La Audiencia Provincial de Madrid reabre la 'Operación Puerto'
La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido este jueves reabrir la Operación Puerto, once meses después de que el titular de su Juzgado de Instrucción número 31 determinara el archivo del caso de dopaje que azotó al mundo del ciclismo y del deporte en general.
Según confirmaron fuentes del Consejo Superior de Deportes (CSD), la sección número 5 de la Audiencia Provincial ha dispuesto estimar parcialmente el recurso de la Abogacía del Estado y de la Agrupación Internacional de Grupos Ciclistas, y ha ordenado al juez que reabra el caso.
La Sala entiende que puede haber indicios de delito en aspectos como la obtención, transporte, conservación e identificación de las bolsas de sangre localizadas durante la investigación, y establece que se continúen las diligencias que correspondan a partir del informe del Instituto Toxicológico y la propuesta de la Abogacía del Estado.
Asimismo, entiende que pudo existir delito por tráfico de medicamentos y por manipulación de la sangre.
El 8 de marzo de 2007 el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano, decretó el “sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones”, así como el levantamiento de las medidas cautelares relacionadas con el procedimiento al entender que no había delito contra la salud pública.
En su auto, ante el que cabía recurso de reforma, el magistrado-juez Antonio Serrano afirmó que “los hechos denunciados”, por los que fueron imputados, entre otros, los doctores Eufemiano Fuentes y José Luis Merino, y los directores Manuel Sáiz y Vicente Belda, “no son constitutivos de infracción criminal”.
El juez destacó que el procedimiento tuvo lugar por la “falta de juego limpio” y explicó que en el momento en el que se inició el procedimiento no existía en España una norma que penalizara las conductas relacionadas con el dopaje“, como sí hace ahora la Ley orgánica de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje, que no tiene efecto retroactivo.
Entre sus razonamientos jurídicos y sobre “la tenencia de medicamentos por parte de los implicados”, el auto del juez Serrano aludía al archivo y sobreseimiento del caso de Jesús Manzano, ex ciclista del Kelme, personado en las diligencias, que demandó al director y al médico de su equipo por prácticas dopantes.
Posteriormente, el 13 de marzo de 2007, la Fiscalía de Madrid presentó un recurso de apelación contra el auto del Juzgado de instrucción número 31.
En su escrito, la Fiscalía solicitó la anulación del archivo de la causa y pidió que se practiquen unas diligencias solicitadas con anterioridad por el Ministerio Público.
La Fiscalía pidió que se dejase sin efecto el archivo del caso y que se dictara “otro ordenando seguir las presentes diligencias previas”, y ello por considerar “tanto que los hechos revisten carácter de infracción criminal como por insuficiencia de diligencias practicadas para su esclarecimiento”.
Según la Fiscalía, faltaban “diligencias esenciales para el completo esclarecimiento de los hechos, siendo por tanto la instrucción practicada insuficiente para llegar a una resolución tan trascendental como el archivo de la causa”.
Asimismo, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) solicitó presentarse como acusación particular. La Unión Ciclista Internacional (UCI) también decidió presentarse como parte civil en el caso que destapó el mayor escándalo de dopaje organizado en España.
La Operación Puerto se inició el 23 de mayo de 2006 con la detención por la Guardia Civil de cinco personas en Madrid y Zaragoza y fruto de la investigación resultaron imputados, además de Fuentes, Saiz, Belda y Merino, Ignacio Labarta, director adjunto del Comunidad Valenciana, Alberto León, ex profesional de bicicleta de montaña, y los doctores Alfredo Córdova y Yolanda Fuentes.
El procedimiento judicial, que afectó a un importante número de ciclistas, entre ellos Jan Ullrich, Óscar Sevilla o Ivan Basso, llevó a la desaparición de los equipos Liberty Seguros y Comunidad Valenciana.
