De cuando Ana Oramas no quiso personas migrantes en La Laguna y José Manuel Soria las echaba de Las Palmas a manguerazos

“Había días en los que llegaban 10 o 12 cayucos con centenares de personas y recuerdo en una ocasión a un alcalde de Arona decirme que se estaba manchando la imagen turística de su municipio cuando desembarcaban en el Puerto de Los Cristianos (Tenerife)”. El actual director de Casa África, José Segura, rememora el rechazo de las instituciones locales en las Islas durante su etapa al frente de la Delegación del Gobierno (2004-2008) a los migrantes que llegaban vía marítima durante la llamada crisis de los cayucos.

A este episodio, la memoria de Segura -que también refleja en un libro prologado por José Luis Rodíguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, titulado Inmigración irregular por vía marítima. Canarias: una experiencia- trae a colación el acuerdo del Ministerio del Interior y de Defensa para habilitar una instalación del Ejército de Tierra abandonada en ese entonces “que conservaba unas naves fabulosas” en La Laguna, cerca de Las Canteras, con capacidad para 3.000 personas.

Se compraron “camas, cocina, letrinas, unas instalaciones de ducha, calefacción, pero no se pudo abrir porque lo rechazó el Ayuntamiento de La Laguna”, relata Segura. En aquella época, al frente del Consistorio estaba Ana Oramas (actual diputada de Coalición Canaria), y su postura la repitió su sucesor en el cargo, Fernando Clavijo, a la postre presidente del Gobierno de Canarias, cuando Inés Rojas, entonces consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, también de Coalición Canaria, propuso crear un centro de menores migrantes en el mismo recinto.

De 2004 a 2008 llegaron a las Islas más de 60.000 personas vía marítima desde África, un fenómeno “que se veía venir”, pero “no se podía predecir la dimensión” y los gobiernos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero “iban tomando decisiones” en función de los acontecimientos, dice Segura.

En aquellos años, había personas con responsabilidad institucional “que decían auténticas atrocidades” que luego reproducían los medios de comunicación, como las palabras de José Miguel Ruano, entonces consejero de Presidencia y Justicia, quien llegó a afirmar que existían “buques nodriza”. “Y con este nombre denominaba a grandes barcos que albergaban muchos cayucos a bordo y que los lanzaban cuando estaban a diez millas del litoral canario. Barbaridades que nunca ocurrieron. Había poca humanidad”, afirma Segura.

A finales del siglo XX y principios del XXI, cuando fue aumentando progresivamente el tráfico en la ruta migratoria hacia Canarias, desde la primera embarcación que tocó tierra en Fuerteventura en 1994 hasta las 8.426 personas que llegaron en 2004, “no se dio la talla”, dice Segura. Se produjeron situaciones de personas durmiendo en la calle, sobre todo en el parque de Santa Catalina de la capital grancanaria, donde el alcalde en ese entonces, José Manuel Soria, dio órdenes en 2001 para que fueran expulsados a manguerazos doscientos migrantes para enviarlos a Madrid en el vuelo nocturno de Iberia sin coordinarse con las autoridades ni organizaciones sociales de la capital de España.

SIVE y FRONTEX

La realidad que vivía el Archipiélago requirió de la cooperación entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la comunidad autónoma, además de las ONG. El Gobierno de España dictó una orden para la coordinación de las actuaciones y para establecer un protocolo de actuación. Se llamó Centro de Coordinación Regional de Canarias en el que se integraron las fuerzas armadas, la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, Salvamento Marítimo, la Dirección General de Emergencias y Seguridad, el Servicio Canario de Salud, el Grupo de Intervención de Emergencias o Cruz Roja.

Además, se implantó el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) que había sido probado de manera experimental en el Estrecho de Gibraltar en 1999 (de hecho, se llamó en un principio Sistema Integrado de Vigilancia del Estrecho) y que consistía en un sistema de estaciones dotadas con radar creadas por la empresa Indra para aportar información en tiempo real a un centro de control, que a su vez impartía instrucciones con el objetivo de detectar embarcaciones que transportaban estupefacientes o a personas migrantes a distancias lejanas con el objetivo de reaccionar con tiempo suficiente.

En la vigilancia de fronteras también participó la Unión Europea a través de la recién creada FRONTEX, una agencia con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa que comenzó a funcionar en 2005. El fenómeno migratorio que experimentó Canarias en aquellos años “coadyuvó al desarrollo de Frontex”, dice Segura, con la operación Hera y se integró en el Centro de Coordinación Regional de Canarias. Todo ello contribuyó a cortar la salida de las embarcaciones y disminuir progresivamente las llegadas a Canarias (de las 31.678 en 2006 a las 196 en 2010, año a partir del cual se han mantenido por debajo de las 1.000 personas hasta 2018).

Pero no de las migraciones de personas que aspiran a mejorar su vida y la de sus familias, pues “cuando se cierra una vía”, se abre otra, según reconoció Daniel Vázquez, teniente coronel de la Guardia Civil y nuevo director del Centro de Coordinación Regional de Canarias, que afirmó que la ruta se ha desplazado actualmente hacia Canarias ante las dificultades para cruzar hacia la península.

Aplicar medidas similares a las de 2006

Aunque el Gobierno de Canarias del pacto del cuatripartito (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera) ha reconocido que la realidad migratoria actual dista mucho de la de aquellos años -a las Islas han llegado por vía marítima más de 3.000 migrantes desde el inicio de 2019 hasta la actualidad a la par que han descendido las entradas irregulares a la península-, el portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, ha incidido en varias ocasiones en aplicar medidas similares: vigilancia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las costas africanas y acuerdos de repatriación.

“Pero repatriar ¿a donde?”, pregunta Segura. En lo que va de año, se han producido devoluciones a Mauritania de, al menos, 88 personas que llegaron en patera a las Islas, a pesar de que 72 procedían de Mali, un país en conflicto. El director de Casa África confiesa que mientras podía, procuraba “repatriar” a la península -“a Murcia, León, Valladolid, Cuenca, Albacete…”- para evitar que fueran devueltos a países de los que ni siquiera procedían o que estuvieran en una situación de conflicto. “Y lo hacíamos con alguna trampita, pero me siento muy satisfecho”.

Y trae a colación la historia de Mamadou Dia, un senegalés que llegó en 2006 en un cayuco a La Gomera junto a otras 84 personas, una de las cuales murió en el trayecto. Lo cuenta en su libro 3.052, persiguiendo un sueño. Después de llegar a Canarias, Dia fue a Murcia, ciudad en la que vivió siete años y en la que se integró en la sociedad española. Pero decidió volver a Senegal, a su pueblo Gandiol, y allí fundó la ONG Ha Ha Tha, que trabaja por el desarrollo de las comunidades de la región y aboga por la obtención de papeles y visados con los que poder viajar de forma segura.

Una política migratoria común en la UE

Ahora, tras obtener el compromiso del Ministerio del Interior para agilizar las repatriaciones, aumentar la vigilancia en las fronteras exteriores o reabrir, previo estudio de sus instalaciones, el Centro de Internamiento de Fuerteventura (un edificio abandonado que abrió durante la crisis de los cayucos con capacidad para más de 1.000 personas y que el Estado cerró en 2018), el Gobierno de Canarias también ha abogado por disponer de dispositivos de acogida similares a los de hace más de una década.

Segura dice que “el Ejército montaba campamentos a toque de silbato de la Delegación del Gobierno”, algo que se reprodujo en todas las Islas. Y recuerda que se estableció el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes, a cargo del mando militar de Canarias, en La Isleta (Gran Canaria), que tenía capacidad para 512 plazas y llegó a acoger a 2.100 personas, o Las Raíces (Tenerife), con 640 plazas y superó los 3.400 alojados. Pero esas instalaciones, repartidas por todas las islas, se fueron “abandonando”.

La Delegación del Gobierno en Canarias ha pedido ahora a los 88 ayuntamientos canarios colaboración en la acogida de personas migrantes al estar los centros de internamiento de extranjeros rozando el límite de su capacidad y los dispositivos habilitados como alternativa (albergues en su mayoría) en la misma situación.

A la llamada han respondido una veintena de administraciones, pero, según Cruz Roja, encargada de gestionar esos espacios, las instalaciones ofrecidas no reúnen las condiciones necesarias para una acogida digna. De hecho, en los últimos meses se han dado situaciones de personas que han tenido que pasar la noche en la calle.

El propio portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, ha reconocido, tras un Consejo de Gobierno celebrado el pasado viernes, que es necesaria una mayor coordinación entre todas las administraciones canarias, porque, aunque sostiene que se ha hecho lo que se ha podido, ha confesado que, en la atención a los migrantes, no se ha actuado “como debíamos hacerlo”.

Segura concluye que de la crisis de los cayucos extrajo la necesidad de la creación de una “política migratoria europea común”, algo que hasta la fecha la Unión Europea “no ha sido capaz” de llevar a cabo.