No hay democracia sin Estado del Bienestar

Europa parece caminar no sobre suelo firme, sino sobre una fina cuerda que en cualquier momento puede romperse. Una gran parte de la población europea ha dejado de percibir a la Unión Europea como fuente de esperanza y bienestar para vislumbrarla como un manantial de malas noticias y amenaza para la democracia. La hegemonía política de la derecha europea ha supuesto un profundo deterioro de los derechos sociales, la normalización de la precariedad como argamasa de la competitividad y del crecimiento económico y, lo que aún es más grave, la reclusión de la democracia a un papel secundario. Y si en el siglo pasado el apotegma predilecto del establishment neoliberal era “no hay democracia sin mercado”, ahora, bajo la impronta de la derecha, el mercado anestesia a la política, esquiva la soberanía popular y enerva la democracia. Contrarrestar este furibundo ataque a los derechos sociales y políticos requiere que el lema de la izquierda del siglo XXI sea: “NO HAY DEMOCRACIA SIN ESTADO DEL BIENESTAR”.

En España, además de padecer los cruentos resultados sociales de los recortes, andamos enfrascados en el combate identitario. Tras el éxito de la manifestación soberanista que tuvo lugar en Cataluña el pasado once de septiembre, es necesario sortear, desde un posicionamiento de izquierdas, la avalancha política de los nacionalismos. Los agravios no se curan infectando las heridas y las distancias no se acortan por mucho que se quiera eludir el tiempo. En el debate sobre el Estatuto de Cataluña, Manuel Azaña afirmaba: “Pues bien, un pueblo vivo, adulto, como el pueblo español, cargado de historia, de experiencia, lleno de dolores, de esperanzas, de creencias frustradas, es un pueblo que no puede admitir una Constitución rígida, impuesta por un Parlamento, fanatizado por una doctrina política”. Hoy, 81 años después de aquel memorable discurso, la izquierda española tiene que hacerse cargo de que el Parlamento, votando una Constitución inflexible como el granito, no puede tener la pretensión de reformar a un pueblo. Por ello, somos conscientes de que “SIN REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑA NO SERÁ”.

Este documento se propone abordar escuetamente las dos cuestiones mencionadas, sin que ello quiera decir que para Izquierda Socialista no existan o fueran menores otros temas que preocupan a la gran mayoría social.

1. ESPAÑA

En la actualidad, España es una nación en la que su ser se encuentra en zona gris, esto es, su futuro depende de cómo abordemos la cuestión territorial. Si de lo que realmente se trata es de que la frontera interior de España no termine por resquebrajarse, entonces hemos de partir de un hecho insoslayable: la Constitución de 1978 ha finiquitado. Paradójicamente, gran parte de responsabilidad en ello la tuvo el Tribunal Constitucional con su sentencia 31/2010, de 28 de junio, sobre el Estatut de autonomía de Cataluña de 2006. El Tribunal Constitucional actuó como cuarta cámara enfrentada al Parlament de Catalunya, a las Cortes Generales y a la voluntad ciudadana expresada en las urnas en un referéndum. Ese dictamen del Tribunal Constitucional provocó la radicalización del nacionalismo catalán hasta entonces moderado, la desafección ciudadana y la efervescencia del soberanismo. A partir de ese momento fue calando en las calles de Cataluña el sentimiento de que no ya la convivencia sino la conllevancia con España es inviable y que, ante la ausencia de reconocimiento a la voluntad de ser nación de Cataluña, es preferible fundar un todo a parte (Estado propio) que ser parte de un todo (España) que niega su especificidad. Incluso después de la masiva manifestación en la Diada de 2012, el rey de España inauguraba la página web de la Casa Real con una carta en la que aludía implícitamente al pueblo catalán y prevenía a los españoles contra quienes persiguen “quimeras”. Acorde a la arqueología política borbónica, en su misiva Juan Carlos I apelaba al sentido histórico de la unidad nacional como si ésta no hubiera sido cuestionada y cuestionable. Por esta y otras razones, Izquierda Socialista descarta la propuesta del secretario general del PSC, Pere Navarro, en la que solicita a la Corona que lidere una segunda transición y ejerza de mediadora entre Cataluña y el gobierno de España.

Es quimérico pensar que el futuro de España no requiere una profunda transformación del Estado de las Autonomías. Como también es obtuso afirmar que la Constitución de 1978, producto del pacto de la transición, plasma la realidad plural de España en su Título VIII.

España es un Estado-nación plural, esto es, un Estado compuesto por distintas naciones culturales que exigen un inequívoco reconocimiento de sus hechos diferenciales. Los socialistas somos internacionalistas y por ello no apoyamos al independentismo que postula la secesión de las naciones que integran España. Tanto el nacionalismo españolista como los nacionalismos periféricos comparten la tesis de que a cada Estado le corresponde una única nación y a cada nación un Estado único. Por el contrario, la izquierda, acorde a la tradición republicana, afirma que España es una nación de naciones, que su realidad es plurinacional. Es un hecho, una realidad, que el Estado español en el siglo XIX se moldeó sobre el ejemplo francés: el unionismo centralizador y uniformizador jacobino. Pero también es un hecho y una realidad que no se pueden ahogar los sentimientos diferenciales, las distintas particularidades que tienen los pueblos de España. La historia nos enseña que el futuro de España pasa por el expreso reconocimiento de las naciones que la componen.

Cataluña, el País Vasco y Galicia son naciones y, por tanto, tienen derecho a la diferencia, pero este derecho no puede ni debe significar diferencias de derechos. Los hechos diferenciales de orden cultural, lingüístico, etc., jamás pueden justificar privilegios de derechos cívicos, sociales o económicos. Sólo una izquierda sumisa al nacionalismo españolista frustra el reconocimiento de la diversidad nacional dentro de la frontera interior de España y sólo una izquierda subordinada a los nacionalismos periféricos elude la confrontación dialéctica con las corrientes independentistas. Los nacionalismos, sean periféricos o español, se fundamentan en la exclusión del otro y se alimentan con la exclusión de lo otro. Su basamento y destino es la exclusión.

El único remedio eficaz contra ambos nacionalismos es la integración y la inclusión. Los socialistas estamos obligados por responsabilidad histórica a liderar una solución amistosa y cooperativa ante la grave situación actual, ofreciendo a la ciudadanía una propuesta federalista clara y viable. El federalismo que defiende la izquierda es el “federalismo cooperativo”, capaz de articular la diversidad del Estado desde el máximo reconocimiento de las legítimas diferencias de sus territorios, a la vez que garantizando la igualdad de derechos de las ciudadanas y ciudadanos. Asimismo, dada la diversidad de naciones que forman España, el federalismo que proponemos es “plurinacional”. El modelo de federalismo “uninacional”, como son los casos de EE.UU y de Alemania, no puede encajar en la realidad nacional española.

Si queremos impedir que la fractura identitaria termine en un choque frontal entre nacionalismos irreconciliables, entonces tendremos que convenir que el proyecto de un federalismo plurinacional para España, si bien no es la panacea de todos los males, es el que mejor se ajusta a la realidad española. Somos conscientes de que el verdadero problema de España es el progresivo aumento de la desigualdad interterritorial y la creciente fractura social intraterritorial y que ello no se cura con la emoción que pueden dar las banderas. El unionismo catalanista, vasquista o españolista forman parte del problema y no de la solución.

Nada atenta más contra la equidad que el privilegio, pues donde acampa el privilegio mora la injusticia. Nuestro ordenamiento financiero genera de hecho un sistema “confederal”, suscitando de este modo un sentimiento de agravio comparativo entre los territorios. Concedidos privilegios a unos, es lógico que otros se pregunten “¿por qué a nosotros no?”. En consecuencia, para erradicar del suelo español los agravios territoriales hay que revisar los mecanismos de negociación del cupo vasco y del convenio económico navarro. No cabe la menor duda de que la foralidad otorga al País Vasco y a Navarra un muy ventajoso régimen de financiación con relación al resto de las comunidades autónomas. La revisión del cupo y del convenio no implica la anulación de la Disposición Adicional Primera de nuestra Constitución la cual “ampara y respeta los derechos históricos forales”, sino de lo que se trata es de que tanto Euskadi como Navarra, en virtud de su especificidad histórica, no obtengan privilegios económicos y, por consiguiente, contribuyan a la solidaridad interterritorial como cualquier otra comunidad autónoma. Todo ello es perfectamente compatible con el Concierto, solamente hay que introducir en la negociación del cupo y del convenio las correcciones pertinentes para que el País Vasco y Navarra no obtengan ventajas respecto al resto de los territorios. De este modo no daremos excusas a que el víctimismo o el egoísmo ventajista forjen sentimientos de antipatía entre la gente y tampoco daremos lugar a que la monserga nacionalista recabe crédito popular.

Únicamente reconociendo los distintos demos que configuran España podremos librarnos del atolladero nacionalista. Y también únicamente respetando el principio de equidad y solidaridad interterritorial e intraterritorial podremos salir de la encrucijada que plantean los nacionalismos. Lo cual implica que el conjunto de la izquierda establezca una respuesta desde el FEDERALISMO PLURINACIONAL Y COOPERATIVO.

¿Estamos a tiempo para frenar la deriva soberanista? ¿Llegamos a tiempo para ofrecer un proyecto común sugestivo de convivencia entre los pueblos de España? Sí, si hay voluntad política para ello. Los requisitos son:

Primero: FORMAR UN FRENTE COMÚN DE LA IZQUIERDA SOCIAL Y POLÍTICA en torno a la reforma de la Constitución. Los partidos de izquierdas tanto a nivel territorial (PSC e Iniciativa per Catalunya) como a nivel nacional (PSOE e I.U.) y los movimientos sociales de izquierda han de buscar un posicionamiento común frente a los nacionalismos. El modelo de Federalismo plurinacional y cooperativo posibilita un marco básico para el acuerdo.

Segundo: DEROGAR EL CINTURÓN DE HIERRO QUE SUPONEN LOS ARTÍCULOS 167 Y 168 DEL TÍTULO X DE LA CARTA MAGNA PARA LA REFORMA CONSTITUCIONAL. La Constitución tiene muy escaso margen para su reforma y, por tanto, la apelación a la legalidad no podrá detener la legítima aspiración que tienen los catalanes a realizar una consulta sobre si quieren o no formar parte de España.

Tercero: RECONOCER QUE CATALUÑA, EUSKADI Y GALICIA SON NACIONES. El hecho de que sean naciones culturales no implica, como pretenden los nacionalistas, que tengan que constituirse en naciones políticas, es decir, en Estados independientes. España es una nación de naciones y apreciar en sus justos términos esta realidad histórica supone asumir que el Estado español es plurinacional. Un Estado plurinacional no es una pluralidad de Estados. España no ha sido nunca resultado de una conjunción de Estados ni tampoco una confederación de Estados o de naciones. Euskadi, Cataluña y, con menor intensidad, Galicia tienen voluntad de ser naciones, no sólo regiones, esto es, son algo más que una mera delimitación territorial. Tienen voluntad de ser nación y, desde un punto de vista político, reúnen las características para serlo. ¿Por qué rechazar este hecho? Negarlo abona la semilla nacionalista, la fortalece e incentiva el sentimiento independentista.

Cuarto: ACEPTAR EL DERECHO A DECIDIR como mecanismo para dilucidar democráticamente lo que quieren los catalanes y catalanas. La población de Cataluña tiene derecho a decidir si quiere o no separarse de España. Política es asumir riesgos y aceptar desafíos. Aceptar el derecho a decidir no implica de suyo adoptar la estrategia soberanista y tampoco, en pleno siglo XXI, significa equipararlo con derecho de los pueblos colonizados a la autodeterminación. Dentro de España jamás hubo colonias. Para los socialistas lo mejor para Cataluña y para España es que no haya divorcio; lo que ocurre es que si no queremos la escisión, entonces tendrá que haber entre el todo y las partes una nueva relación, un nuevo contrato ciudadano y territorial. Sólo así saldremos de esta encrucijada. No obstante, el derecho a decidir debe expresarse en un referéndum constitucional que ratifique o no el nuevo texto de la Carta Magna en el que se configura ese Estado federal plurinacional. La izquierda debe evitar la encerrona nacionalista que tiene la pretensión de convocar la consulta dentro de los márgenes de la actual Constitución y, por tanto, proponer la celebración de dicho referéndum inmediatamente después de haber modificado el ordenamiento constitucional vigente.

Quinto: REFORMAR EL SISTEMA FINANCIERO ESTATAL con el objetivo de erradicar las asimetrías fiscales y de establecer el principio de que cada comunidad aporte según sus posibilidades (riqueza, PIB) y reciba según sus necesidades (población, infraestructuras), con alguna corrección si es necesario.

Sexto: BLINDAR CONSTITUCIONALMENTE LOS DERECHOS SOCIALES (SANIDAD, EDUCACIÓN, EMPLEO, JUBILACIÓN Y VIVIENDA) puesto que dichos derechos no son de segunda categoría y, en consecuencia, subordinados a los derechos civiles y políticos. La izquierda no puede aceptar la pretensión de la derecha de relegar estos derechos a una posición subalterna para, en última instancia, convertirlos en mercancías y, de paso, someterlos a la privatización. Los derechos sociales deben tener el mismo amparo y garantías que, por ejemplo, el derecho a la libre expresión.

Séptimo: MODIFICAR LA LEY ELECTORAL con el objetivo de la circunscripción electoral no sean las provincias sino las regiones.

Octavo: REFORMAR EL SENADO PARA QUE SEA UNA CÁMARA TERRITORIAL. La nueva Constitución debe establecer claramente la delimitación entre la Cámara Alta y la Cámara Baja, donde el Senado represente exclusivamente a los territorios y el Congreso a los ciudadanos.

Estos son los mimbres para ahormar una posición común en el ámbito de la izquierda. Mientras que la derecha españolista demanda la recentralización y el nacionalismo periférico, cuando no obtiene asimetrías que configuran privilegios, gira rumbo al separatismo, la izquierda en su conjunto plantea como punto de encuentro un modelo de Estado plurinacional y cooperativo para España mediante la reforma de la Constitución.

2. EUROPA.

En Europa la democracia ha sido secuestrada por la tecnocracia. Pero la tecnocracia no es ajena a las ideologías: el paradigma dominante es la ortodoxia neoliberal. En gran medida, los tecnócratas han conseguido descargar el peso de su responsabilidad en el fracaso de la integración europea haciendo gravitar la crisis económica exclusivamente sobre las espaldas de los políticos. De esta manera, degradando a los políticos, logran derrotar a la política, es decir, el control democrático de la economía. El objetivo del neoliberalismo es manifiesto: liberar a la economía de la política, hacer que la economía escape de cualquier control político. El problema consiste en que mucha gente cree en este infundio: ha calado el tópico de que todos los políticos son iguales y que lo mejor que puede suceder es que se vayan todos. Probablemente no todos se irán y los que sobrevivan sean los peores: los populistas.

La peor respuesta que pueden dar los pueblos europeos al vaciamiento de la política es el avance de los nacionalismos y del populismo. Ambos tienen un poderoso atractivo: la fuerza de la emoción irracional. Y si la izquierda no quiere evaporarse ante los actuales desafíos de la globalización económico-financiera, tendrá que aunar sus fuerzas contra el devastador ataque que está sufriendo el Estado del bienestar. Cuando la derecha, a través de su poderosa red en los medios de comunicación, trata de adoctrinar a una población desolada con mantras tales como “no hay otra salida”, “lo único posible es la alternancia sin alternativas”, “sálvese quien pueda”, la izquierda no puede resignarse a aceptar el dictado de poderes antidemocráticos (BCE, FMI, Comisión Europea...). El epicentro de la política tiene que estar en los Parlamentos y no en oscuros tecnócratas subyugados por el poder económico.

La muerte de la socialdemocracia está asegurada si es incapaz de superar los egoísmos nacionales. Si pierde su horizonte global, terminará encajonada en la barbarie. En definitiva, si la socialdemocracia no quiere perder su razón de ser, tiene que dar el salto sobre sus fronteras territoriales. Preservar lo poco que queda de la conquista de los derechos económicos y sociales dentro de las fronteras nacionales cuando el ataque es global no es sino alistarse al ejército de la derrota. El reto de la izquierda europea es no dejarse encandilar por la antorcha de los nacionalismos. La luz de esa antorcha puede ser fuerte pero jamás suplirá la luz solar: el hombre del hombre es hermano.

Los derechos económicos y sociales son fruto de una larga y dura lucha. No hay derechos caídos del cielo como tampoco los hay sin un conflicto previo. La fuente histórica del derecho es la fuerza y la garantía de su permanencia también es la fuerza. Por consiguiente, la amenaza de pérdida de derechos tiene que encontrar una resistencia proporcional a la fuerza que pretende derrumbarlos. Esta es la “contundencia” que le falta a la izquierda europea y, por tanto, para contrarrestar el implacable vigor del neoliberalismo deber centrar sus energías en la batalla por la justicia social. Nuestra causa es la lucha contra la desigualdad y nuestra estrella la emancipación del hombre en la tierra, habite éste donde habite.

El gran peligro que corre la socialdemocracia europea es que sea cada vez más irrelevante su presencia en las instituciones. Tres son sus posibilidades: primera, continuar atenazada a los dictados de los eurócratas sin dar un giro que rectifique el camino emprendido, lo cual la llevará a claudicar políticamente; segunda, promover la rectificación del actual modelo de integración europea sometiendo al poder económico-financiero a las demandas de la ciudadanía; y, por último, romper con el euro e iniciar la vía nacional.

De las tres alternativas la segunda, sin duda, es la mejor para todos. La solución no reside en asumir el enorme sacrificio social que exige la eurozana y resignarse a la creciente desigualdad interterritorial (una Europa del Norte rica y acreedora que receta el austericidio a la Europa del Sur pobre y endeudada) y a la fractura social intraterritorial. Tampoco es un buen desenlace la ruptura del euro o salirse de la zona euro, aunque si no ponemos remedio al predominio político del centro-derecha alemán quizá lo mejor sea abandonar el euro. En consecuencia, a la izquierda le urge cambiar el escenario. Es indispensable conjuntar a otras fuerzas políticas de izquierdas, a los sindicatos de clase, a las distintas plataformas ciudadanas que se manifiestan contra las privatizaciones, el deterioro social, etc., a la Confederación Europea de Sindicatos, en un proyecto común: salvar el modelo social europeo de las embestidas de la derecha.

Esta es nuestra apuesta, difícil pero no imposible. Mas vale tener un horizonte por delante que flotar en el vacío del nihilismo postmoderno.