El fracaso de la séptima legislatura

Este Parlamento, sus mayorías, han contribuido a que Canarias se encuentre donde se encuentra, es decir, a la cola en educación, en sanidad y en aplicación de la Ley de la Dependencia. Ha sido el responsable de aprobar presupuestos para la Comunidad Canaria que disminuían la inversión pública y retrasaban la salida de la crisis, cuando se precisaban otras medidas para combatir el desempleo y la creciente pobreza; cómplice de la marginación de ayuntamientos y cabildos, de la desaparición de los planes sectoriales, y, asimismo, de los desequilibrios entre islas.

Lejos de impulsar la participación, este Parlamento la cercena. Sucedió así con la ley de iniciativa popular sobre el crecimiento turístico, que no se permitió siquiera que fuera debatida. Otras iniciativas populares trasladadas a la Cámara han quedado pendientes para el Parlamento que se constituya tras elecciones de mayo. De entrada anuncio que el grupo parlamentario de NC facilitará el debate de las mismas y contribuirá a enriquecer sus contenidos. Con especial atención a la Ley de mejora de la Educación, por la trascendencia de este servicio público que precisa superar el grave deterioro al que le ha sometido el actual Gobierno canario.

Asimismo, el Parlamento ha sido incapaz en este período de proceder a la renovación de los órganos que acababan su mandato (Diputado del Común, Audiencia de Cuentas, Consejo de Administración de la Radiotelevisión Canaria y Consejo Consultivo), que han prorrogado su composición cuatro años, sobre la base de la representatividad parlamentaria de los comicios de 2003, desacreditándolos por completo.

Estatuto

El Parlamento tampoco ha sido capaz de sacar adelante la necesaria reforma del Estatuto de Autonomía, sacrificado por conservar el actual sistema electoral al Parlamento canario, el de las barreras del 30% en la circunscripción insular, que excluyó a 150.000 votantes en 2007 (el 16,3% en el conjunto de Canarias, el 23% en Gran Canaria y el 36% en Lanzarote) y que impidió el acceso a fuerzas políticas con elevada representatividad, como ocurrió en Lanzarote y Gran Canaria.

Se ha dejado escapar la posibilidad de aprobar un nuevo Estatuto en las Cortes Generales, coincidiendo con la reforma de otros Estatutos de Autonomía, mejorando las competencias de Canarias y, sobre todo, incluyendo el actual artículo 96 del REF que obliga a que Canarias esté en los Presupuestos Generales del Estado al menos en la media de la inversión estatal regionalizada, así como procediendo al blindaje del resto de los aspectos del REF. Para darnos cuenta de la trascendencia de este tema hay que recordar que las cinco comunidades (Cataluña, Andalucía, Baleares, Aragón y Castilla-León) que, en la reciente reforma de sus Estatutos, han incluido una cláusula de salvaguarda de las inversiones del Estado en sus territorios, han logrado estar en la media o por encima de ella en la inversión en los PGE de 2010 y de 2011. Por el contrario, las inversiones en Canarias están 242 millones de euros por debajo de la media de inversión estatal en los PGE para 2011, situación que se repite año tras año. De manera nítida, PP y ATI-CC han antepuesto a los intereses de Canarias el mantenimiento del sistema electoral que le permite a la actual mayoría perpetuarse en el poder.

Lo aprobado durante la legislatura también merece una reflexión. El Parlamento dio el visto bueno, sin consenso, a la Ley de Medidas Urgentes, rompiendo la tradicional unanimidad alcanzada en las anteriores leyes territoriales. Una Ley que supuso una contrarreforma de la legislación territorial vigente (Ley de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales y Directrices de Ordenación General y del Turismo). Asimismo, sacó adelante una neocentralista Ley del sistema eléctrico, que permite al Gobierno poder ejecutar instalaciones pasando por encima de las corporaciones locales y omitiendo los instrumentos de planificación territorial de la energía eléctrica.

Mientras, incumplía de forma flagrante con el Plan Energético de Canarias (PECAN), aprobado en 2003, y no desarrollado, lo que condiciona el terrible balance de que las Islas cuenten sólo con un 4% de producción renovable, frente al 22% del Estado y el 70% de Navarra.

Catálogo

Además, este Parlamento pasará a la historia por la disminución de la protección de la biodiversidad que supone la nueva Ley del Catalogo canario de especies protegidas, ardid utilizado para poder descatalogar los sebadales de Granadilla. Asunto que también ha dejado ridiculizado al PSC, cuyo portavoz, Hernández Spínola, garantizó solemnemente que el Ejecutivo central presentaría un recurso de inconstitucionalidad a esa Ley y ha tenido que agachar la cabeza cuando, tras los acuerdos parlamentarios PSOE y CC a nivel estatal, el Gobierno de Zapatero ha renunciado a presentar tal recurso. O por esperpentos tan lamentables como la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre niños desaparecidos, utilizando un tema tan doloroso para argumentar falta de seguridad en Canarias y buscar justificación a su pretensión de poner en marcha, en medio de la crisis económica, su pseudopolicía canaria.

Tras las elecciones del 22 de mayo se abrirá una nueva etapa política en Canarias. Con un nuevo Parlamento que tendrá una composición más plural y que, además, representará mejor a la voluntad ciudadana. Y en el que los diputados y diputadas de Nueva Canarias trataremos de contribuir a modificar los modos y maneras que han marcado la VIIº legislatura. Nos comprometemos firmemente a ello porque creemos que Canarias precisa una mayor calidad democrática y porque es la única manera de comenzar a revertir la actual situación de profundo desafecto ciudadano hacia la política.

Trabajaremos para que el Parlamento esté al servicio de los intereses generales de la ciudadanía de las Islas y volcado en la mejora de la economía, la creación de empleo y la calidad de los servicios públicos; para que cumpla fielmente su función de control al Gobierno; para que posibilite la participación ciudadana en la vida política; para que defienda a Canarias en el contexto estatal; para que dé un tratamiento equilibrado a los distintos territorios insulares y colabore con ayuntamientos y cabildos; y para que, asimismo, tenga entre sus tareas centrales modificar el actual sistema electoral canario.

Román Rodríguez