El Gobierno del Principado ha defendido la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2026 como una muestra de “estabilidad” y de capacidad de diálogo, frente a otras comunidades gobernadas por la derecha que no han logrado sacar adelante sus cuentas. Así lo ha señalado este miércoles el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, tras el visto bueno definitivo del parlamento asturiano a los presupuestos, los séptimos consecutivos aprobados por el actual Gobierno.
Peláez ha subrayado que las cuentas, respaldadas por el PSOE, IU y la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, son fruto de la negociación y de la capacidad del Ejecutivo para conformar mayorías parlamentarias. “Son unos presupuestos consecuencia del diálogo que practica este Gobierno”, ha afirmado, contraponiendo la situación de Asturias con la de otras comunidades como Extremadura, Aragón o Castilla y León, donde, según ha señalado, la falta de acuerdos ha impedido aprobar presupuestos y ha derivado incluso en convocatorias electorales.
“Dificil llegar a cosensos con el PP”
El portavoz ha insistido en que el Ejecutivo mantiene “la mano tendida” para generar consensos en beneficio de los asturianos y ha cargado contra el Partido Popular por su rechazo a las cuentas. A su juicio, la formación popular “dio la espalda” al presupuesto y “no quiso negociarlo” tras la reforma fiscal impulsada por el Gobierno autonómico.
Peláez ha cuestionado además la estrategia política del PP, al considerar contradictoria su apelación a la concordia tras el reciente discurso del rey Felipe VI y las declaraciones posteriores de dirigentes populares en las que aseguran sentirse más próximos a Vox que al PSOE. “Si se tiene más en común con una fuerza de extrema derecha que con el PSOE es difícil llegar a grandes consensos”, ha advertido.
En este sentido, el portavoz del Gobierno ha acusado al PP de asumir “discursos extremistas” y de situarse en una estrategia que, en su opinión, dificulta los acuerdos amplios en el parlamento autonómico, pese a la relevancia de unas cuentas que marcan las prioridades económicas y sociales de la comunidad para el próximo ejercicio.