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10.446 millones claves para la recuperación
Pese a que la vacunación ha limitado sus niveles más devastadores, siguen siendo muy duros los daños que está causando la pandemia de la Covid 19 en todo el mundo. Con un elevado coste en vidas humanas: más de 5,7 millones de fallecimientos hasta ahora. Con su impacto en la salud de millones de personas y en las dificultades para el normal funcionamiento de los sistemas sanitarios y educativos. Con sus graves consecuencias sobre la economía, entre ellas la inflación, y sobre el empleo, mayores aun en las comunidades y estados más dependientes del sector turístico. Hacer frente a semejante desafío exigía y exige un enorme esfuerzo de las distintas administraciones. En el caso del Gobierno de Canarias, en el pasado año 2021 ejecutamos 10.446 millones de euros de gasto publico, casi el 25% del Producto Interior Bruto (PIB) de las Islas, de los que una buena parte iban destinados a neutralizar los efectos más nocivos de la crisis pandémica en las personas y en la economía.
Para poder responder a las múltiples necesidades que planteaba y plantea la pandemia en todos los ámbitos, desde el fortalecimiento de los servicios públicos al apoyo a las empresas, a los autónomos y a los trabajadores y las trabajadoras, resultaba imprescindible que los presupuestos europeos, estatales y canarios estuvieran a la altura de las circunstancias. No se podía repetir lo sucedido en la anterior crisis, la financiera iniciada en 2008, en la que se produjo una absoluta desprotección de la ciudadanía afectada por parte de los poderes públicos, con la aplicación de la austeridad y los recortes que causaron un enorme sufrimiento social. Rescatando a los bancos y no a las personas.
La decisión de suspender las reglas fiscales -posibilitando emitir deuda-, medida que solicitamos desde los primeros momentos de la pandemia, en la primavera de 2020, resultó esencial para dedicar el máximo de recursos públicos a combatir sus efectos sanitarios, económicos y sociales. Permitiendo que se pudiera utilizar el superávit y los remanentes de tesorería de las administraciones; imprescindible para que estas fortalecieran los servicios públicos, impulsaran a la economía y a las empresas, apoyaran a los asalariados y los autónomos y protegieran a las personas más vulnerables.
La cobertura legal de esta suspensión se encontraba en el articulo 135.4 de la Constitución, debido a la recesión y emergencia extraordinaria que, sin duda, se produjo desde los primeros momentos de la pandemia; y de la que no nos recuperaremos plenamente, con toda probabilidad, hasta 2023.
123,2% sobre partidas iniciales
En Canarias, en 2021 ejecutamos un total de 10.446 millones de euros, casi 2.000 millones más de los consignados en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, lo que supone un 123,2% con respecto a las partidas iniciales, que ascendían a 8.474,2 millones. Un porcentaje que se sitúa en el 95,47% si se añaden las cantidades multimillonarias incorporadas en el transcurso del ejercicio, fruto de las transferencias recibidas por las administraciones europea y española, y del uso del superávit.
La mayor parte de los fondos no previstos en la citada Ley y transferidos a Canarias a lo largo del pasado ejercicio se destinaron a las áreas de Sanidad, con 623 millones de euros más; Educación, con 153 millones de incremento; Empleo, con 279 millones o Turismo, con 116 millones adicionales. A estas cantidades hay que añadir los 1.300 millones de euros que se distribuyeron en ayudas directas a las empresas, pymes, autónomos y trabajadores en ERTE de las Islas.
Un significativo incremento respecto al ejercicio de 2020 que fue posible gracias a las intensas negociaciones que desde el Gobierno de Canarias desplegamos para captar recursos adicionales de la Unión Europea y el Estado español en defensa de los intereses de esta tierra. Y que estuvo acompañado por el mayor nivel de ejecución presupuestario del último quinquenio, incluso superior al que se produjo en ejercicios económicos que no estuvieron condicionados por la pandemia, pese a las dificultades del mayor volumen de gasto a gestionar.
Ejecución por capítulos
En el caso concreto de las operaciones de capital (que incluyen los capítulos de inversiones reales y las transferencias de capital), se incrementaron en 150 millones respecto al año 2020, un 18,5% de aumento. La ejecución alcanzó el 77,59%. Los datos provisionales del cierre del ejercicio indican también que las operaciones corrientes (capítulo I al IV) se han ejecutado al 97,75%, aumentando 2.412 millones sobre lo presupuestado originariamente hasta totalizar 9.485 millones de euros. De este importe, 6.690 millones corresponden al gasto en políticas públicas esenciales: sanidad, educación, derechos sociales y vivienda.
Se trata de operaciones muy relevantes en las actuales circunstancias, que han permitido el significativo incremento del personal sanitario y educativo para atender las necesidades derivadas de la pandemia del Covid-19. En concreto, en el capítulo de Personal se ejecutó el 99,1% del gasto disponible, con un incremento de 277,7 millones con respecto a las partidas previstas en la Ley presupuestaria.
Globalmente, en el ejercicio del año pasado las obligaciones de gasto reconocido se elevaron un 24,1% respecto al año anterior, lo que supone 2.030 millones de euros más en comparación con 2020.
Este balance provisional incluye exclusivamente los fondos ordinarios que ha gestionado el Gobierno de Canarias el año 2021, por lo que los recursos de carácter extraordinarios -Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y transferencias por la erupción volcánica en La Palma- no se encuentran contabilizados. Sí lo está, en cambio, el React-EU, cuyo funcionamiento es equiparable al de un fondo europeo ordinario.
Recaudación
Por otra parte, la recaudación de tributos en el Archipiélago alcanzó los 2.291,9 millones de euros el año pasado, lo que supone un incremento del 12% con respecto al ejercicio anterior (2020) y una ejecución del 104,13% sobre lo consignado en los presupuestos de 2021, de acuerdo con los datos provisionales que maneja la Agencia Tributaria Canaria. Esa cantidad supera en 90,8 millones la previsión llevada a cabo por el Gobierno de Canarias en la Ley de Presupuestos de ese año. No acertaron los que acusaron al Gobierno de realizar unas previsiones irreales de ingresos tributarios destinadas hipotéticamente a cuadrar los gastos.
La recaudación de los tributos propios y cedidos fue de 789,4 millones de euros, una ejecución del 118,79% respecto al presupuesto inicial y un crecimiento del 20,16% respecto a 2020 y de -7,8% en relación con 2019, el último año de normalidad antes de la pandemia. La del REF (que incluye IGIC, AIEM y Matriculaciones) alcanzó los 1.502,4 millones, lo que supone una ejecución del 97,78% del presupuesto inicial de 2021, un aumento del 8,16% sobre 2020 y un -13,9% respecto a 2019. Las cuentas públicas para el año actual prevén una recaudación de 2.587,7 millones de euros, una cantidad muy aproximada a lo que se recaudó efectivamente en 2019, que fueron 2.602 millones.
Todos estos datos fiscales también contribuyen a certificar que en 2021 se inició la senda de la recuperación económica, a pesar de los efectos indudables de la quinta ola y el inicio de la sexta de la pandemia. Si convenimos que la recaudación tributaria, parámetro objetivo, es un factor relevante de análisis de la evolución de la economía, hemos de concluir que el año pasado deja motivos para el optimismo, en gran parte gracias a la multimillonaria apuesta del sector público por neutralizar los efectos de la crisis a la vez que reanimar la actividad privada.
En definitiva, el Gobierno de progreso de Canarias cumplió con creces en sus previsiones tributarias para 2021 y lo hizo, asimismo, en la ejecución del gasto presupuestario inicial y definitivo de ese año. Contribuyendo, con esa enorme inyección de dinero público, sin subir impuestos ni incrementar la deuda, a la notable recuperación que se ha producido en la economía y en el empleo. Una recuperación que habrá de ser refrendada y fortalecida en el actual ejercicio de 2022, ya con un progresivo mayor protagonismo del sector privado.
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