El Supremo rechaza ampliar la cuota de atún rojo solicitada por Canarias

La flota canaria no podrá pescar más del 7,9% de atún rojo que tiene asignado respecto al total nacional. La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la Comunidad Autónoma de Canarias en diciembre de 2019 contra el Real Decreto 46/2019, por el que se regula la pesquería del túnido en el Atlántico Oriental y el Mediterráneo y le insta al pago de 4.000 por las costas judiciales.

Las Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, al apreciar indicios de recuperación de la especie a partir de 2017 (tras la ejecución de un plan en 2006 para la conservación de un túnido que experimentó una situación crítica en la década de los 90), fijó un Total Admisible de Capturas (TAC) para 2018 de 28.200 toneladas; 32.240 (2019) y 36.000 en 2020. A España, durante estos tres años, le correspondieron 5.000, 5.532 y en torno a 6.100, respectivamente. De esas cantidades, a Canarias le han asignado 255 en 2018; 438,5 en 2019 y 571,4 toneladas, respectivamente. El Gobierno regional considera que se discrimina a la flota isleña en esa distribución porque en la normativa no se contemplan características medioambientales y sociales de los barcos del Archipiélago, entre otras motivaciones, en lugar del mayor peso que se otorga a aspectos históricos y que, a su juicio, daña a las embarcaciones dedicadas a la pesca de esta especie que no pudieron ser registradas. Por ello, reclama un aumento de la cuota hasta el 10% del total nacional, como mínimo.

Pero el Supremo no comparte los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo regional, aludiendo a las capturas históricas de la flota canaria, que de media anual obtuvo “unas 514 toneladas en los años en que la pesquería se desarrollaba sin problemas de abundancia”. Además, estima que la no inclusión de entre las denominadas flotas clásicas de los barcos isleños (buques cañeros autorizados a pescar en aguas del Caladero Canario), de donde el Gobierno regional esperaba poder aumentar parte de su cuota, “no responde a un criterio discriminatorio, sino que es consecuencia de la situación de dicha flota, derivada de la evolución de su actividad pesquera”, y a la reducción drástica de capturas en los años 80 y 90 en el periodo de reducción y recuperación de la especie. Y añade que la cantidad asignada a las flotas clásicas, del 5,8%, es inferior a la del Archipiélago.

El director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Carmelo Dorta, considera “una pena” la sentencia del Supremo, pero ha anunciado que seguirán intentando aumentar la cuota correspondiente a la flota isleña “por otros vericuetos”. En este sentido, recuerda que la cantidad de toneladas asignada por la vía nacional es de 484,1, a las que se suman 87,3 como compensación de la Unión Europea para las embarcaciones artesanales y es esta partida la que espera poder incrementar. En cualquier caso, Dorta añade que esta sentencia no va a cambiar la cuota actual asignada.

Tras un 2019 desastroso en el que no se capturó la totalidad de la cuota asignada a Canarias, Vicente Rivero, presidente de la organización de productores que más atún acapara en Canarias, Islatuna, dice que uno de los principales problemas en este sentido es que “no se captura porque se sigue asignando cuota a barcos que no pescan túnidos”. Ese año, y a propuesta del Gobierno regional, se cambió la asignación a la flota isleña, con la mitad para los cañeros y la otra mitad para los barcos con artes menores.

En 2020, la llegada del atún rojo a las aguas isleñas entre los meses de marzo y abril ha coincidido con la pandemia derivada de la COVID-19, lo que ha propiciado que hayan pescadores que decidieran no salir realizar las capturas ante las dificultades para darle salida en los canales de venta, donde el precio ha llegado a caer desde los 10 a los 4 euros al kilo. El director general de Pesca del Gobierno de Canarias explica que en julio ya se permite la pesca olímpica de atún rojo y, aunque ahora mismo no hay en los alrededores de las Islas, espera que vuelva entre septiembre y noviembre.

Nulidad parcial del Real Decreto

Por otro lado, el Supremo sí ha estimado parcialmente un recurso contra el mismo Real Decreto, que fue presentado por Pescadores de Carboneras de la Sociedad Cooperativa Andaluza, según explica el órgano jurisdiccional en un comunicado. En concreto, les da la razón en relación al segundo párrafo del artículo 5.1.f, que declaran nulo, en el que se permitía a buques pertenecientes a una misma empresa armadora proceder a la transmisión de posibilidades de pesca de forma definitiva de uno a otro grupo del censo.

Según los recurrentes, este párrafo introducía una excepción en favor de las grandes empresas discriminando a las pequeñas y el Supremo anula esa regulación porque ello va en contra del artículo 28 de la Ley de Pesca Marítima y las limitaciones que establece sobre transmisibilidad de las posibilidades de pesca. Los magistrados recuerdan que el propio titular de la potestad reglamentaria reconoce que, en aplicación del artículo 28 de la Ley de Pesca, es necesario seguir manteniendo las limitaciones en cuanto a la trasmisión entre buques de distinta categoría dentro del propio censo del atún rojo,  y defiende dicho criterio.

“De autorizarse la transferencia definitiva de cuota entre las distintas modalidades se estaría trasladando esfuerzo entre distintas zonas geográficas y con ello los potenciales beneficios de la comercialización del atún en una zona geográfica distinta de la de origen”, con lo que “además, las flotas y artes con mayor capacidad financiera acabarían por acaparar toda la cuota, vaciando de empleo y generación de riqueza a las zonas más deprimidas y más necesitadas de la riqueza que produce la venta del atún rojo”, concluye el Supremo.