribuye al Estado la responsabilidad de la seguridad ciudadana, pero añadió que ese trabajo se desarrolla “con otro conjunto de instrumentos” en los que participan también las policías autonómicas, las policías locales e incluso la seguridad privada.
Ni siquiera el debate sobre cómo reforzar la vigilancia nocturna escapó a ese pequeño pulso institucional. Mientras desde el Ayuntamiento se defendía una mayor presencia visible de patrullas, el delegado del Gobierno bajó el asunto “al terreno muy técnico” para explicar que los coches rotulados tranquilizan al ciudadano… pero también alertan a los delincuentes. Según Beltrán, los vehículos camuflados permiten “muchísimo mejor la identificación y las detenciones”. Una forma elegante de decir que no todo se arregla con más luces azules.
El intercambio más fino llegó, sin embargo, al final de la comparecencia. Preguntado por las diferencias mantenidas en las últimas semanas sobre inmigración y regularización, Beltrán despachó el asunto con rapidez: “No lo hemos tocado en esta Junta Local de Seguridad, porque en este momento no produce problemas en materia de seguridad ciudadana”.
La frase parecía destinada a cerrar el debate, pero la alcaldesa recogió el guante poco después, cuando fue preguntada por el futuro del Real Zaragoza tras el descenso. Chueca defendió que la situación deportiva del club no debía mezclarse con el proyecto de la Nueva Romareda y aprovechó la explicación para deslizar una réplica indirecta: “Igual que ahora no hemos hablado de la seguridad en esta Junta Local de Seguridad y no hemos hablado del proceso de regulación de inmigrantes, porque si lo mezclásemos todo sería todo más complicado”.
Otro de los enfrentamientos entre ambas administraciones residía en la implantación del sistema VioGen que permitirá a la Policía Local colaborar en el seguimiento y protección de víctimas de violencia de género. Durante los últimos meses, la alcaldesa había reclamado públicamente en varias ocasiones la incorporación de Zaragoza al sistema estatal de seguimiento de víctimas de violencia de género, llegando incluso a reprochar al Gobierno central la lentitud del proceso. Sin embargo, este lunes la pelota quedaba en el propio Ayuntamiento. El delegado del Gobierno se ha limitado a esperar hasta que Chueca designe los efectivos, mientras la alcaldesa ha explicado que las negociaciones con los sindicatos sobre las condiciones de la nueva unidad se encuentran ya en su fase final y que la previsión es iniciar la formación en las próximas semanas.
Pero no todo han sido pullas. Ambos responsables institucionales han coincidido, aunque no con Vox, en trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, subrayando que Zaragoza sigue siendo una de las ciudades más seguras de España y que los recientes episodios delictivos registrados en algunos barrios responden a situaciones coyunturales y no estructurales. En este sentido, el delegado del Gobierno ha destacado que la capital aragonesa presenta índices de criminalidad “10, 15 o incluso 20 puntos por debajo” de otras ciudades españolas de tamaño similar, mientras que la alcaldesa insistió en que Zaragoza mantiene “un índice de delitos reducido en proporción a su población”.