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Fiscalidad y electoralismo

Un hombre se dispone a repostar en una gasolinera de Madrid. EFE/Diego Fernandez

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El sector público ha resultado esencial en la respuesta a las crisis que hemos vivido estos años, ante los estragos de la pandemia de la Covid 19, que desplomó nuestra economía, muy dependiente de la movilidad, o ante las consecuencias devastadoras de la erupción del volcán de La Palma; ahora, también, frente a los efectos de la guerra y de la elevada inflación. Y esa respuesta solo es posible con captación de recursos de otras administraciones y adecuadas políticas fiscales, esenciales para disponer de los recursos suficientes para el mantenimiento de los servicios públicos, el desarrollo de las inversiones en infraestructuras, el apoyo a los distintos sectores económicos o el que se da a las personas más vulnerables. 

Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Esto señala el artículo 31 de la Constitución. Por su parte, nuestro reformado Estatuto de Autonomía de 2018 recoge entre los principios rectores de los poderes públicos canarios (artículo 37), “una política económica y fiscal destinada a un crecimiento estable y, de forma prioritaria, a la consecución del pleno empleo y la redistribución equitativa de la renta y la riqueza entre los ciudadanos y ciudadanas de Canarias conforme a los criterios de justicia social”.

Minorías

Varias comunidades autónomas gobernadas por el PP están procediendo a eliminar impuestos que afectan a las minorías más enriquecidas, en un Estado en el que el 1% de la población tiene el 25% de la riqueza global. Ocurre con el impuesto de patrimonio, de titularidad estatal pero cedido a las comunidades. En Canarias el mínimo exento en este impuesto lo tenemos establecido en idéntica cantidad a la que fijó en su momento el Estado, 700.000 euros, sin contar con la vivienda habitual siempre que ésta esté valorada en menos de 300.000 euros. Es decir, los patrimonios de hasta un millón de euros quedan exentos de pagar. Son unas 6.500 personas, solo el 0,2% de la población, las que superan ese mínimo en las Islas, y se recaudan unos 30 millones. Mientras que en el IRPF tenemos un millón de contribuyentes y supone más de 3.200 millones entre los tramos estatal y canario. 

Esa eliminación del impuesto de patrimonio lleva a una reducción de ingresos para el sostenimiento de la educación, la sanidad o los derechos sociales. Todo ello en un modelo impositivo en el que las rentas del trabajo y del consumo contribuyen por encima del 82% al total de los ingresos frente a una mucho menor contribución, en torno al 18%, de las empresariales y del capital. Hay que resaltar que la presión fiscal en el Estado español está varios puntos por debajo de la media de la Unión Europea (42%). España se sitúa en el 36% y Canarias, por su especificidad fiscal, en el 24%, muy alejadas de la que tienen los estados con mayor presión en relación con su PIB, que son Dinamarca, Francia, Bélgica, Suecia e Italia. Las injustificadas reducciones de impuestos a los más ricos por determinadas comunidades autónomas roza el cinismo, además, cuando esas rebajas fiscales para beneficiar a unos pocos van acompañadas por la exigencia sistemática de mayores ingresos estatales. 

Derechas canarias

Las derechas canarias también comparten ese discurso y piden rebajas del IGIC, sin atender las consecuencias sobre el bienestar de la mayoría de la sociedad por sus efectos en las cuentas públicas. No solo en las del Gobierno, sino en las de los ayuntamientos y de los cabildos que reciben el 58% de lo que recauda el bloque canario de financiación frente al 42% que corresponde a la Comunidad Canaria. Lo hacen en un momento de incipiente recuperación, donde la economía canaria crece tres puntos más que la estatal y el empleo registra un récord histórico de afiliados a la Seguridad Social. Sí, la recaudación aumenta, pero lo hacen mucho más los gastos sociales, especialmente en los servicios públicos, y el impacto de la inflación en los costes de las administraciones.

En primer lugar, el IGIC afecta poco a la inflación. Hay que señalar que nuestro tipo general del IGIC es del 7%, un tercio del IVA estatal (21%). Que la inmensa mayoría de los productos que integran la cesta de la compra -carnes y pescados, pan, leche, frutas, verduras, hortalizas, cereales, quesos, papas…- tiene en Canarias tipo cero, con lo que obviamente no se puede rebajar, y en el Estado oscila entre el 4 y el 10%. Que también tienen tipo cero los medicamentos y los productos de higiene femenina (10 por ciento en el resto del Estado), el transporte de viajeros o la electricidad del 96% de los consumidores. También es del 0% para el combustible, frente al 21% estatal. O el gas. Y devolvemos, además, el cien por cien del impuesto de combustible a los profesionales.

En segundo lugar, nuestro planteamiento y nuestra práctica, en la oposición y en el Gobierno, siempre ha sido coherente. Defiendo elevar los impuestos a quienes están sacando un enorme beneficio de la actual crisis, como ocurre con las eléctricas, en consonancia con lo que también plantea la Comisión Europea. Así como poner topes a los precios energéticos. Somos partidarios de una fiscalidad progresiva sostenida en que paguen más los que más tienen y combatiendo el fraude fiscal. Por tanto, somos contrarios a una rebaja lineal de los tipos del IGIC y a una rebaja general del tramo autonómico del IRPF, que no discrimina entre quienes más o menos pueden aportar por sus niveles de ingresos.

Intervenciones puntuales

Pero sí que somos favorables a intervenciones temporales, quirúrgicas, como hemos venido haciendo en el período reciente. Mediante la implementación de ayudas directas a los sectores económicos y sociales más afectados y bajadas selectivas de impuestos; como hemos hecho respecto a la deducción del impuesto de combustibles para profesionales del transporte, la agricultura y la ganadería agrícolas; o aplicando el IGIC tipo cero para el material sanitario en la pandemia de la Covid 19 y también con el tipo cero a los bienes y servicios destinados a reparar y reactivar cualquier actividad económica cuyas instalaciones se hayan visto afectadas por la erupción del volcán de La Palma; rebajando, además, otros impuestos en la isla bonita. Sin descartar en el próximo futuro la implementación de más ayudas directas y deducciones fiscales a las rentas medias y bajas, especialmente en materia de vivienda. 

También estamos haciendo un buen uso de los fondos estatales y europeos. Logrando, en primer lugar, que estos reconocieran nuestras singularidades y respondieran a la mayor afección de la crisis de la Covid 19 en la economía y el empleo en las Islas. Y, además, gestionándolos bien. Al respecto, Canarias fue una de las dos únicas comunidades que aprovecharon el cien por cien de las ayudas estatales a empresas por la Covid 19. Un global de 1.144 millones de euros, mientras que el resto (salvo Baleares que dispuso de mucho menos, 856) devolvieron cientos de millones, cifra que conjuntamente alcanzó más de 1.700, el 25% de los 7.000 millones de ese paquete de ayudas directas. Y, además, Canarias puso otros 150 millones adicionales, también correctamente ejecutados.

Las políticas fiscales no son un capricho ni deben estar sujetas a posiciones e intereses electoralistas. Son claves para lograr un funcionamiento adecuado y justo de las sociedades desde el compromiso común, la solidaridad y el mayor aporte de los que más tienen. Permiten que el bienestar alcance a la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas, mediante el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales, así como el resto de las infraestructuras y servicios, protegiendo, además, a los más vulnerables. Sin una fiscalidad justa y progresiva es imposible alcanzar los mayores niveles de cohesión social. Los que, alegremente, bajan impuestos a los más ricos, están detrayendo para el resto recursos de la sanidad, la educación o la lucha contra la pobreza, potenciando la desigualdad. No se trata de bajar o subir impuestos para quedar bien, porque la fiscalidad es algo tan serio y determinante que su modelo debe configurarse con el máximo rigor, con sosiego y, a ser posible, con consenso.

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