Hepatitis C y sanidad pública

Nuevos medicamentos han incrementado las esperanzas de curación de las personas que padecen hepatitis C. Se trata de una enfermedad infecciosa que en España se calcula que afecta a más de 800.000 personas, según cálculos epidemiológicos, de las que más de la mitad desconoce que la padece, y que cuando se cronifica es causante de buena parte de los casos de cirrosis y de cáncer de hígado, así como de la mitad de los trasplantes hepáticos.

Pero esas esperanzas depositadas en fármacos más eficaces, y con menores efectos secundarios que los usados hasta ahora, están chocando frontalmente contra el muro del elevado precio de los tratamientos por persona enferma, en torno a 60.000 euros, y ante la negativa del Ministerio de Sanidad a cubrir el coste de los mismos.

Aunque la presión social efectuada por los colectivos de enfermos y profesionales sanitarios, así como el relevante eco conseguido en los medios de comunicación, les ha obligado a rectificar, aunque sea parcialmente.

La decisión última del ministerio ha sido autorizarlo para unos 6.000 enfermos en el conjunto del Estado español. Algo que ha sido criticado por los hepatólogos, que estimaron en unos 25.000 los pacientes que, por su gravedad, precisan con urgencia del novedoso tratamiento. Y señalando, en todo caso, que es a los especialistas médicos a los que concierne su prescripción, bajo protocolos basados en evidencias científicas.

Canarias

En la comunidad canaria son varias decenas de miles las personas afectadas por esta enfermedad, en torno a 40.000 según las referidas estimaciones. Desde Nueva Canarias, hemos solicitado la convocatoria extraordinaria de la comisión de Sanidad del Parlamento canario para analizar la situación de los enfermos de hepatitis C en el Archipiélago. Y hemos reclamado a la Consejería de Sanidad que todos los pacientes que lo precisen puedan recibir el nuevo medicamento, como ya han garantizado otras comunidades autónomas.

NC propone la necesidad de un plan estratégico, coordinado entre el Gobierno estatal y el canario, que mejore la información, la prevención y la detección precoz de la hepatitis C. Y que se comprometa a facilitar los tratamientos desde la sanidad pública, sin que la posición económica sea la que determine la posibilidad de acceder a un fármaco y de salvar, en última instancia, la vida.

Así mismo, consideramos fundamental que el Gobierno de España lleve a cabo una negociación firme con los laboratorios que comercializan los nuevos fármacos con el objetivo de abaratar de manera significativa su precio, actualmente desorbitante y abusivo, multiplicando por cien los costes de producción. Y siguiendo la estela de otros estados que han logrado adecuados acuerdos con las farmacéuticas.

Sanidad pública

Dado el coste que supone el tratamiento, si cada paciente tuviera que financiarlo de su bolsillo sólo estaría al alcance económico de un porcentaje muy pequeño de la población, un 3% o un 5%, como mucho. Al igual que sucedería con otros procesos muy costosos, como la diálisis, los trasplantes o los tratamientos contra los tumores, si no estuvieran cubiertos por la sanidad pública.

El caso de los fármacos contra la hepatitis C nos confirma, una vez más, la enorme relevancia de los sistemas sanitarios públicos, universales y gratuitos. Capaces de ofrecer adecuadas respuestas a los pacientes al margen de sus condiciones económicas personales o familiares. Sustentados en los impuestos del conjunto de la sociedad y actuando de manera solidaria, sin distinciones de clase social. Este es el caso del Sistema Nacional de Salud y del Servicio Canario de Salud, unas de las grandes conquistas de la democracia y del desarrollo autonómico.

Los que de forma frívola abogan, un día sí y otro también, por la reducción de impuestos, deberían explicar cómo se sostiene la sanidad, la educación o cómo se hacen y mantienen las infraestructuras viarias. Debieran saber que más del 80% de los recursos fiscales de las comunidades autónomas y del Estado van al pago de pensiones y a la sanidad y la educación. Lo que pretenden estos sectores conservadores con la privatización de los servicios públicos es supeditar, a la menor o mayor capacidad económica, la posibilidad de que una persona reciba un tratamiento médico o pueda estudiar una carrera universitaria.

Canarias y España, pese a los significativos recortes presupuestarios y de personal padecidos en los últimos años, que han reducido su calidad e incrementado las listas de espera, continúan teniendo un potente, moderno y eficiente sistema sanitario, gracias, entre otros factores, a la elevada formación y a la entrega de sus profesionales.

Una de las claves de la política que Nueva Canarias ha desarrollado a lo largo de la legislatura ha sido la defensa permanente de los servicios públicos. Entre las prioridades para el período que se abrirá tras las próximas elecciones se encuentra la recuperación del gasto recortado, profundizando en el modelo de sanidad universal, pública y gratuita, financiada con los impuestos de todos, adecuadamente organizada y bien planificada para alcanzar la máxima eficiencia.

Nos va mucho en ello. Nos va, esencialmente, el poder disfrutar de un auténtico Estado social, que apuesta por la equidad y por el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas; y que no se doblega ante el neoliberalismo y el economicismo más asocial, amoral e injusto.