¿Habrá, al fin, una nueva ley electoral canaria?

Con el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias prevemos –los más inocentes optimistas– que haya, al fin, un nuevo sistema electoral canario. Que dicho sea, es una siniestra quisicosa en el más aberrado en los sistemas electorales de toda la España democrática, a pesar de sus incongruencias en los repartos de los votos en los sufragios electorales con el sistema d'Hondt; y asimismo, de toda Europa.

Y ahora, con este recién legalizado Estatuto de Autonomía para Canarias por el Senado español el pasado día 6 del presente mes, que entre otros, en su conjunto de leyes impone que es preceptivo por la nueva legislación, que tiene que ser modificado este disparatado sistema electoral que solo se atiene a intereses espurios de determinados partidos insulares.

Fue este sistema electoral creado a la medida de los nacionalistas, que por consentimiento de las demás fuerzas políticas para que estos no se exasperaran y ejercieran el derecho al pataleo (como de siempre han hecho en la isla picuda en todas las negociaciones sociales y políticas desde antaño, arrimando el ascua a sus egoístas causas y tropelías).

Estos pretendían, como han llevado a la práctica hasta ahora, alcanzar los votos de las islas no capitalinas mediante un tahúr algoritmo en su propio beneficio político. Son los mismos políticos que se tildan de nacionalistas amantes de su tierra canaria, y que solo tienen patriotas defensores de todas las islas el adjetivo en su denominación política. Como así ha sido durante más dos décadas de gobierno continuado desde la existencia de la Autonomía Canaria.

El beneficiado de este ilegal sistema en todos los comicios ha sido Ati y todo el conjunto de los nacionalistas que forman CC. La tercera fuerza política en votos en Canarias no puede ser la primera en escaños y gobernar la Autonomía. Es ilógico que con este sistema de votación y recuento, puedan las islas periféricas obtener, por un hipervalioso voto individual que este valga casi 20 votos de los emitidos en el mismo sufragio de las islas capitalinas.

Por ley natural, constitucional y absolutamente democrática, la equivalencia es de un voto por persona. Y cualquier otro recuento cocinado por los gurús en sus pócimas políticas interesadas en beneficio de una facción partidista son marrullerías de fulleros en una entropía electoral. Estas reglas electorales rayan lo caciquil de otrora, que en tiempo del presente siglo tienen que ser justas y regladas en la limpia contienda democrática por todos los partidos.

Muy a pesar de la oposición de los dirigentes de CC, quienes quieren continuar con este sistema electoral que les eternice en los mandatos, arrogándose la supremacía de ser los herederos naturales para legislar la tierra donde han nacido, y con el presunto derecho de hacer sus políticas y dictaminar la convivencia social. Por ello han tenido que tragar hiel y ya se han manifestado contra la adversidad que para ellos supone este nuevo sistema electoral que tiene la probidad de Ley orgánica, y que anteriormente había sido aprobado por toda la cámara canaria (Psoe, Pp, Nueva Canarias y Podemos) en contra de su llorada oposición.

El ya injusto y paranormal sistema electoral canario de la triple paridad quedó abolido, desde que ha sido publicado este nuevo Estatuto Canario en el BOE (6 de noviembre de 2018). Ha sido vencido, tanto por la persistencia de los ciudadanos canarios que hemos criticado esta deformada ley electoral desde hace muchos años, como también de plataformas ciudadanas y de determinados partidos políticos.

Si bien estos y otros partidos poco han experimentado repulsa alguna en este aspecto, quienes siempre han preferido ser la comparsa de Ati-CC, que entrar a formar gobierno por la legalidad de unos votos que por mayoría, fueran ganados en las urnas de forma legal y limpia, si hubiera habido otro sistema electoral. (Aquí hay que hacer memoria y un justo reconocimiento al apreciado Antonio Castellano Auyanet, quien publicó tantos artículos en la prensa contra esta errada ley).

Espero, junto a otros tantos demócratas y honrados ciudadanos en el juego electoral, que en las elecciones del próximo año 2019, se lleve a efecto esta nueva ley electoral y se cumpla la legal obligación democrática de: una persona, un voto. Y esperamos que el actual gobierno de CC para proseguir en su, no tan democrática elección gubernamental, no haga ninguna triquiñuela ‘legal’ para impedir que se cumpla el electoralismo sano y totalmente democrático.

Tendrán que respetar con toda la mesura política y el orden establecido y en cumplimiento de las leyes estatutarias, que por parte de los actuales gobernantes canarios respeten el inalienable derecho de los votantes a otorgarles el mismo valor a cada voto al margen del lugar donde hayan nacido o moren actualmente, a elegir en su libre albedrío y tendencia ideológica la facción política que crea adecuada.

Un tiempo antes de las elecciones sabremos si se ha cumplido ese escrupuloso respeto a la legalidad vigente en su nueva ley y al amparo constitucional, que se recoge en la letra del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. Ley electoral canaria de la que carecía la anterior como derecho igualitario en el sufragio universal en una democracia.

Hechos que anteriormente hemos visto en las Comisiones de Estudios para la reforma electoral que se llevaron a efecto en el Parlamento autonómico, en la que CC hizo de abogado del diablo, haciendo que su único cometido era el dilatar el tiempo –que incluso hizo esperar al Parlamento Nacional con todo el Estatuto ya redactado–, el emborronar las opiniones contrarias y crear una ciénaga de las versiones de cada uno de los expertos invitados y de los partidos políticos, en sus locuciones en favor (o en contra) de esa reforma electoral.

A lo peor y en virtud de su derecho de pérfida réplica, encontrará los actuales dirigentes, por mor de perder la poltrona, algunos recursos de amparo en el mismo Estatuto de Autonomía, que según comentan los leguleyos, existen algunas lagunas sobre la aplicación de una disposición transitoria de cómo se votará en la doble urna: la propia insular y la territorial, ante la carencia de una ley del Parlamento de Canarias y mediante la aplicación del acuerdo al que llegaron los partidos políticos, citados anteriormente, para la reforma de la ley electoral.

Y sin la menor duda, que ya estarán los servicios de abogacía del Gobierno de Ati-Cc hincando codos en la lectura de la letra pequeña, para que no entre en vigor dicha legalidad democrática, contenida en el nuevo sistema electoral para las próximas elecciones.