Ni ayuntamientos ni mancomunidades

En todas las encuestas, públicas o privadas, publicadas en los últimos meses, la constatación de este rechazo a la política y a los políticos es palmaria. Según los datos del Barómetro Continuo de Confianza Ciudadana, de julio de este año, publicados por El País, “el desencanto político ha terminado alcanzando a los Ayuntamientos. Por su cercanía al ciudadano, la tónica tradicional ha sido una mejor evaluación de los gobiernos locales en comparación con otros niveles de la Administración. Tras tantas informaciones sobre mala gestión o corruptelas, la ciudadanía los sitúa ahora, junto con Gobiernos de Comunidades Autónomas, por debajo incluso de las empresas multinacionales en lo que a credibilidad se refiere”. Como podrán comprobar, da en el clavo. A la ciudadanía española le merece más respeto en estos momentos, por ejemplo, Exxon Mobil, Shell o BP, causantes de expolios a países empobrecidos y enormes daños al Planeta, que sus propios ayuntamientos. Y ya esta empezando a pasar lo mismo con los funcionarios, la educación, la sanidad?Es lo que hay y nos lo estamos ganando a pulso, por acción u omisión.

Si bien en los dos últimos años, un día sí y otro también, no han dejado de aparecer en los medios de comunicación noticias sobre los municipios a los que se acusa, de manera genérica e insensata, de corrupción, despilfarro o endeudamiento irresponsables, en los últimos meses el acoso ha sido brutal, hasta el punto de que para muchos periodistas y analistas -en sintonía, por cierto con Berlusconi- habría que hacer desaparecer a buena parte de ellos, sin que nadie disponga de ningún estudio sobre el ahorro que supondría esta medida. En la mayoría de los casos son aportaciones a vuela pluma, como dejándose llevar por la corriente, pero en otras se vislumbra una clara orientación premeditada para ir directamente a buscar el desprestigio de la administración pública más valorada por los ciudadanos.

Ya sé que he escrito mucho sobre el municipalismo, pero no me puedo sustraer en estos momentos a manifestar mi franca discrepancia con los que, de manera genérica, pretenden ir a degüello de los ayuntamientos, protagonistas fundamentales del apuntalamiento de un sistema de servicios y calidad de vida de primer orden. Un editorial de El País del año pasado afirmaba que era “justo reconocer que la mejora de la calidad de vida en España ha sido, en gran medida, resultado de las políticas municipales, que han asumido la construcción de infraestructuras y el establecimiento de nuevos servicios especialmente útiles a los ciudadanos por su proximidad”. Para Joan Subirats es imprescindible entender “que solo desde una mayor capacidad de acción, de recursos y de responsabilidad de los actores más próximos a los problemas (empezando por los gobiernos locales) podremos lidiar con la complejidad de la situación actual (?) Sin gobiernos y comunidades locales más fuertes no aseguraremos salidas a la crisis que consigan que sus costes sean los menos dramáticos posibles y que la nueva era pueda hacerse sobre nuevas bases de compromiso y responsabilidad compartida”.

Pero claro, las consignas son otras y el seguidismo que se hace de ellas, sin ningún tipo de cuestionamiento -y que va calando peligrosamente- no cesan de insistir ? así ha sido en los últimos meses- en que son una maquinaria insaciable para el dispendio y para generar deudas (hoy mismo una periodista pretendidamente rigurosa de RNE afirmaba muy seria que decir deudas es decir ayuntamientos).

A pesar de ello, los datos, tozudos, nos vuelven a decir lo contrario: los municipios han tenido que asumir en los últimos años más de un 32% de competencias impropias (más de siete mil millones de euros al año) sin que hayan entrado en ninguna negociación de transferencias ni se les haya dotado de una Ley de Financiación; frente al dato objetivo de que la inversión pública ejecutada por los municipios ha sido considerablemente mayor que la de las comunidades autónomas, el traspaso de fondos a éstas representa un 30%, mientras que a los municipios apenas llega un 13%; los municipios suponen en la actualidad el 13% del gasto público total en España, frente al 58% del Gobierno central y el 29% de las autonomías; la deuda española total es del 400% del PIB y de ella solo el 16% es pública (muy por debajo por cierto de la de Alemania o la media europea), pues bien de ese 16%, el 45,9% corresponde a deuda de la administración central, el 10,9% a las comunidades autónomas y el 3,3% a las entidades locales. Pero es más, por cada 100 euros que los ciudadanos pagan en impuestos, 60 corresponden a tributos del Estado, 34 a autonómicos y sólo 6 van para los entes locales; además, los impuestos directos suponen el 50% de la financiación de los ayuntamientos y sólo un 20% en el caso de las autonomías ¿Dónde está entonces el derroche y la mala administración? ¿En los sueldos de los alcaldes, como se ha insistido también estos días, y que, como señaló la Fecam recientemente, apenas suponen en su conjunto el 1% del presupuesto general de la administración y que, como insisto yo, en un noventa y tantos por ciento son más bajos que los de cualquier director de un instituto?

Como dice el presidente de la Federación de Municipios de Cataluña, “el problema sigue siendo garantizar los servicios sociales a nuestros conciudadanos, mantener los puestos de trabajo y administrar las guarderías, los polideportivos, los centros cívicos, los teatros, las bibliotecas?Roza el absurdo que nuestra gran riqueza, todo lo que la gestión municipal ha dado a los pueblos, villas y ciudades de España en los últimos 32 años ahora se convierta en un problema”.

Pero las cosas no vienen bien dadas. Van a seguir insistiendo en la necesidad de hacer desaparecer municipios y limitar su trabajo ?para lanzar otro mensaje a los mercados, probablemente-, un auténtico atentado a la democracia, “no solo por el arraigo histórico y social o por razones de desarrollo económico sino, sobre todo, por la inoportunidad de suprimir los espacios más propicios a la participación ciudadana”, como apunta Manuel Zafra, profesor de la Universidad de Granada, sino que también, a pesar de que todo el mundo apuesta por su implantación como un instrumento extraordinario para aunar esfuerzos y propiciar ahorros en la gestión de los servicios, el PP acaba de anunciar que declarará la guerra a las mancomunidades de municipios, “que no son rentables”, según asegura su ponencia territorial.

Como dice Jordi Sevilla: “eliminar de un plumazo siglos de reflexión sobre el carácter público del Estado para convertirlo en un agente económico más es un reduccionismo audaz en términos académicos, pero peligroso en la vida real porque dinamita principios que han costado muchos esfuerzos y sacrificios conquistar”. Pero van a intentarlo de todas las maneras posibles.

Antonio Morales Méndez