El TSJ de Aragón falla contra el Bachillerato concertado al haber sido aprobado por un Gobierno en funciones
El pleno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dado la razón a los colectivos de la escuela pública y ha suspendido la orden de concertación del Bachillerato impulsada por el Gobierno de Aragón con el argumento de que fue aprobada por un Ejecutivo en funciones. En todo caso, puede ser una victoria temporal, ya que el tribunal reconoce que se trata de “una opción de planificación educativa de competencia autonómica”.
El auto, fechado este miércoles 10 de junio y firmado por el presidente del tribunal, Juan Carlos Zapata Híjar, estima la medida cautelar solicitada por una amplia coalición de organizaciones –entre sindicatos docentes, asociaciones de familias, federaciones de barrios y partidos políticos de izquierda– que recurrían la orden del 6 de abril, dictada por la anterior consejera de Educación, Tomasa Hernández. Dicha orden modificaba la convocatoria de conciertos educativos para el curso 2026/27 y abría la puerta a la financiación con fondos públicos de todas las unidades de Bachillerato en centros privados, una novedad sin precedentes en Aragón que afectaría, según los informes aportados, a unos 1.750 alumnos repartidos en 65 aulas.
La sala fundamenta la suspensión en un único motivo de peso: la orden fue dictada cuando el Gobierno de Aragón estaba en funciones, tras las elecciones del 8-F y antes de la toma de posesión del nuevo Ejecutivo. El tribunal recuerda que la normativa prohíbe expresamente al Gobierno en funciones aprobar convenios con entidades privadas que supongan reconocimiento de obligaciones para la Hacienda autonómica, salvo circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que en este caso no fueron acreditadas. “El espíritu de esta norma –razona el auto– es impedir que un gobierno en funciones hipoteque la actuación de gobiernos posteriores”. La sala no exige caución a los recurrentes, por considerar que los intereses en juego son de naturaleza general y porque imponer el aval de más de ocho millones que pedían las codemandadas –Ejecutivo autonómico, Asociación Provincial de Centros de Enseñanza de Zaragoza (CECE Aragón) y Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fecaparagón) haría ineficaz la tutela judicial efectiva.
El magistrado Javier Albar, al que inicialmente correspondía la ponencia y que fue apartado de ella por el presidente del tribunal en aplicación del artículo 206 de la LOPJ –cuando el ponente no se conforma con el voto de la mayoría–, ha formulado un voto particular discrepante en el que considera que no concurren los requisitos para la cautelar. A su juicio, ni se acredita la pérdida de finalidad del recurso, ni la apariencia de buen derecho es suficientemente clara como para justificar la suspensión de una disposición con múltiples afectados directos. Y propone, para el caso de que la cautelar se hubiera estimado, la fijación de un aval de un millón de euros.
Recurso de 17 organizaciones
El recurso lo presentaron 17 organizaciones vinculadas a la escuela pública —entre ellas sindicatos docentes, federaciones vecinales, asociaciones de familias y partidos políticos— presentaron hace un mes un recurso contencioso-administrativo ante el TSJA contra la orden del Gobierno autonómico que destina fondos públicos a enseñanzas de Bachillerato en centros privados. Entre los firmantes se encontraban sindicatos docentes como CCOO, UGT, STEA-i, CGT, CSIF y ANPE; asociaciones como FAPAR, FABZ o FADEA; y partidos políticos como PSOE, CHA, IU, Podemos, Movimiento Sumar, Aragón Existe o Zaragoza en Común. Además del recurso, las entidades solicitaron medidas cautelares para paralizar la aplicación de la orden mientras se resuelve el procedimiento judicial, que se han aplicado.
La suspensión cautelar ha sido celebrada por las organizaciones que recurrieron la orden. La primera en notificarlo ha sido Fapar, que esta tarde dará más detalles en una rueda de prensa. En el plano político, Tomás Guitarte lo ha celebrado en la red social X: “Hoy es un buen día para la libertad de elegir estudiar con calidad vivas donde vivas”. También lo han aplaudido desde el Partido Socialista de Aragón: “Una grandísima noticia”. Por su parte, CHA ha incidido en que la Justicia “da la razón a la comunidad educativa” y ha avanzado que seguirán defendiendo que “todo el dinero público debe ir para la educación pública”. Zaragoza en Común lo ha calificado como una “excelente noticia”.
Según anunciaron en su día, uno de los principales argumentos del recurso es el impacto que puede tener sobre la red pública. Las organizaciones alertan de que los conciertos tendrían una duración de seis años y afectarían directamente a la planificación educativa, las plazas disponibles y las plantillas docentes. En el escrito advertían de que la pérdida de alumnado en institutos públicos podría traducirse en reducción de grupos, reorganización de recursos y ajustes de profesorado. Precisamente esta medida impulsada por el Gobierno de Azcón tuvo una gran contestación social el pasado mes de mayo, cuando miles de docentes y familias se manifestaron en toda la comunidad durante las dos jornadas de huelga educativa.
La medida llega un día después de que el Gobierno de Aragón anunciase la renovación de los conciertos educativos para el periodo comprendido entre los cursos 2026-2027 y 2030-2031 por 56,7 millones de euros, una decisión que consolidaba la financiación pública del primer curso de Bachillerato en centros privados y concertados. Durante el anuncio de esta medida, Mar Vaquero aseguró que habían actuado con el respaldo de sus servicios jurídicos: “Estamos seguros de que cumple con la legalidad independientemente de que se esté valorando en los servicios judiciales. No tenemos conocimiento de ninguna resolución y seguiremos adelante con este concierto educativo”. La portavoz insistió en que el sistema de enseñanza concertada “convive pacíficamente” con la red pública y ha defendido que responde a una realidad consolidada en Aragón. “Es un sistema que responde a una demanda social y que vemos con total normalidad”.
Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón han indicado que los servicios jurídicos están analizando la decisión del TSJA.