Diez años sin la mili obligatoria

Coincide esta semana los diez años de supresión de la mili con los 25 años del referéndum de la OTAN, cuando Canarias dijo No y la población española cambió en pocos días de opinión gracias a una extraordinaria estrategia de manipulación política realizada por el gobierno de Felipe González. El gobierno se ha limitado a celebrar los diez años sin mili obligatoria con un acto donde estaban los mandos militares, el líder de UGT (que nunca respaldó a los insumisos encarcelados) y el futbolista Emilio Buitragueño (¿?), todos ellos personajes tan implicados en aquella supresión de la mili como el lobo y el zorro en la protección de las gallinas. Ante este ejercicio de desmemoria y amnesia institucional, conviene recordar aquí qué pasaba en España hace diez años, cómo ocurrió todo aquello.

El 28 de mayo de 1998 aprobó el Dictamen para la profesionalización de las fuerzas armadas. Habían pasado doce años desde el referéndum de la OTAN. El gobierno de Aznar, con el apoyo del PSOE y CC, daba los pasos necesarios para incumplir el referéndum y entrar en la estructura militar. Durante toda la década de los 90 el movimiento antimilitarista se movilizó con fuerza en la calle. La encarcelación de los insumisos hizo más fuerte al movimiento y provocó un aumento de rechazo al ejército. En las manifestaciones en las que se pedía la libertad de los pacifistas y la supresión del SMO se veía a estudiantes, familias, asociaciones, ongs, movimientos cristianos. En ese contexto el Congreso de los Diputados decide iniciar los trámites para suprimir el servicio militar obligatorio y montar un ejército profesional.

Antes de llegar a la supresión del SMO las leyes contra los insumisos fueron muy duras. Las penas de cárcel y de inhabilitación superaban los castigos que el Código Penal daba a violadores, pedófilos o políticos corruptos. Recuerdo a la policía secreta (con Anastasio Travieso, del PSOE, o Antonio López, del PP, de delegados del gobierno estatal) apuntando matrículas de coches de familiares de insumisos en la puerta del salto del negro o pidiendo el DNI en los juicios a los antimilitaristas. Sólo en los tres primeros años el Estado gastó más de 13.000 millones de las antiguas pesetas en propaganda para el reclutamiento.

Ante la falta de personal para la tropa tuvieron que rebajar los requisitos. Se suprimió la exigencia de estar en posesión del graduado escolar, se aumentó la edad de los aspirantes de 26 a 28 años, se rebajó el coeficiente intelectual exigido, se aplicó la excepcionalidad en las leyes de extranjería para poder reclutar a jóvenes latinoamericanos. Con José Bono de ministro de Defensa se aumentó las retribuciones de los militares por encima del incremento del personal de la administración pública, se vinculó la entrada en la tropa profesional con un futuro puesto de trabajo en la guardia civil o la policía nacional. Con todas esas medidas no se lograron los objetivos de tener el mismo número de efectivos con los que se contaba cuando la mili era obligatoria.

Estas cosas conviene recordarlas cuando vemos que el PSOE, el PP y ¡los mandos militares! organizan un acto para celebrar la supresión del servicio militar. Las campañas a favor de los ejércitos y la OTAN continúan. Estos días hemos visto a mandos militares de las islas visitando un periódico acompañados de importantes empresarios. Dicen que quieren promover la cercanía entre el ejército y la sociedad. Visitan al editor de un periódico, le dan una placa y lo invitan a almorzar. A cambio veremos luego las portadas dedicadas a esas fuerzas armadas tan humanitarias, esos portaaviones militares que nos abren sus puertas para que nuestros niños vean las armas de matar de cerca. También predisponen a la prensa a hablar de ese ejército tan humanitario que es capaz de dar botellitas de agua a los niños de Basora apenas unos día después de haber bombardeado los pozos y las acequias de Irak.

Esta campaña de marketing que sirve para que los medios de masas nos entretengan con encuestas sobre los límites de velocidad o la ley del tabaco, pero que jamás nos pregunten si en un planeta donde cada día mueren decenas de miles de personas de hambre o por no tener agua potable, si en un país donde nos recortan los derechos sociales, donde la sanidad se convierte en un negocio, donde el Estado y las comunidades autónomas no sustituyen a la mayoría del personal de Educación y Sanidad que se jubila, en todo este contexto nadie nos pregunta si es ético mantener con el presupuesto público la industria de armamento y el mismo ejército, los mismos gastos militares y bloques militares como la OTAN que contribuyen a mantener un sistema económico que ignora al poder político y obedece a los especuladores financieros.

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Juan García Luján