Constitución, reforma imprescindible

La crisis económica, pero asimismo política e institucional, afecta también a la Constitución de 1978. Señalada en los últimos tiempos, por algunos, como responsable directa o indirecta de casi todo lo que está pasando. Defendida, por otros, como un texto sagrado e incuestionable, aunque esos mismos no tuvieron el menor pudor al modificar su artículo 135 en pocas semanas, con nocturnidad y alevosía.

Resulta evidente que la Constitución estuvo marcada, en su gestación, por las especiales condiciones históricas del momento, un Estado que salía de una dictadura de casi cuatro décadas y en la que distintos poderes seguían en manos de los que apoyaron y sustentaron al franquismo y su brutal represión.

Pero, siendo justos, hay que destacar también que las fuerzas políticas de entonces hicieron un enorme esfuerzo por alcanzar un texto de consenso que permitiera avanzar en la democracia, caminar hacia un estado social y posibilitar el reconocimiento a las diversas realidades territoriales. Y, con aciertos y errores, en este marco constitucional se produjeron numerosos avances en la democracia, en el progreso y en la igualdad.

La Carta Magna, aprobada en referéndum en diciembre de 1978, hizo que los ciudadanos y ciudadanas eligieran libremente a sus representantes en las instituciones, desde los concejales y alcaldes a los diputados, optando entre una amplia gama de formaciones políticas de todos los colores, de izquierdas y derechas, estatalistas y nacionalistas.

Posibilitó que, en el Estado español, se conquistara un modelo de sanidad universal, situado sin dudas entre los más avanzados del mundo. Así como extender el derecho a la educación al conjunto de la población y elevar notablemente su nivel.

Permitió también que se diera un cambio radical en la igualdad entre mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de la sociedad. Así como aprobar leyes que profundizaban en la igualdad de los homosexuales y las lesbianas, y convertir en derecho lo que antes era objeto de la caridad, mediante la aprobación de la ley de la dependencia.

Por otra parte, en el terreno de la descentralización y del reconocimiento de la pluralidad nacional, abrió la etapa más interesante de nuestra historia. En el caso de nuestra comunidad posibilitando, por primera vez, contar con un Parlamento y un Gobierno con importante capacidad de decisión, así como alcanzando niveles de desarrollo en los servicios públicos y en las infraestructuras que hasta entonces se nos habían negado.

Servicios públicos

Si hoy se observan significativos retrocesos en los servicios públicos, insuficientemente financiados y que han recibido recortes brutales en los últimos años, es por decisiones de los gobiernos, empeñados en lograr los objetivos de déficit sólo y exclusivamente reduciendo el gasto público; en vez de procurar –con una fiscalidad justa y progresiva y combatiendo decididamente el fraude y la evasión fiscal- una mejora de los ingresos de las administraciones para dar adecuada respuesta a las necesidades ciudadanas.

Si hoy se producen algo más que tentaciones de recortar los derechos de las mujeres es por la presencia, en el Gobierno estatal, de una formación política conservadora, con mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado. Si hoy se padecen constantes tics centralistas es por el dominio de un partido que cree poco en el desarrollo autonómico y que no entiende el carácter plurinacional del Estado español.

Para cambiar las cosas hay que modificar las actuales mayorías por otras con programas volcados en los intereses generales, en la profundización de los derechos nacionales, en la defensa de los servicios públicos y en la protección de los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad. Y eso se puede comenzar a hacer en las urnas en las locales y autonómicas de mayo de 2015.

Pero, al mismo tiempo, se hace imprescindible adaptar la Constitución a los tiempos actuales abordando, sin miedo, una profunda reforma de su texto. Lo que, no hay que olvidarlo, no puede afrontar ninguna fuerza política en solitario ni con insuficientes mayorías sociales y políticas. Su modificación exige mayorías cualificadas en el Congreso y en el Senado. Y refrendo ciudadano.

En nuestro caso, defendemos que se blinden, en la Carta Magna, los servicios públicos y los derechos ciudadanos, y no la deuda y el déficit que sólo benefician los intereses de minorías, eliminando, por tanto, el actual contenido del artículo 135. También es necesario establecer un debate sereno sobre el modelo de Estado, que permita a la ciudadanía pronunciarse sobre la continuidad de la monarquía o el establecimiento de una república.

Estado federal

Planteamos, además, una reforma en el título VIII para consolidar un auténtico estado federal asimétrico, que reconozca la pluralidad nacional y posibilite el encaje de las distintas naciones y nacionalidades así como la capacidad de las comunidades autónomas para decidir su relación con el Estado. Y el reconocimiento diáfano de las especificidades de comunidades como Canarias, especialmente los derechos económicos y fiscales de las Islas. También la reforma del Senado y del sistema electoral, incorporando el referéndum como forma normalizada de pulsar periódicamente el sentir de los ciudadanos sobre temas que les afectan.

Es modificable todo pero a través de un complejo procedimiento, con iniciativa del Gobierno o de las cámaras y mediante mayorías reforzadas.

Soy consciente de que hay temas que suscitan un mayor nivel de consenso que otros. Asimismo de que, en función de las mayorías parlamentarias que deparen las próximas elecciones generales (el PP ha vuelto a insistir esta semana en su abierto rechazo a entrar en un proceso de reforma constitucional), podrá abordarse o no; y que la orientación de esas mayorías determinarán en buena medida su alcance.

Pero también considero que esa vía, la de la reforma en profundidad, con consensos entre las formaciones políticas, con opinión y refrendo de los ciudadanos y ciudadanas, con entendimiento entre las distintas realidades territoriales, es la que va a posibilitar una Constitución con presente y futuro. Los que desde posiciones inmovilistas, como el PP, impiden hoy su revisión y actualización le hacen un flaco favor a la Carta Magna. Por el contrario, de su reforma y ratificación por la ciudadanía, saldrá mucho más reforzada y legitimada.