Economistas, periodistas, política y dogmas

El otro día leí un titular de periódico que decía: “La burocracia resta al archipiélago una quinta parte de su riqueza”. Y el subtitular decía: “Los empresarios calculan en 9.500 millones el impacto del exceso de normas sobre el tejido productivo. Los pequeños negocios son los más perjudicados”. No sé si que los periodistas carecen de ética periodística, que no tienen ningún tipo de formación en metodología de las Ciencias Sociales, o que los economistas liberales se han convertido en los únicos poseedores de la verdad, y logrado que lo que plantea una de las corrientes de la economía se consideren dogmas sobre los que no cabe debatir. En realidad, creo que cualquier persona sensata entiende que no es lo mismo decir: “un estudio encargado por CEOE plantea que la burocracia reta al archipiélago la quinta parte de su riqueza” que decir “la burocracia reta al archipiélago la quinta parte de su riqueza”. Cuando entré a leer el artículo, y a intentar comprender la metodología que se había utilizado para llegar a dichas conclusiones, me encontré con una primera novedad. Se afirma que el coste tiene que ver con el “coste de oportunidad”, que definen como “el coste de oportunidad” como “toda esa riqueza que deja de generarse durante los meses -años en ocasiones- que debe esperar una empresa de la construcción hasta que se les den los correspondientes permisos y licencias”. Desde mi humilde punto de vista, ésta no es la definición del concepto más ampliamente aceptada, como puede verse, por ejemplo, en Wikipedia o Economipedia. También se argumenta un mantra constantemente repetido por los empresarios, que el exceso de burocracia hace que muchas inversiones que se habían interesado por Canarias acaben materializándose en otros lugares. Haciendo notar que el estudio hace referencia específicamente al sector de la construcción, a mí se me ocurre un titular alternativo: “La burocracia aporta al archipiélago una quinta parte de su riqueza”.

A nadie se le escapa que una de las reivindicaciones más tradicionales de las asociaciones patronales es la defensa del REF, que básicamente implica exenciones que favorece la inversión en Canarias. Para empezar, nos benéfica la burocracia, por un nivel de ingresos más bajos: el IGIC es sistemáticamente más bajo que el IVA. El REAF favorece la importación de ciertos alimentos. Gracias a los descuentos de residente, los canarios nos podemos mover de forma más económica. Yo, que llevo casi veinte años viajando en barco casi una vez a la semana entre Gran Canaria y Tenerife, he podido ver que gracias a eso se ha creado un mercado regional: el movimiento entre estas dos islas es extraordinario, desde pequeños autónomos del sector de la construcción, que van y vienen el día a hacer una obra en la otra isla, hasta mercancías que pueden producirse en una isla y venderse en la otra porque el coste y frecuencia del transporte lo hacen posible. Por otro lado, a nadie se le escapa que las ayudas al cine han hecho surgir todo un sector que no antes no existía en la economía canaria, el audiovisual. De ahí que me atreva a afirmar, para generar polémica, que las ayudas estatales aportan a las islas una quinta parte de la riqueza. Claro que para que todas estas ayudas sean posibles han de pasar por una burocracia que garantice la igualdad ante la ley, pues de lo contrario se caería muy fácilmente en corruptelas. Hace ya un tiempo era conocida una anécdota de un Presidente de USA que decía que quería contratar economistas mancos, porque cada vez que pedía asesoramiento le respondían: de una mano esto, de otra mano lo otro. Me parece legítimo que en una sociedad democrático algunos actores defiendan una sociedad con una menor intervención y me parece lógico que las asociaciones patronales la adopten. Pero no parece legítimo que lo planteen como “es lo que nos enseña la economía”: desde la aparición del COVID se han vuelto a poner de modas las políticas económicas neo keynesianas que no defienden precisamente eso. Y, por otro lado, me parece un planteamiento poco coherente. Sí, seguramente, si nuestra economía tuviera menos intervención estatal, habría menos burocracia. Pero entonces, ¿cómo justificar las ayudas al transporte de mercancías y personas? ¿O al sector audiovisual? ¿O a las energías alternativas? Porque es obvio que sería mucho más rápido dar esas ayudas sin burocracias, pero a ver cómo podríamos estar seguros entonces de que percibe la ayuda quien verdaderamente la merece. 

En realidad, algunas de las cuestiones que a cabo de comentar se contemplan en el cuerpo de la noticia, pero el titular no transmite esa idea. Por supuesto, todo esto es debatible, y me parece muy respetable que todo el mundo no comparta mis ideas. Pero creo que, para poder contribuir a una opinión pública sanamente democrática, es necesario que los medios cuides sus titulares. Imaginen ustedes que lo que han leído viniera bajo el siguiente titular: “La burocracia aporta al archipiélago una quinta parte de su riqueza”. Y el subtitular fuera: “Un profesor de la Facultad de Economía, especialista en Sociología económica, plantea que la quinta parte de la economía canaria, desde el plátano al transporte, pasando por las producciones cinematográficas, son posibles solamente gracias a las subvenciones y la burocracia”. En el periodismo tradicionalmente se diferenciaba entre artículos de opinión y noticias. Si alguien difunde una información con el objetivo de influencia en la opinión pública, los medios deberían saber ver que eso es opinión, y no presentar como hechos lo que realidad son opiniones.