La sobreocupación en los centros de protección y acogida de menores de Aragón ha llevado a la Plataforma por un Convenio Autonómico de Protección y Reforma de Menores y a los sindicatos CGT, UGT y CC.OO a denunciar la situación que se vive en esas instalaciones, donde una circular a la que han tenido acceso refleja que el Ejecutivo autonómico tiene que echar mano incluso de sillones y camas plegables, que incluye en el inventario de “espacios disponibles” para los residentes. La Plataforma considera “responsable” de una situación tan “deshumanizada” al servicio de Atención a la Infancia del Gobierno de Aragón, mientras que desde la DGA ponen en el punto de mira a la ministra de Infancia, a la que piden “una explicación de cómo proveer de nuevos medios” a la comunidad autónoma“.
El mencionado documento -que ha sido avanzado por El Periódico de Aragón y ante cuya filtración el que la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón ha anunciado que estudia qué “medidas” tomar- está suscrito por la jefa del Servicio de Atención a la Infancia y la Adolescencia, María José Bajén, el pasado 17 de enero y se refiere a una reunión previa sobre los centros de protección a la infancia por “la sobreocupación de las unidades”.
Allí, según la misiva, se acordó determinar los espacios disponibles, “con camas plegables, colchones o sillones”, para abordar la situación y se instó a habilitar “cada día” plazas en observación, ante eventuales situaciones de sobreocupación. “Esperamos no llegar a dicha situación, pero es imprescindibles estar preparados para esa contingencia, ya que los centros propios de observación y acogida ya llevan varios meses sufirndo esta circunstancia”, añade Bajén.
“Hay líneas rojas que no se deberían cruzar”, advierten la Plataforma y los sindicatos, que lamentan que se cuente con “plegatines, colchonetas, sillones, etc” entre los elementos susceptibles de emplear por los menores migrantes. “Decimos 'no' a la sobreocupación y reclamamos más recursos de protección y dotar a los centros de plantillas de profesionales que aseguren una atención de calidad y no a mínimos como nos encontramos en la actualidad”, critican, al tiempo que ponen en el punto de mira a las entidades privadas que gestionan estos centros.
“Los sindicatos CGT, UGT y CCOO reclaman que se tenga en consideración la labor que desempeñan los profesionales del sector de Protección a la Infancia y Adolescencia. Los trabajadores se sienten abandonados y menospreciados por la Administración pública y las entidades que gestionan los recursos”, manifiestan a su vez las centrales, que indican: “Si son necesarios más recursos se deben abrir y dotarlos de personal, pero no sobrecargar los existentes que están al límite”.
Hay que recordar que el encargado por competencia de gestionar la llegada de menores a la comunidad es el propio Gobierno de Aragón. El Servicio de Atención a la Infancia y a la Adolescencia está integrado en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
“Qué medidas va a tomar el Gobierno de España”
La nota de la Plataforma y los tres sindicatos ha tenido respuesta por parte del Gobierno de Aragón. El Departamento de Bienestar Social y Familia ha recordado que “ha denunciado desde hace tiempo” que “los recursos de acogida y protección de menores de la Comunidad están saturados” y ha instado “al Delegado del Gobierno y a la ministra de Infancia a que ofrezcan una explicación de cómo podemos proveer de nuevos medios a la Comunidad Autónoma y también qué medidas va a tomar el Gobierno de España para evitar la llegada masiva de menores no acompañados”.
El Ejecutivo autonómico indica que el año pasado llegaron “a las puertas de los centros de menores y comisarías de Policía” un total de 233 personas que se declararon menores de edad -lo cual no significa per se que lo fueran- y 16 en lo que llevamos de años, todos los cuales han accedido “al sistema de protección de menores”.
Bienestar Social y Familia sostiene que ni el Gobierno de Aragón ni las entidades privadas “tienen capacidad para contratar personal” para atender el aumento de la demanda, que atribuye a “una falta de control en las políticas migratorias y la atención y acogida de personas mayores y menores de edad”.