No existe justificación económica para mantener el peaje del Huerna. Así la ha defendido hoy la diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, que presentó en la Xunta Xeneral el informe Análisis Jurídico y Valoración Económica de la Situación Actual de la Autopista del Huerna (AP-66). El documento, encargado por su grupo y elaborado por los catedráticos Carlos Aymerich y José Antonio Blanco de la Universidade da Coruña, concluye que no existe justificación jurídica ni económica para mantener el peaje.
Tomé señaló que “no se trata de rescatar la autopista, sino de anular un peaje cuya prórroga se ha demostrado ilegal”. Según la diputada, la eliminación del peaje es viable económicamente y sería mucho menos costosa de lo que defiende la concesionaria.
Coste real frente a las bonificaciones
El informe detalla que la empresa matriz Itínere, de la que depende Aucalsa, tiene un valor de mercado de 1.900 millones de euros. Dado que Aucalsa representa un 15% del grupo, su valor de mercado se sitúa en 285 millones, cifra que representa el coste real de la concesión si se anula el peaje.
Este cálculo contrasta con las bonificaciones que defiende la concesionaria, que alcanzarían 674 millones de euros hasta 2050, es decir, más del doble del valor de mercado de la concesión. Los gastos anuales de conservación de la autopista se cifran en 4,8 millones, lo que refuerza que la supresión del peaje sería financieramente viable.
Blanco explicó que “solo corresponde indemnizar el valor de la concesión, no el lucro cesante que argumenta la empresa. Las cifras de las bonificaciones son desproporcionadas frente al coste real”.
Argumento jurídico
Aymerich, catedrático de Derecho Administrativo, subrayó que la prórroga del peaje aprobada en 2000 vulnera la jurisprudencia europea. La sentencia de 2019 sobre la autopista italiana A22 establece que cualquier prórroga de concesión requiere nueva licitación, de lo contrario constituye una adjudicación ilegal.
“La Comisión Europea ya requirió explicaciones al Gobierno español en el caso de la AP-9 y ahora en el de la AP-66. El Gobierno podría iniciar una revisión de oficio y anular la prórroga sin necesidad de indemnizar de forma desproporcionada”, afirmó Aymerich. No obstante, según el catedrático, el ministro Óscar Puente ha optado por esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, lo que podría prolongar años el cobro de peajes por parte de los ciudadanos asturianos.
Próximos pasos
Covadonga Tomé anunció que el informe será enviado al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y al ministro Óscar Puente. “Tenemos argumentos jurídicos y económicos para avanzar en la supresión del peaje y evitar que los asturianos sigan pagando durante años”, afirmó.