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María Luisa Maqueda Abreu

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Granada

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¿Desandar lo andado?, lo van a tener difícil

La reciente aprobación administrativa de la sindicación de las trabajadoras del sexo en el estado español ha levantado ampollas en la Ministra de Trabajo que, sin ningún pudor, se ha atrevido a definirla como "un gol que le han metido por la escuadra". Como resultaría difícil de entender la frontal oposición de un Gobierno que se llama socialista y obrero a la reivindicación de los derechos laborales de un colectivo tan oprimido, marginado y estigmatizado social e institucionalmente como el de las trabajadoras del sexo, le ha parecido una buena idea acudir a la Abogacía del Estado para rebuscar en la supuesta ilegalidad de la prostitución un argumento de fondo que les permita dejar sin efecto una autorización en curso que él mismo ha formulado.

Pero les va a costar encontrarlo porque no creo que sean capaces de reivindicar cómodamente el único precedente legal que habla de la prostitución como "negocio ilícito" en el estado español. Me refiero al viejo Decreto-ley franquista de 1956 que, siguiendo la filosofía abolicionista del Convenio de Naciones Unidas de 1949, proclamaba la ilegalidad de su práctica "ante la teología moral y ante el mismo derecho natural que habían de tener reflejo positivo de una nación cristiana para la debida protección de la moral social y del respeto debido a la dignidad de la mujer".

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Legalidad penal y proceso independentista

Los abajo firmantes, más de 100 profesores de Derecho Penal de las Universidades españolas, ante la crisis política más grave vivida por nuestro país desde el golpe de estado de 1981, se entienden obligados a manifestar su experta opinión ante toda una serie de calificaciones jurídicas que llevadas a cabo por la Fiscalía General del Estado y la titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional, han originado general repulsa y seria preocupación en los medios jurídicos españoles.

De la conducta observada por diversos integrantes del Parlamento y el Gobierno catalán puede desprenderse, con alta probabilidad, la comisión de múltiples delitos, que deben ser investigados y, en su caso, sancionados conforme a lo que exige nuestro Ordenamiento Penal.

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