Balears guarda silencio sobre las indemnizaciones a las víctimas de la dictadura franquista

Balears no ha facilitado a la Comisión Técnica de la Ley de Memoria Democrática información cualitativa sobre las indemnizaciones concedidas para reparar económicamente a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, tal como consta en un informe hecho público este jueves por este órgano, encargado de evaluar las medidas de reparación impulsadas por las distintas administraciones públicas.

El documento analiza las iniciativas desarrolladas por varias comunidades autónomas para complementar las compensaciones estatales a las personas represaliadas por motivos políticos. Sin embargo, en el caso de Balears -al igual que ocurre en Aragón, Euskadi, Extremadura, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Madrid, Murcia y la Comunitat Valenciana- la comisión no ha recibido información suficiente para determinar cuántas personas fueron indemnizadas ni qué cuantías percibieron.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática matiza que esta ausencia de datos no implica necesariamente que no se hayan desarrollado actuaciones de reparación económica, sino que la información no estaba disponible o no fue remitida a la comisión.

El informe, cuyo contenido recoge Europa Press, revela además una notable desigualdad territorial en las políticas de compensación. Catalunya encabeza con diferencia el volumen de ayudas autonómicas, con más de 52,7 millones de euros destinados a complementar las indemnizaciones estatales a más de 22.500 víctimas del franquismo. Andalucía figura en segundo lugar, con más de 9,4 millones de euros repartidos entre 2.522 beneficiarios, mientras que Asturias supera los 3,4 millones de euros en ayudas.

La publicación de estos datos coincide con un momento especialmente sensible para las políticas memorialistas en Balears. El pasado mes de marzo, el Parlament derogó la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos con los votos de PP y Vox, una decisión que el Gobierno central ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional al considerar que puede vulnerar los derechos de las víctimas.

Pese a ello, la Ley de Fosas continúa vigente en la comunidad autónoma. Gracias a esta normativa, aprobada en 2016, se han impulsado exhumaciones e identificaciones de víctimas del franquismo mediante técnicas arqueológicas y genéticas, convirtiendo a Balears en uno de los territorios con mayor actividad en la localización y recuperación de desaparecidos.

Por otro lado, el Ejecutivo central ha anunciado también una batería de propuestas de reparación simbólica dirigidas al pueblo gitano tras siglos de discriminación institucional y exclusión social.

Entre las recomendaciones figura la celebración de un congreso específico sobre memoria histórica del pueblo gitano y la organización de un gran acto de Estado en el Congreso de los Diputados con la presencia del rey Felipe VI. El objetivo sería reconocer públicamente la persecución sufrida por esta comunidad y avanzar en una reparación simbólica de unas vulneraciones de derechos que, según concluye el informe, se prolongaron durante siglos y alcanzaron también al franquismo.

El estudio, elaborado por la comisión de trabajo sobre memoria y reconciliación con el pueblo gitano, repasa episodios como la Gran Redada de 1749, definida como un intento de exterminio burocrático de la población gitana, y documenta la vigilancia y persecución que continuó durante la dictadura franquista. Los expertos concluyen que el antigitanismo ha sido un fenómeno estructural en España y recomiendan reforzar las medidas educativas, institucionales y de reconocimiento público para combatir sus efectos actuales.

La propuesta se suma a otros actos institucionales celebrados en los últimos años para visibilizar la historia y las aportaciones del pueblo gitano. En 2025, con motivo del 600 aniversario de su llegada a la Península, los Reyes presidieron en el Congreso un homenaje en el que Felipe VI reclamó una “plena integración” de la comunidad gitana y denunció la persistencia de la discriminación.