Santa Brígida se suma a la suspensión de 4 artículos del decreto de vivienda del Gobierno de Canarias

El Ayuntamiento de Santa Brígida aprobó, en el pasado pleno ordinario correspondiente al mes de julio, con nueve votos a favor (UxGC, Ando Sataute y PSOE) y siete en contra (PP, CC y Vox) la no aplicación de cuatro artículos del Decreto Ley 1/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda del Gobierno de Canarias. Santa Brígida se suma así a otros municipios de Gran Canaria en mostrar formalmente sus discrepancias respecto a esta norma autonómica que invade competencias municipales, siendo a su vez, una decisión permitida por el propio Decreto Ley.

El alcalde de la Villa de Santa Brígida, José Miguel Bravo de Laguna, señaló a este respecto que “la conversión de locales comerciales en residencias podría reducir significativamente la oferta de espacios comerciales, afectando negativamente a la economía local y disminuyendo la generación de empleo”, así como recordó que “el Plan General de Ordenación ya contempla la integración de usos comerciales y residenciales en áreas específicas, promoviendo una vida urbana dinámica”. Por otra parte, el portavoz del PSOE, Carlos Carrión, resaltó que “en el informe jurídico que avala esta posición municipal se resalta que en Santa Brígida hay suficiente oferta de suelo residencial y para la construcción de vivienda protegida”.

El Decreto Ley 1/2024, aprobado a fines de febrero del presente año, incluye una serie de medidas destinadas a incrementar la oferta de edificaciones existentes para aumentar el parque de viviendas. El Ayuntamiento de Santa Brígida busca evitar la aplicación de los artículos 13 a 16 de dicho decreto en todo el término municipal de Santa Brígida, argumentando que la aplicación de los artículos mencionados podría introducir elementos distorsionadores en el tejido urbano de Santa Brígida. Esta decisión subraya la importancia de la autonomía municipal en la gestión del desarrollo urbano y la vivienda. “Es fundamental que los municipios tengan la capacidad de decidir sobre sus propias políticas de desarrollo urbano y vivienda, adaptándose a sus particularidades y necesidades específicas”, concluyó José Miguel Bravo de Laguna.