La herencia económica de los altos cargos que pagamos todos

Si existiese una ley de responsabilidad política y económica, más de un algo cargo se pensaría ocupar ese puesto.

Desde hace años venimos observando cómo las decisiones inoperantes de muchos altos cargos terminan siendo judicializadas y en muchas ocasiones con consecuencias económicas a las que tiene que hacer frente la Administración Pública de Canarias.

Estamos hablando de muchas demandas laborales que son interpuestas por trabajadores/as, de forma colectiva o individual, y que finalmente son estimadas en última instancia por los juzgados, fallando a favor de los mismos y con repercusiones económicas que tienen que ser abonadas por la propia Administración. Es decir, que quien realmente paga esta nefasta gestión de nuestros altos cargos es la ciudadanía, los propios trabajadores con nuestros impuestos.

Un ejemplo claro lo tenemos en “aquellos” que decidieron recortar un 20% a un sector del personal laboral y funcionario interino de la Comunidad Autónoma de Canarias. Finalmente los juzgados han fallado a favor de los trabajadores/as y por lo tanto la Administración Pública ha tenido que hacer frente a un gran desembolso económico además de los intereses de demora. Esto es solo un ejemplo, pero llevamos años asistiendo a innumerables casos jurídicos perdidos por la Administración Pública que desembocan en grandes desembolsos económicos sin que ello suponga ninguna penalización para el “autor del delito”.

Con especial asombro observamos cómo no solo no se penalizan estas malas gestiones, sino que los altos cargos, cuando abandonan sus funciones y se reincorporan a su puesto de funcionarios públicos, son “recompensados” con indemnizaciones por su “gran labor”. Eso sí, este trámite suele realizarse de forma muy sigilosa, es una imagen de la que tampoco interesa alardear.

¿Cómo es posible que se puedan tomar decisiones de este calado en la Administración Pública y no exista ninguna responsabilidad por parte de quienes las toman?. En una empresa privada la responsabilidad de la toma de decisiones recae en sus propios gestores y la mala gestión se paga pero no por los consumidores.

Desde co.bas Canarias pensamos que es necesario e imprescindible que exista una ley de responsabilidad política y económica, como medida de protección de los intereses de la ciudadanía. Las repercusiones de una mala gestión en una empresa privada podrían derivar en la reducción de la plantilla o en el propio cierre de la misma, además de la exigencia de responsabilidad “al culpable”. En la Administración Pública una mala gestión parece que no tiene repercusión pero la realidad es que sus efectos repercuten en cada uno de nosotros y no en los verdaderos culpables.