El dato figura en una auditoría sobre recursos humanos de la Intervención General de la Comunidad Autónoma. Nada menos que el 39,60% del empleo público canario es temporal y los laborales ya doblan el número de funcionarios. La congelación de plantillas ha obligado a contrataciones temporales que acaban, con el tiempo, convirtiéndose en fijas por la vía judicial que no pondera méritos y capacidades para el ejercicio de la función.Nada ocurre por casualidad. Estamos ante un mecanismo clientelar que ignora la ley. “Yo te meto al chiquillo en la Consejería y que aguante allí un tiempito y vaya luego al juez, que lo hará fijo”. Podría ser la fórmula stándard que le ahorra al recomendado oposiciones, concursos y esas boberías y asegura al político fidelidades. Así las cosas, es normal que Santa Cruz de Tenerife concentre más empleados autonómicos que Las Palmas de Gran Canaria, diferencia que en Presidencia del Gobierno es del triple. Es lógico: manda ATI y no va a hacerse su clientela en otras islas, donde no pueden votarle. El clientelismo bien entendido empieza por uno mismo y lo practica mediante el llamado técnicamente compadreo bananero que cuenta con el apoyo de sus socios grancanarios, faltaría más. Nada nuevo bajo el sol.A ver si con el embullito levantan también el secreto sobre el monto de las recaudaciones por islas de los arbitrios. Desde que los áticos llegaron al Gobierno para quedarse fijos no disponemos de esa información que consideran sensible por alguna razón sin duda interesada. Hay premio para quien la adivine.Mientras, esperaremos sentados la liquidación del presupuesto 2007 para conocer su grado de ejecución. Un dato relevante porque, si no es suficiente, habrán quedado ociosos unos dineros que, de arrojar cantidades significativas, darían la medida de la incapacidad gestora del Gobierno; lo que nos permitiría calibrar mejor las protestas contra los presupuestos estatales 2008. O sea: sabríamos si Zapatero nos odia y por eso nos castiga, como dice ATI-PP (CC es una entelequia) o tendríamos que preguntarle al Gobierno para qué exige más fondos si luego los dejan muertos de risa.