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La huelga general: defensa de los trabajadores

Carlos García / Carlos García

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Tras ella, mi abuelo Francisco García Granados, representante sindical de la UGT y trabajador en las minas de Rio Tinto, fue encarcelado, junto a todo el Comité de Huelga que integraban Largo Caballero, Julián Besteiro, Saborit y Anguiano, en el Penal de Cartagena.

Esta huelga general estuvo motivada, como una de las causas principales, junto a otras, por la crisis económica del estado, el aumento de los precios, la precariedad laboral y el malestar social existente en la ciudadanía. Y según su “Manifiesto”, se realizaba “ con el fin de obligar a las clases dominantes a aquellos cambios fundamentales del sistema que garanticen al pueblo el mínimo de condiciones decorosas de vida y de desarrollo de sus actividades emancipadoras y se impone que el proletariado español emplee la huelga general como el arma más poderosa que posee para reivindicar sus derechos”.

No pretendo comparar aquel periodo histórico con el actual, pero no podemos obviar que casi cien años después, son muchos los paralelismos que se pueden establecer en relación con nuestro estado social del presente: paro de cinco millones de trabajadores, aumento de los índices de pobreza, pérdida de derechos sociales con desintegración del estado del bienestar, logrado gracias a decenas de años de luchas que los trabajadores han mantenido a lo largo de la historia en contra del dominio capitalista y de los poderes económicos dominantes y una reforma laboral agresiva y siempre basada en rebajar salarios, favorecer despidos y vulnerar derechos adquiridos.

Esta de ahora será la sexta huelga general del periodo democrático reciente. Algunas han servido para hacer recapacitar a los gobiernos y han dado resultado para lograr reivindicaciones de quienes lo solicitan. Por eso, el ejercitar el derecho constitucional a la huelga, no debe alarmar a nadie ni atemorizar a ningún ciudadano. Sus efectos intentan paralizar la producción laboral, el cese del trabajo, para demostrar que son los trabajadores quienes realizan las producciones y son los protagonistas en la creación de la riqueza; pero también acarrea la suspensión del salario con consecuencias económicas para los huelguistas, motivo por el cual hay que considerar muy seriamente y de manera respetuosa, el planteamiento que se hace al acudir a una huelga de estas características.

Hemos tenido huelgas en 1934, con la Revolución de Octubre y centrada en Asturias; otra en 1936 en contra de la sublevación militar o golpe de estado con el comienzo de la Guerra Civil; la siguiente en 1976 contra los ajustes económicos y laborales de Adolfo Suárez ; le siguió la huelga general del 5 de Abril de 1978 en contra del alto porcentaje del paro europeo, también con Adolfo Suárez y la UCD; en 1981 , tras el golpe de Estado del 23 de Febrero, se convocó una huelga de dos horas de duración; posteriormente en 1985 contra la reforma de las pensiones y después, el 14-D de 1988 contra la reforma laboral de Felipe González; en 1992 en contra de la reforma del subsidio de desempleo y en 1994 contra la reforma laboral; la siguiente fue el 20 de junio de 2002 tras la reforma del subsidio del desempleo y en 2003 otra huelga general de dos horas contra la Guerra de Irak y sus consecuencias socioeconómicas. En 2010, gobernando Rodríguez Zapatero, en contra de la reducción del sector público y congelación de las pensiones y la última en 2011 contra la reforma de las pensiones.

Esta de 2012 está convocada por gran número de sindicatos; ELA, LAB, USO,CIG, CUT, CGT, CNT, CCOO y UGT junto con sindicatos de implantación regional canaria como IC, todos en contra de la reforma laboral impuesta por el nuevo gobierno del PP y del presidente Mariano Rajoy.

Como empleado público creo que existen numerosas causas que justifican una huelga general a la que yo me sumo. Y lo hago por respeto y en memoria de aquellos abuelos nuestros que hace ya cien años comenzaron un camino de denuncias a favor de los trabajadores y sus derechos. Por ellos y por todos nosotros.

*Médico. Delegado de Intersindical Canaria

Carlos García*

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