El Ayuntamiento de Zaragoza calcula que hasta 15.000 inmigrantes podrían acogerse a la regularización
Entre 12.000 y 15.000 personas podrían acogerse en Zaragoza al proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno de España, un procedimiento que finaliza el próximo 30 de junio y que, según el Ayuntamiento, tendrá un importante impacto en los servicios sociales de la ciudad durante los próximos meses. La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, ha trasladado los datos este jueves y ha pedido más recursos al Gobierno de España.
Durante el proceso, los servicios sociales municipales han emitido 4.035 informes de vulnerabilidad. De ellos, 2.832 correspondían a personas que ya figuraban en las bases de datos municipales, mientras que otras 1.203 no habían tenido contacto previo con estos recursos. A esta cifra habrá que sumar los expedientes gestionados por entidades sociales autorizadas, cuyos datos definitivos se conocerán cuando concluya el plazo.
Según ha señalado Orós, estas personas pasarán a formar parte del sistema de atención social de la ciudad y podrían requerir acompañamiento durante meses hasta lograr una situación estable de empleo y vivienda.
El Ayuntamiento también ha aprovechado para destacar la situación de unas 300 personas acogidas al sistema de protección internacional. El consistorio teme que, una vez obtengan el certificado de vulnerabilidad, puedan quedar fuera de los itinerarios de acompañamiento financiados por el Estado si no se prolongan estos programas, lo que incrementaría la demanda sobre los recursos municipales.
Por este motivo, el Gobierno municipal ha reclamado al Ejecutivo central un plan extraordinario con financiación específica para atender las necesidades sociales derivadas de este proceso. Asimismo, solicita que se mantengan los programas de inclusión sociolaboral para las personas acogidas al sistema de protección internacional hasta que alcancen una situación de autonomía.
El consistorio cifra el coste de la gestión de este procedimiento en 150.000 euros para los servicios sociales municipales, una cifra a la que habrá que añadir los gastos asumidos por otros departamentos como Participación Ciudadana, Régimen Interior y Policía Local. Orós ha criticado la falta de planificación económica del proceso y ha insistido en que las administraciones locales no deben asumir en solitario las consecuencias de una medida impulsada por el Gobierno de España. No obstante, ha destacado la labor realizada por los trabajadores municipales y ha defendido que Zaragoza ha sido una de las ciudades que mejor ha gestionado la tramitación gracias a la centralización de los informes de vulnerabilidad en la Casa de las Culturas y al refuerzo de los sistemas de atención.