Frustrante Debate

La presidencial fórmula de abordar la realidad de Canarias tiene muchas trampas que quedaron al descubierto a lo largo de las sesiones parlamentarias. Una de ellas, la de atribuir los éxitos a la gestión propia y los fracasos a las responsabilidades del Gobierno central. Así, si el PIB de las Islas crece en 2008 una décima por encima de la media española, Rivero concluye que es gracias a la acción de su Ejecutivo. Sin embargo, si se destruyen 75.000 empleos en el último año y el paro se coloca siete puntos por encima del Estado español, es culpa de Zapatero y de sus políticas económicas. Por cierto, por momentos pareció que no se estaba analizando la situación del Archipiélago, como corresponde al debate, sino juzgando al Gobierno central, tanto por el presidente como por los portavoces de los grupos que le apoyan.

Para Rivero, el Gobierno canario fue el único que se anticipó a los huracanados vientos de crisis mundial; se le olvidó añadir que ello no se notó ni en los Presupuestos de 2008 ni, más recientemente, en los de 2009, en los que, de forma contraria a cómo debe actuarse en situaciones de recesión económica, crece el gasto corriente mientras disminuye la inversión. Porque el instrumento más importante que tiene el Gobierno para estimular la economía y el empleo en época de crisis son los Presupuestos. Por eso no se entiende que ahora, en marzo, se presenten medidas anticrisis que no se adoptaron a finales de diciembre cuando se aprobaron las cuentas públicas de Canarias.

Consenso

Otra triquiñuela, dirigida a la pura y dura propaganda, es la de las llamadas al consenso por parte del pacto CC-PP y, más concretamente, del presidente del Ejecutivo. Unas proclamas efectistas que contrastan con su práctica de imposición, escaso diálogo y nula receptividad a opiniones discrepantes. El más claro ejemplo lo hemos tenido en la elaboración de la Ley de Medidas Urgentes en contra de la opinión de colegios profesionales, patronales del sector turístico o administraciones locales; e incluso del director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible del Ejecutivo, que dimitió y que ha señalado que con esta ley se pretende defender los intereses de unos pocos. Y ello en un tema tan relevante y sensible como nuestra ordenación territorial que, hasta ahora, siempre se había apoyado en el máximo consenso político y social, como sucedió con la Ley de Espacios Naturales (1994), la Ley de Ordenación del Territorio (1999) o con la Ley de Directrices (2003).

Algo similar ocurre con la implantación, sin consenso político ni ciudadano, de la descafeinada policía canaria. En su muy singular forma de entenderlo, el consenso debe consistir en que el resto de las fuerzas políticas y la sociedad en su conjunto se limiten a decir amén a las gubernamentales propuestas.

Mención aparte merecen las medidas anticrisis presentadas. En primer lugar, porque sorprende que el presidente no presentara un balance serio de los resultados de las adoptadas en marzo de 2008, seguramente porque sabe que o no se han ejecutado o han tenido muy poca influencia en la economía canaria. Y eso a pesar de la manipulación propagandística que están haciendo de su supuesto impacto en el empleo; resulta de lo más burdo que insistan en hacernos creer que con 232 millones de euros han logrado crear 24.145 nuevos puestos de trabajo en 2008, de los que 5.936 empleos los han creado invirtiendo ¡sólo 8 millones! destinados a la “calificación de nuevas viviendas como de Protección Oficial”. De ser auténticos semejantes datos, Rivero y Soria ya habrían sido fichados por el Fondo Monetario Internacional para solucionar la crisis mundial.

Nuevas medidas

Estamos globalmente de acuerdo con el enunciado de las diez medidas expuestas, el problema es que deben acompañarse de ficha financiera y ponerse realmente en práctica, visto el fracasado antecedente de las del pasado marzo. Respecto a los 150 millones de euros en avales para atender las necesidades de liquidez de las pymes, una de las medidas más llamativas, es fundamental ver cómo se concreta. Por lo pronto, la modificación presupuestaria que han aprobado al día siguiente de su anuncio es de sólo 40 millones lo que unido a los 10 millones ya presupuestados hacen 50 y no 150. Además, se deben establecer mecanismos para evitar que esos créditos avalados se usen, por ejemplo, para que las empresas paguen indemnizaciones por despido, como bien han señalado las organizaciones sindicales, o para que las entidades financieras los concedan exclusivamente a sus principales clientes, a las empresas con más garantías, como hacen en la actualidad. En este último caso la eficacia de la medida sería nula.

Por otra parte, los 5,4 millones de euros en emergencia social nos parecen claramente insuficientes; espero que se incremente esta partida y que sea transferida a los ayuntamientos, quienes a través de sus servicios sociales son los que mejor conocen las situaciones de pobreza extrema y riesgo de exclusión social. Los 4 millones que se van a gastar este año en la falsa policía canaria bien podría tener este destino mucho más prioritario.

En definitiva, el debate del Estado de la Nacionalidad genera una nueva frustración, ante la realidad de un Gobierno autocomplaciente, sin dirección ni capacidad de ilusionar a la sociedad, que improvisa constantemente sus medidas ante la situación económica, que es incapaz de reconocer sus errores y que está enfrentado a las otras administraciones.

*Presidente de Nueva Canarias

Román Rodríguez*