Análisis del Manifiesto por Canarias y reforma político-administrativa por José Luis del Castillo Olivares Marrero

Parte primera: consideraciones por puntos de dicho manifiesto

Punto primero: Considero que España actualmente no se puede permitir mantener 17 comunidades autónomas que esquilman el presupuesto del país, tal y como hasta ahora ha venido haciéndose; se debería actuar en el sentido de limitar las competencias de estas, y cualquier estatuto de autonomía en este momento debería ser mirado con lupa, y aprobado sólo en la parte que suponga un bien para la Comunidad Autónoma y para el Estado, y un ahorro para las arcas públicas.

Punto segundo: Por tanto, lo que necesitamos ahora no es un nuevo estatuto, sino una verdadera reforma político/administrativa, que suponga el cambio del “sistema” establecido actualmente, tal y como al final expondré.

Punto tercero: No son las islas las que compiten sino sus representantes, entiéndase políticos, y aquellos que lideran la “opinión publicada”.

Así pues, como la unión hace la fuerza, ha llegado el momento de darle a cada isla el poder que por si mismas ameritan, gestionadas por su Cabildo y supervisado por un Consejo con representación de todas las islas.

Parte segunda: reforma político-administrativa

Que las islas pequeñas han alcanzado una mayoría de edad para autogobernarse, y además hacerlo bien, ha venido siendo visible en las últimas décadas. Un ejemplo de lo que digo es la isla de Fuerteventura, cuya expansión y crecimiento de cara al turismo ha sido asombro de propios y extraños. Por desgracia, la isla de Lanzarote nos da la nota de que un Cabildo mal administrado, puede ser un buen instrumento para asiento del poder de las mafias y de la corrupción. Con esto quiero decir que el sistema de gobierno por los Cabildos me parece idóneo para el momento actual, pero debe ir acompañado de una auténtica reforma del sistema. Desde ese punto de vista paso a explicar la reforma tal y como yo la concibo:

Desaparición del Gobierno Autónomo tal y como está constituido, y traspaso de sus consejerías a los Cabildos.

Composición de los Cabildos: Menos políticos y más técnicos. Desaparición de asesores y cargos de confianza de los políticos.

2a. Ya he puesto de manifiesto en el punto 3 de mis reflexiones la necesidad imperiosa de esta reducción. Los políticos son los representantes del pensamiento del pueblo, y el aval de que se gobernará según lo que el pueblo ha escogido en las urnas, pero nada más. Como gestores han demostrado ser nefastos. No tienen calificación para el cargo que se les designa, y entonces se llenan de asesores y cargos de confianza de su misma cuerda que incrementan el gasto, no lo hacen mejor, y no pagan sus errores. Por eso, el político solo debe ser la correa de transmisión y el supervisor, entre la opción que el pueblo ha escogido y el órgano ejecutor, en este caso el Cabildo. Pongo un ejemplo: Si el pueblo vota que prefiere un gobierno intervencionista, fiscalizador, y que defienda el gasto social sobre todo lo demás, los políticos propondrán y controlarán que los gastos se hagan en ese sentido. Si por el contrario el pueblo prefiere un gobierno menos intervencionista, más a favor de los derechos individuales y de fomentar el crecimiento sembrando el campo propicio por y para el propio crecimiento del individuo, sin olvidar evidentemente las políticas sociales, entonces el político legislará y controlará para que la gestión vaya por ese camino. Pero sólo debe hacer eso, y para ello no son necesarios todos los políticos que hoy en día tienen los Cabildos; yo diría que con menos de la mitad de los que hay serían suficientes.

Los Ayuntamientos y Municipios

Al igual que a los Cabildos, le sobran muchas concejalías que hacen duplicidad con las de otras instituciones, o simplemente no son de su competencia.

3a. Habría que empezar por definir cuales son las competencias de los ayuntamientos: Por ejemplo lo son: la limpieza de la ciudad, la recogida de basuras, mantener limpias las alcantarillas, el cuidado de sus parques y jardines, la conservación de los monumentos y edificios que le competan, policía local y bomberos etc. Pero los que tengan que ver con Sanidad o Salud Pública deberían pasar a la Consejería de Sanidad dependiente del Cabildo, las competencias en educación pasarían a su homólogo del Cabildo, etc.

3b. Al igual que en los Cabildos los políticos serían una representación de la opción elegida por el pueblo, que en unión a los políticos de los Cabildos marcarían la orientación de la gestión según sea el partido más votado. Se entiende entonces que para este menester, al igual que en los Cabildos, sobrarían muchos políticos, asesores y cargos de confianza. De la misma manera, las concejalías las dirigirían los técnicos al igual que se expuso en el punto 2.

El Consejo autonómico

Órgano eminentemente político que pasaría a ocupar el actual gobierno autonómico. Estaría compuesto por políticos de trayectoria reconocida a propuesta de sus partidos. Estos políticos estarían asesorados por un gabinete técnico. El nº de políticos sería designado por los votos que cada partido obtuviese en los comicios, y la designación de estos por isla, también la haría el partido, de manera que podría darse el caso, que una isla menor tuviera mas representantes por ese partido en el consejo que una mayor. Las funciones de este Consejo serían las siguientes:

Primera. Estudiar a propuesta de los Cabildos los gastos que cada municipio conlleve, y por tanto cada isla, y modificarlos o aprobarlos. Lo que decida será publicado en el BOC: transparencia.

Igualmente el dinero para las subvenciones, el reparto de estas a cada isla, como y en que se va gastar, y porque se ha decidido de esa manera, será también publicado.

Evidentemente, todo lo anterior deberá llevar la aprobación firmada tanto por los políticos como por los técnicos responsables.

Segunda. Analizar la viabilidad de los proyectos y presupuestos que hayan propuesto los Cabildos. Estos proyectos serán aprobados o rechazados, y además los organizarán por prioridades, teniendo en cuenta la necesidad que cada isla tenga de estos.

Tercera. Estos proyectos serán presentados a los diputados nacionales para que los defiendan en el parlamento, en orden a que se incluyan en las partidas presupuestarias que se destinen para Canarias.

Cuarta. Al mismo tiempo que se presenten a los diputados nacionales, se publicaran en el BOC los proyectos aprobados y el presupuesto de estos, así como el orden de prioridad que se ha establecido y el porqué de este orden: transparencia.

Quinta. Cuando se hayan aprobado los presupuestos generales, si la partida presupuestaria se acomoda a los proyectos se repartirá tal cual; pero si esta partida presupuestaria fuera mayor o menor se acomodaría a los proyectos a realizar según las prioridades anteriormente establecidas, publicándose nuevamente en el BOC las modificaciones por adaptación a la partida presupuestaria recibida: transparencia.

Sexta. Será obligación “sine qua non” del Consejo Autonómico, vigilar que los proyectos se cumplan en el tiempo establecido y con el costo presupuestado. Toda desviación más allá de lo razonable de este tiempo o costo, será analizada hasta el más mínimo detalle, con el fin de descartar toda sospecha de corrupción.

Séptima. El Consejo Autonómico podrá justificar o no las desviaciones de tiempo y presupuesto en la ejecución de los proyectos. En caso de no justificarlos sancionará al Cabildo según régimen preestablecido. [Por su parte, el Cabildo podrá también sancionar a las empresas que ejecuten los proyectos según se desvíen de lo acordado]. Todo ello será también publicado en el BOC: transparencia.

Octava. El Consejo está obligado a denunciar toda sospecha de corrupción; y en caso de esta comprobarse, asumirá la función de representante del pueblo para que se castigue con la máxima ejemplaridad.

Parte tercera: ventajas de este sistema

Primera. Ahorro considerable en los gastos del gobierno autónomo tal como está concebido hoy, toda vez que se supriman sus competencias, entendiendo por estas las consejerías con todo su aparato político-administrativo-burocrático, en favor de los Cabildos insulares.

Segunda. Mayor poder y acercamiento de este a todas y cada una de las islas, ya que las decisiones, los proyectos y los designios políticos serán tomados por su propio Cabildo.

Tercera. Se podría reformar la Ley electoral para una mayor igualdad entre los canarios. Importantísimo: un ciudadano, un voto igual. Me explico:

Hasta ahora la Ley electoral se guía por la de teoría de la llamada “Triple Paridad”. A decir de los que concibieron esta teoría, lo hicieron así con la buena voluntad de igualar el poder para cada isla, ya que según explican, debido a la desigualdad entre el nº de habitantes de cada isla, se verían perjudicadas las menores por este hecho, pudiendo dar lugar a emigraciones de las islas menores a las mayores, con el consiguiente deterioro que para el archipiélago significaría. Pero dicho en canario “el tiro les salió por la culata, y la buena intención se viró al revés”. ¿Por qué? Porque en lugar de darle mas poder a cada isla, se lo dieron al voto de sus habitantes, de manera que el poder sigue estando en las dos islas mayores, mientras que el voto de un canario de una isla pequeña (el hierro) puede llegar a equivaler el de 100 canarios de una isla mayor (Gran Canaria).

Con este proyecto damos el poder a cada isla por medio de su Cabildo, y sus representantes en el Consejo, previa decisión del partido, puede ser menor, igual o mayor, para cualquiera de las islas, con independencia del nº de habitantes que tenga. Por tanto conseguimos:

Un único archipiélago = un único territorio. Cada isla es soberana sobre sí misma. Cada canario, un voto igual.

Parte cuarta: salvar el escollo de la Constitución

En el momento de crisis que estamos pasando, la vigencia de las autonomías se cuestiona cada vez más. Cada día son más las voces que proclaman que el sistema de las Autonomías ha fracasado por considerarlo un despilfarro insostenible, y que en muchos casos actúan como chantajistas del Gobierno de España. Me atrevo a decir, que la mayoría de los ciudadanos españoles piensan que sobran políticos, que sobran asesores, que sobran coches oficiales, que sobran gastos de representación, que sobran obras inútiles y un sin fin de etcéteras; y sobre todo lo que sobra entre todo esto, es el inmenso y descarado mangoneo que hay entremedias.

Ha sido el mismísimo ministro de Fomento, el que en estos días ha venido a plantear la utilidad de las diputaciones (Cabildos en Canarias), incluso existentes en autonomías con una sola provincia, debido a las duplicidades que tienen establecidas con los Gobiernos autonómicos, por consiguiente a lo superfluo de la institución, y al desparramamiento incontrolado de sus gastos. Esta reflexión de D. José Blanco ha sido acogida con éxito en la mayoría de las opiniones que he escuchado.

Canarias, debido a sus peculiaridades territoriales con marcadas diferencias al territorio peninsular, ha tenido desde 1.910 un régimen diferente y único en España, basado precisamente en los Cabildos Insulares. Esta disposición administrativa es la que debemos hacer valer en estos momentos.; además hay muchos valores en la reforma que presentamos, a saber:

Primero. Disminución de duplicidades entre Gobierno y Cabildos: ahorro.

Segundo. Supresión de las consejerías del gobierno autonómico con todo su aparato burocrático-administrativo: ahorro.

Tercero. Sustitución de Políticos por técnicos: a) ahorro en cargos y b) mucho más ahorro en asesores; pero sobre todo c)ahorro en los errores y gastos superfluos por la falta de calificación para los cargos que ocupan.

Cuarto. Exigencia de responsabilidades a los técnicos: Al no estar sujetos a los cambios con cada ciclo político, no podrán recurrir al manido cuento que utilizan los políticos ahora de: “Esto es culpa de los que estuvieron antes” o “nosotros hicimos todo bien y esto es culpa de los que están ahora”, y al final, unos por otros la casa sin barrer y entre todos la mataron y ella sola se murió: Más responsabilidad de los ejecutores públicos.

Quinto. Mayor control en la planificación de los proyectos (Ayuntamientos), revisión de estos y aprobación por otro organismo superior (Cabildos), y supervisar y establecer prioridades según las necesidades por el órgano supremo (Consejo Autonómico): disminución de la especulación y corruptelas.

Sexto. Control riguroso en la ejecución de los proyectos, con supervisión exahustiva de las desviaciones de lo presupuestado. Más vigilancia de la corrupción.

Séptimo. Publicaciones en el BOC como se expuso: más transparencia.

Por tanto, estamos presentando una reforma que fomenta y consigue el ahorro, disminuye cargos superfluos, es más rigurosa con la planificación de los proyectos y los gastos, pone más control en la aprobación de estos proyectos, establece justas y verdaderas prioridades en el territorio, supervisa que la ejecución de lo aprobado se ajuste a lo presupuestado, en consecuencia debería disminuir la especulación y la corrupción, y encima a todo lo anterior se le exige transparencia y la persecución oportuna de los delitos.

Presentado de esta manera, -en un momento de crisis muy grave, donde todo el mundo se cuestiona la vigencia de las autonomías, en Alemania tenemos el ejemplo de una devolución de competencias al Gobierno central, e incluso el ministro de fomento se plantea una actuación sobre las diputaciones-, una reforma con las ventajas que presentamos, podría servir como un primer borrador de trabajo para adecuar nuestra autonomía al crítico momento actual, sin necesidad de que la constitución tenga que sufrir modificaciones marcadas, encajándola en el marco constitucional actual sin grandes maniobras, aprovechando la ley de Cabildos basada en la particularidad de nuestro territorio.

José Luis del Castillo Olivares Marrero