Fortalecer la democracia

Lo que toca es resistir, en defensa de la democracia y del Estado Social. De ambas cosas, porque la imposición del capitalismo más agresivo irá socavando los cimientos de la democracia. Porque la defensa de las Instituciones y derechos democráticos, la preservación de las garantías de una opinión pública libre, es el último baluarte de los sectores sociales que no pueden esperar otra protección que la del Estado. Por eso, la estrategia conservadora tiene como prioridad la reducción del Estado a su expresión mínima y actúa con indiferencia o con complicidad ante el deterioro de la calidad democrática.

Digo resistir porque la experiencia demuestra que, en ocasiones, puede resultar más útil ejercer un contrapeso desde la sociedad, por medio el ejercicio de los derechos civiles y políticos, que convertirse en un rehén al frente de gobiernos que no gobiernan, de instituciones muy inermes ante el poder financiero y el de los mercados, ante los que acaban doblegándose. Con un coste adicional incalculable: la frustración y la deslegitimación de cualquier alternativa al actual estado de cosas que produce comprobar cómo gobernantes, hasta el teóricamente más poderoso cuya elección tuvo materialmente un carácter político global, se ven obligados a hacer exactamente lo contrario de lo que prometieron. Refuerzan la idea, permítanme volver (sólo un momento, lo prometo) al Marx de los “Manuscritos económico-filosóficos?”, de que el paro, la miseria y el inmenso dolor humano que este modelo de globalización producen constantemente son el fruto de un proceso natural e irremediable que obedece a unas leyes, tan científicas y irresistibles como las de la naturaleza, cuya comprensión es patrimonio exclusivo de una élite de economistas, ejecutivos y revolving doors que transitan de los pasillos y las nóminas del poder financiero a las del FMI o del Banco Mundial.

El capitalismo es un régimen de economía y de sociedad basados en la propiedad privada y en la herencia, en la libertad de empresa, economía de mercado (aunque no necesariamente en régimen de libre competencia) y en un orden social y político que garantice el funcionamiento de esos mecanismos e instituciones fundamentales. Pero no está ligado necesariamente a la libertad política ni a la democracia. Por eso coexiste tan cómodamente con dictaduras, tengan la cobertura ideológica que tengan, siempre que les garanticen ese tipo de orden económico y social. Y si ese orden social implica encuadramiento autoritario de los trabajadores y privación de derechos laborales y sindicales, mejor. Porque favorece el control de los costes sociales y laborales y, por lo tanto, la maximización de beneficios.

La defensa de la democracia y del Estado Social no puede quedar en manos de quienes no creen en ellos. Por eso, su preservación requiere una identificación rigurosa de lo que está pasando y de las dificultades con las que habrá que enfrentarse. La convicción de que tras esta crisis hay una encrucijada: o la barbarie de un capitalismo implacable, o el establecimiento de un nuevo orden mundial, económico (superando la suicidas creencia en el crecimiento ilimitado) y político. Un orden basado en el respeto a la libertad y a los derechos humanos, en relaciones de intercambio justas y en la cooperación entre los pueblos. Y en el respeto a la Naturaleza.

Porque mantener la economía internacional con el patrón de funcionamiento que nos ha llevado a esta crisis es, a todas luces, inviable. Conservar indefinidamente el statu quo que supone el disfrute de un elevadísimo nivel de renta, de consumo, de gasto social por parte de un número muy limitado de países, manteniendo a una inmensa mayoría de países y de la población mundial bajo el umbral de la pobreza, es políticamente imposible. Lograr que el nivel de riqueza y de consumo de los “países desarrollados” se alcance por el resto de la Humanidad, es biológicamente impracticable y harían falta varios planeta-tierra disponibles. Y no los hay.

Luego el sistema económico del futuro requerirá redistribución del bienestar, del que ha venido disfrutando una minoría de los habitantes del planeta, replanteamiento de las relaciones entre la economía y los recursos naturales, y abandono de la fantasía suicida del crecimiento ilimitado. Y ante este panorama, queda patente la contradicción entre una globalización económica, desregulada, conducida por el capitalismo más agresivo, que ha adquirido una lógica propia que juega con los gobiernos estatales y con intereses y necesidades esenciales de los seres humanos y la ausencia, que es casi imposibilidad, de poner en pie un sistema político globalizado capaz de introducir reformas en la economía globalizada. Digo casi imposibilidad, extrapolando la sentencia de Upon Sinclair tantas veces citada por Stiglitz o por Toni Judt: difícil, si no imposible, será la puesta en pie de un orden político global, si los intereses de quienes se benefician de este déficit de gobernanza y los gobiernos que los representan dependen de que todo siga como está. Es decir, “los mercados” gobernando el mundo.Por eso, la primera línea de defensa de la democracia y del Estado Social consiste en reforzar la legitimidad de la democracia: reformando los sistemas electorales para garantizar la representatividad y el pluralismo de las Instituciones, así como el funcionamiento democrático de los partidos y asociaciones políticas, y desarrollando los procedimientos de democracia participativa. Y haciendo mucho más eficientes el funcionamiento del sistema político y la gestión de las políticas sociales. Hay que evitar a toda costa facilitarles excusas a sus detractores. Por eso, hay que proponer una reducción del gasto superfluo del sistema político, de forma que todo euro disponible se aplique realmente a garantizar los derechos esenciales de ciudadanía que identifican ese modelo de Estado y de sociedad y los servicios públicos que los materializan.

No quiero dejar de subrayar que la necesidad de desarrollar la democracia participativa no implica una devaluación de la representación política, como técnica de la democracia, ya que es un logro civilizatorio imprescindible: hasta que se consolidaron los parlamentos y los gobiernos representativos, fue imposible concebir la democracia en el marco de grandes sociedades humanas que, hasta entonces ,no habían conocido otros sistemas de gobiernos que los despotismos y autoritarismos de todas las gamas.

En un país como España, cuyo sistema político es ampliamente descentralizado para dar respuesta a su pluralidad territorial y sociológica, y para afianzar sus fundamentos democráticos (después de siglos de vigencia del binomio centralismo-autoritarismo), la reducción del gasto público superfluo debe realizarse, no tanto a costa de suprimir entidades territoriales, aunque haya voces que proponen la eliminación de las diputaciones provinciales, como redefiniendo correctamente las funciones, el coste y , en consecuencia, la planta de las Administraciones Públicas para que hagan lo que es realmente necesario y lo hagan eficientemente. No es tarea fácil ni política ni técnicamente. Pero es imprescindible e inaplazable. Y, además, reduciendo radicalmente el número de miembros que componen los órganos de gobierno de Instituciones y entidades públicas y el de los que perciben retribuciones con cargo a sus presupuestos. Seguramente esta tarea será más ardua, si cabe.

Para que las medidas de esta naturaleza no tengan -hablando de España- como efecto no deseable un fortalecimiento del bipartidismo, es decir una reducción del pluralismo político, deben ser acompañadas por reformas en la legislación electoral que contribuyan a que las Instituciones representen con mayor fidelidad la diversidad de intereses y actitudes existentes en la sociedad. Y que atenúen, como exigencia muy mayoritaria, el excesivo poder que a las direcciones de los partidos políticos concede el sistema de listas bloqueadas y cerradas, poder que tuvo su justificación durante la transición para articular el sistema de partidos, muy debilitados después de muchos años de proscripción. La disminución del poder de las burocracias partidistas contribuirá eficazmente a su democratización interna y a que la democracia contemporánea no sufra la interferencia negativa derivada del déficit democrático de sus principales actores.

La inseguridad que producen crisis económicas y atentados terroristas ha sido la tradicional excusa de la supresión de la democracia y la aliada preferida de los enemigos de las libertades. Sin embargo, la salida de esta crisis requerirá liderazgos políticos muy fuertes y estrategias muy compartidas. Y a esos liderazgos y estrategias sólo los legitima de verdad le democracia. Más y no menos democracia.

*Santiago Pérez es concejal en el Ayuntamiento de La Laguna de X Tenerife (Socialistas X Tenerife, Izquierda Unida y Los Verdes)

Santiago Pérez