El sindicato STEA ha denunciado que el profesorado aragonés ha perdido un 20,2% de poder adquisitivo desde 2010, un deterioro que atribuyen a los recortes salariales iniciados tras la crisis financiera de 2008 y a la falta de vinculación de las subidas retributivas al IPC.“Un profesor con quince años de experiencia y cinco trienios ha dejado de percibir 58.160 euros en este periodo”, ha señalado Tomás Sancho, portavoz del sindicato, quien subraya que esta pérdida “hace que la situación sea más sangrante para un colectivo que fue duramente afectado por los recortes y que aún no ha recuperado su poder adquisitivo”.
Según STEA, el año 2009 fue “el mejor año salarial” para el profesorado antes de que en 2010 se aplicaran las rebajas impulsadas por el Gobierno central, que incluyeron una reducción del 40% en las pagas extraordinarias y el aumento de ratios en las aulas. “Se redujeron grupos, se pasó de 18 a 21 horas lectivas en Secundaria y con menos profesorado se atendió a más alumnado, lo que repercutió directamente en la calidad educativa”, denuncia Sancho.
El sindicato recuerda que las sucesivas subidas salariales de 2018, 2020 y 2022 “no han garantizado ni siquiera alcanzar la inflación”. A juicio de STEA, el problema radica en que los incrementos retributivos “no han estado vinculados al IPC, generando un desfase creciente entre los ingresos del profesorado y el coste de la vida, especialmente desde 2010”.
Por ello, rechazan los acuerdos firmados por otras organizaciones sindicales en los últimos años: “Se ha traspasado la línea roja sindical clásica de no negociar nunca por debajo de la subida del IPC”, advierte Sancho. La pérdida de poder adquisitivo en Aragón, aunque ligeramente inferior a la media nacional (21,9%), sigue siendo “muy grave”, según los cálculos del sindicato, debido a que el aumento del IPC regional en este periodo (34,7%) ha sido algo menor que el conjunto estatal (36,4%).
Precariedad creciente: casi la mitad del profesorado es interino
A esta pérdida económica se suma, según STEA, una precarización sin precedentes en el empleo docente. “En enero de 2025, la interinidad alcanzaba el 46,8%. Además, el 33% de los contratos del personal interino eran a tiempo parcial, y en el caso de los maestros, más de la mitad no superaban el 50% de la jornada”, ha detallado Sancho.
El portavoz sindical alerta de que esta situación está provocando “una deserción creciente del sector educativo”, con plazas que quedan sin cubrir en algunas especialidades como Matemáticas, Informática o Formación Profesional, donde el sector privado ofrece mejores condiciones.
STEA ha rechazado el acuerdo autonómico que contemplaba un incremento del 4,5% en las retribuciones, al considerar que iba acompañado de “un recorte encubierto de plantilla”. “Si ese aumento no hubiera tenido recortes asociados habría sido una buena idea”, ha afirmado Sancho, que ha pedido al consejero Jorge Azcón que siga el ejemplo de otras comunidades autónomas que “han hecho un esfuerzo presupuestario adicional para recuperar el poder adquisitivo del profesorado”.
El sindicato también ha dirigido un mensaje a la ministra de Educación, Pilar Alegría, a la que insta a “dejar de vender el estatuto docente como una medida atractiva” y centrarse en “recuperar el poder adquisitivo perdido”. “Un profesorado mal pagado busca alternativas y eso está generando graves dificultades para encontrar docentes”, sostiene Sancho.
STEA recuerda que otros colectivos, como los empleados de Defensa, han experimentado en el último año subidas de 300 euros mensuales, mientras que “al profesorado solo se le aplica lo que marca el Gobierno central para el conjunto de funcionarios”.
El sindicato defiende la necesidad de unidad de acción con otras organizaciones “siempre que las subidas salariales superen la inflación y garanticen la recuperación progresiva del poder adquisitivo perdido”. En caso contrario, advierten, “no participarán en negociaciones que perpetúen la pérdida retributiva”.
Sancho recuerda que en comunidades como Asturias, Cantabria, Madrid o Galicia el profesorado se está movilizando “para exigir mejoras salariales y estabilidad”, y reclama que “Aragón no debe ser una excepción”. “El deterioro de la educación pública no es un problema de déficit estructural, sino de falta de financiación suficiente. Si hay déficit, hay que poner más dinero”, concluye.