El Consejo de Gobierno ha aprobado el ejercicio de una acción de nulidad contra la Administración General del Estado con el objetivo de que se declare la nulidad de pleno derecho del real decreto que prorrogó la concesión de la autopista AP-66 (León-Campomanes) hasta 2050, es decir, 29 años más de los previstos inicialmente.
El acuerdo designa a Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, como representante del Principado para defender esta iniciativa en nombre de la comunidad autónoma.
La hoja de ruta
La decisión forma parte de la hoja de ruta trazada por el Gobierno de Asturias y acordada con la Alianza por las Infraestructuras para lograr la eliminación del peaje.
Cuenta también con una notable solidez, apoyada en un extenso análisis elaborado por la secretaría general técnica de la consejería y los servicios jurídicos del Principado, que ha sido ratificado íntegramente por el Consejo Consultivo.
Las causas
Estos informes concluyen que la prórroga aprobada en 2000 por un gobierno del Partido Popular -en concreto, por el Real Decreto 382/2000, de 17 de marzo- incurrió en causas de nulidad de pleno derecho, al haber alterado de manera sustancial el equilibrio económico y la estructura del contrato original de 1975 y generado una nueva concesión encubierta, que debió someterse a licitación pública.
También advierte que se ha vulnerado la normativa europea en materia de contratación pública, incluida la Directiva 93/37/CEE, ha sido aprobada prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente exigido, otorgado beneficios económicos indebidos al concesionario y producido un perjuicio sostenido para el interés general de Asturias.
Vicios sustanciales
El Consejo Consultivo ha avalado punto por punto las tesis del Principado: confirma la existencia de vicios sustanciales y señala que la vía adecuada para restaurar la legalidad es la revisión de oficio o, en su caso, la acción directa de nulidad ahora emprendida. Esta tiene carácter de acto administrativo y supone un paso previo necesario para, en su caso, acudir a los tribunales.
El acuerdo del Consejo de Gobierno se basa también en la reciente resolución de la Comisión Europea (CE), de 17 de julio de 2025, que concluye que las prórrogas de la autopista del Huerna y de la AP-9 en Galicia fueron contrarias al derecho de la Unión Europea.
La CE determinó que las prórrogas se concedieron sin licitación ni publicidad, se vulneraron los principios de igualdad y transparencia, se utilizó de forma indebida la excepción “in house”, y su finalidad real fue revalorizar la empresa pública Enausa de cara a su privatización.
La actuación del Gobierno de Asturias se alinea plenamente con estas conclusiones.
Documentación remitida a Bruselas
El Gobierno del Principado ha remitido ya a la Dirección General de Mercado Interior (DG GROW) toda la documentación jurídica y técnica que sustenta esta acción: fundamentación jurídica completa, análisis económicos, estudios independientes, antecedentes histórico-administrativos y el propio dictamen del Consejo Consultivo.
Asimismo, se ha incorporado el estudio jurídico elaborado a iniciativa de la diputada Covadonga Tomé, que ha sido de utilidad para reforzar la posición del Principado. El Ejecutivo le agradece expresamente su aportación.
La eliminación del peaje
El Principado subraya que la acción de nulidad constituye un instrumento decisivo para lograr la eliminación del peaje de la AP-66 y para corregir una situación que ha perjudicado al tejido productivo, a la competitividad autonómica y a miles de usuarios durante más de dos décadas.
El Gobierno de Asturias defiende así su posición con unidad, rigor jurídico y determinación política, y se reafirma en que continuará desplegando todas las actuaciones necesarias en colaboración con las instituciones europeas y estatales para restablecer la legalidad y el interés general.