Nuestra democracia ''saqueada'' por los corruptos

Los altos índices de indigencia y pobreza que afectan a nuestra sociedad tienen, en los actos de corrupción, una de sus causas principales, porque cuando los fondos cuyo destino es la mejora de la calidad de vida de le población sólo mejoran la fortuna de funcionarios y habitantes que realizan negocios con ellos, el malestar del habitante aumenta y se multiplica. Máxime cuando estos actos no son patológicos y aislados, sino que se repiten en la trama ordinaria y habitual de nuestra realidad. Así, la ratificación de los pactos de derechos humanos y su elevación a rango constitucional se tornan en meros actos declarativos que, en la realidad, sólo producen efectos limitados. La corrupción impide que muchos habitantes gocen de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad psicofísica, a la vivienda? La corrupción mata, sin orden de matar. Pero la sociedad debe ser consciente de que las cuentas bancarias, las casas fastuosas, los dólares que aparecen en bolsas o en valijas, se nutren de los cuerpos muertos que yacen bajo tanta tumba sin nombre. La supuesta trama de corrupción política en el ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote se une a otros casos similares con trasfondos urbanísticos en el Archipiélago Canario. En Telde (Gran Canaria): “caso Faycan”, imputadas más de 34 personas. En Tenerife, “caso de Las Teresitas”, imputadas once personas por tráfico de influencia, malversación de fondos públicos y cohechos. El sumario está pendiente de resolución. En Santa Brígida (Gran Canaria): “Operación Brisán”, imputados dos personas por corrupción municipal y urbanística. En Mogán (Gran canaria), “Operación Góndola”, imputado una persona por cohecho y malversación de caudales públicos. Firgas (Gran Canaria); imputada una persona por un delito de prevaricación e irregularidades en la concesión de tres licencias urbanísticas. San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria); imputada una persona por un presunto delito de malversación de caudales públicos u falsedad documental contra un edil. Valle Gran Rey (La Gomera); imputada una persona por prevaricación. Del mismo modo, y al igual que Canarias, otras comunidades como Andalucía; Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Navarra, Región de Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana, también se han visto afectadas por los casos de corrupciones de sus respectivos representantes políticos y funcionarios.

Esta es la dura y triste realidad de nuestra democracia española. Muchas son las personas al frente de las instituciones gubernamentales de España y Canarias que emulan a Julián Muñoz. Ya no es solamente el ex alcalde de Marbella el que se convierta en un corrupto. Ahora, hay muchos más que le siguen. No obstante, y si algún día la Justicia española decide seguir indagando en algunos ayuntamientos de las autonomías de España y Canarias, seguramente nos encontraremos con más de un Julián Muñoz. Tiempo al tiempo.

Rafael Lutzardo