Indemnizaciones y moratoria turística

La iniciativa ecologista incluye un plan de empleo y una propuesta de rehabilitación de la planta alojativa obsoleta. En contra de lo que pregonan los ultraliberales, no se trata de paralizar la economía, sino de tener en cuenta la realidad actual: llevamos muchos años con un crecimiento de la oferta alojativa y un estancamiento de la demanda. Según Exceltur, un foro formado por los principales empresarios turísticos españoles, el sector turístico ha perdido un 10 % de su peso en el PIB de Canarias. A pesar de estos datos en uno de los últimos plenos parlamentarios de la pasada legislatura, los diputados de Coalición Canaria y el Partido Popular aprobaron la construcción de 3600 plazas turísticas nuevas como “excepciones” a la moratoria que en teoría estaba en vigor.

En las elecciones del pasado domingo Canarias volvió a ser la comunidad autónoma con mayor índice de abstención. En medio de este ambiente de desencanto político y poca participación ciudadana, más de treinta y cinco mil ciudadanos han puesto su firma y sus datos para apoyar la Iniciativa Legislativa Popular de Ben Magec. Al final de la legislatura pasada el Partido Popular estaba en los bancos de la oposición, pero logró ponerse de acuerdo con Coalición Canaria en dos temas relacionados con grandes negocios: las conclusiones del caso eólico que echaban la culpa al único partido que no estaba en el gobierno cuando se montó una trama de corrupción que todavía investiga la justicia y el otro asunto fue la aprobación de más de 3600 camas turísticas proyectadas por tres grandes empresas turísticas. Con estos antecedentes uno tiende a ser pesimista cuando imagina el recorrido que tendrá la iniciativa que ayer entró en el Parlamento canario.

Si añadimos que la gran patronal está haciendo una fiesta por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que obliga al gobierno canario a indemnizar a un empresario afectado por la anterior “moratoria turística”, pues tenemos nuevas razones para el escepticismo. Quizá esta sentencia no se hubiera producido si el gobierno de Adán Martín hubiese puesto el mismo empeño en aplicar las Directrices Turísticas que en aprobar las 3600 “excepciones”. Quizá los jueces se han limitado a reconocer unos derechos de un empresario frente a un pasotismo gubernamental. Estamos en una comunidad autónoma con uno de los mayores porcentajes de desempleo, con los salarios más bajos, con los mayores beneficios fiscales, con una Reserva de Inversiones de Canarias que supuso sólo el año pasado un ahorro de 1000 millones de euros en impuestos para las grandes fortunas de las islas. Con este panorama la mayor parte de los impuestos provienen de las nóminas de los trabajadores y de los consumidores, y esos impuestos que se deberían usar para dar servicios a la población, se van a gastar en millonarias indemnizaciones para los empresarios que han recurrido la aplicación de la moratoria, o los expropiados en la calle Pavía, o los constructores de las torres del Canódromo. La película siempre es la misma aunque cambien los nombres de las escenas y las sentencias: unos políticos que meten la pata para que otros puedan meter la mano...y a pagar el ciudadano.

Juan García Luján