Los vecinos de Tauste, en Zaragoza, alzan la voz por la ubicación de una planta de biometano
Tauste, localidad zaragozana ubicada en la comarca de las Cinco Villas, tiene sobre la mesa el proyecto de una planta de valorización de residuos para la producción de biometano y otra de fabricación de fertilizantes, ambas promovidas por Biorig Energy Tauste. La iniciativa se encuentra en tramitación ambiental ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), que abrió el pasado 17 de agosto el periodo de información pública del estudio de impacto ambiental y del proyecto básico de autorización ambiental integrada.
Según la documentación difundida, la instalación ocupará una superficie de alrededor de 106.700 metros cuadrados y tendrá capacidad para procesar unas 260.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, procedentes fundamentalmente de la actividad agropecuaria. La producción prevista supera los 15,6 millones de metros cúbicos de biometano al año —que se inyectarían a la red gasista—, además de unas 262.254 toneladas anuales de fertilizante orgánico.
La dimensión de la infraestructura es precisamente uno de los elementos que ha llevado a A Vecinal a pedir un debate más amplio. Este movimiento ciudadano ha presentado alegaciones al proyecto, sobre el que cuestiona la idoneidad del emplazamiento. Además, la asociación abre el debate sobre el modelo de desarrollo territorial que promueve este tipo de actividad en zonas rurales como Tauste o Ejea de los Caballeros. «Tememos que pueda generar un efecto llamada para más instalaciones ganaderas de diferente índole», advierte el presidente del colectivo vecinal, Paco Sánchez Murillo.
La pregunta de A Vecinal: no solo qué planta, sino dónde
La asociación ya se hizo conocida en Tauste por su oposición a la ubicación inicialmente prevista para un lavadero sanitario de camiones, promovido por una Agrupación de Defensa Sanitaria (ADS) vinculada al sector porcino. En aquel caso, A Vecinal consiguió movilizar más de 1.300 alegaciones de los vecinos y defendió que el problema no era la actividad en sí, sino su proximidad a zonas habitadas y a determinados equipamientos del municipio, especialmente a la residencia de personas mayores Sancho Abarca III.
Ahora, la entidad considera que una instalación de estas dimensiones merece ser analizada no solo desde el punto de vista industrial, sino también territorial. Entre sus preocupaciones figuran la cercanía al casco urbano, el tráfico pesado previsto, los malos olores, la gestión de los residuos y subproductos resultantes, así como las características hidráulicas de los terrenos elegidos.
En este sentido, la asociación sostiene que la parcela se encuentra junto a un barranco que actualmente recoge aguas y filtraciones procedentes de los regadíos; un punto que, según explica Sánchez, «cumple la función de colector con una amplia cuenca pluvial que ya nos ha dado problemas en caso de lluvias torrenciales».
El colectivo busca ir un paso más allá. A corto plazo, plantea organizar charlas y asambleas informativas abiertas al vecindario, con la posibilidad de contar con la participación de la propia empresa promotora si se considera oportuno.
El objetivo es dar «voz y participación» a una ciudadanía que considera que todavía no se siente suficientemente concernida por el proyecto. Desde A Vecinal apuntan además a una cuestión que trasciende el caso concreto de Tauste: la percepción de que en poblaciones más pequeñas resulta más fluida la concienciación y la participación ciudadana ante problemas que afectan directamente al territorio. Por ello, la intención de la agrupación es que el debate no quede restringido a quienes han presentado alegaciones o siguen la tramitación administrativa, sino que alcance al conjunto de la población.
El alcalde defiende la utilidad de la planta, pero remite al INAGA
El Ayuntamiento de Tauste también ha fijado una primera posición pública. El alcalde, Miguel Ángel Francés, considera que una infraestructura de estas características puede resultar útil para gestionar los purines generados por las numerosas explotaciones porcinas de la zona. Francés señala que este tipo de plantas permite «transformar un producto que, desgraciadamente, en esta zona está muy presente». Al mismo tiempo, insiste en que las instalaciones deben cumplir «escrupulosamente todos los requisitos» y traslada al INAGA la responsabilidad de determinar la viabilidad ambiental del proyecto.
El regidor apunta asimismo que durante el periodo de exposición pública no se presentaron alegaciones en el Consistorio, mientras que A Vecinal sí las ha formalizado ante el procedimiento ambiental abierto por el Gobierno de Aragón.
La postura municipal introduce así otro elemento en la discusión: la planta puede contemplarse como una herramienta para abordar uno de los problemas derivados de la elevada carga ganadera de la comarca, pero su autorización deberá quedar condicionada al cumplimiento riguroso de las exigencias ambientales y administrativas.
260.000 toneladas implican transporte y digestato
La cifra de 260.000 toneladas anuales permite vislumbrar la magnitud logística del complejo, aunque no basta por sí sola para calcular el volumen de tráfico pesado: para ello es necesario conocer la capacidad media de los vehículos, los días de funcionamiento, el origen de los residuos y el porcentaje que llegará por cada ruta.
Por esta razón, la vecindad exige que el mapa de procedencia de los residuos y las rutas de transporte formen parte del debate público. El impacto difiere sustancialmente entre una instalación abastecida mayoritariamente por explotaciones situadas a pocos kilómetros y otra que necesite captar materia prima de un ámbito geográfico mucho más amplio.
A ello se suma la gestión del digestato, el material resultante tras la producción del biogás. El balance ambiental de una planta no termina en la puerta de salida del biometano. La digestión anaerobia no destruye los nutrientes de los residuos ganaderos; una parte importante permanece en el digestato, que debe ser tratado, comercializado o aplicado como fertilizante.
Esta circunstancia puede constituir una ventaja si existe una planificación agrícola adecuada, pero exige precisar la cantidad de producto que se generará, su composición, los lugares de destino, la superficie agrícola disponible y los controles que se aplicarán.
El gasoducto, un factor clave en el interés de la zona
En las Cinco Villas existen, al menos, dos grandes iniciativas en fase de información pública: la de Tauste y otra en Ejea de los Caballeros. El proyecto de Ejea, promovido por Cinco Villas Green Gas, contempla el tratamiento de unas 400.000 toneladas anuales y la producción de alrededor de 111 GWh de biometano, situándose a unos 3,6 kilómetros del casco urbano.
Entre Tauste y Ejea, ambas instalaciones suman una capacidad prevista de tratamiento superior a las 650.000 toneladas anuales. Si a este escenario se añade el proyecto de Calamocha, la cuestión deja de ser puramente municipal. El interrogante es si Aragón debe evaluar estas instalaciones caso por caso o si convendría definir qué modelo de implantación de plantas de biogás y biometano desea para sus comarcas rurales y qué capacidad de absorción tiene cada territorio.
La ubicación de Tauste y Ejea no es casual. La zona dispone de infraestructura gasista y, en el caso de Tauste, se ha tramitado una nueva posición en el gasoducto Gallur-Tauste-Ejea para permitir la inyección directa de biometano en la red. Esto facilita que una materia prima abundante en una comarca ganadera se transforme en gas renovable y se distribuya con facilidad.
Sin embargo, esta ventaja técnica explica también la inquietud de colectivos como A Vecinal: si la presencia de gasoductos convierte a determinados municipios en polos de atracción para estas plantas, ¿qué criterios se emplearán para decidir cuántas pueden instalarse y en qué ubicaciones?
Calamocha también se moviliza
Un caso significativo es el de Calamocha (Teruel), donde también hay proyectada una planta de biometano a partir de residuos agrícolas y ganaderos. La iniciativa, promovida por Casiopea Green Gas, contempla una inversión superior a los 17 millones de euros y fue declarada de interés público por el Ayuntamiento en 2025. Posteriormente, el Gobierno de Aragón la declaró «inversión de interés autonómico».
La situación en Calamocha guarda un paralelismo evidente con la de Tauste: en ambos municipios la actividad ganadera genera un problema de gestión de purines y las plantas de biogás se presentan como una posible vía de solución.
El alcalde de Calamocha, Manuel Rando, explicó recientemente la postura municipal y la problemática local. En rueda de prensa, Rando señaló que el municipio ya padece una afección por purines y nitratos que podría agravarse con el crecimiento previsto de la cabaña porcina. El regidor defendió el peso de la ganadería en la economía local, pero advirtió de que la contaminación de las aguas por nitratos requiere soluciones urgentes.
En este contexto, Rando sostiene que «una planta de biogás puede ser parte de la solución siempre que cumpla los requerimientos establecidos». No obstante, la postura del Ayuntamiento contrasta con la oposición vecinal. La plataforma Stop Biogás Jiloca reconoce que el problema de los purines es real y que el biogás puede ayudar a mitigarlo, pero cuestiona el sobredimensionamiento y la cercanía de la planta a los núcleos poblados.
El escenario de Calamocha demuestra que el debate trasciende el posicionamiento a favor o en contra del biometano. Plantea dudas sobre la escala que deben tener estas plantas, su localización, el volumen de residuos a tratar y la garantía de que la solución a un problema ambiental no genere nuevos impactos en el territorio.
De hecho, el Ayuntamiento de Calamocha y la promotora han intentado acercar el funcionamiento de estas infraestructuras a la población local. En marzo, una delegación de concejales y representantes asociativos visitó en Alemania varias plantas de la empresa para conocer su operación sobre el terreno y resolver dudas respecto al proyecto turolense.
Un debate de alcance autonómico
Los casos expuestos ponen de manifiesto que la controversia sobre el biogás y el biometano está adquiriendo una dimensión autonómica. Tauste, Calamocha y Ejea de los Caballeros forman parte de un fenómeno más amplio donde confluyen la gestión de residuos ganaderos, la producción de energía renovable, las oportunidades económicas para el medio rural y las incertidumbres sobre sus impactos ambientales, logísticos y territoriales.
Aragón vive un notable auge de proyectos de biogás y biometano. En marzo de 2026 figuraban 75 iniciativas en distintas fases de tramitación en la comunidad, según datos del Gobierno de Aragón, si bien el número de instalaciones en funcionamiento es aún muy reducido.
Asimismo, 22 proyectos habían superado ya el periodo de información pública desde 2022, repartidos en 19 municipios de las tres provincias. Estas cifras explican que la discusión se reproduzca de forma recurrente en el medio rural, con visiones contrapuestas entre ayuntamientos, promotores y vecinos.