Espacio de opinión de Canarias Ahora
Jueces en bolas
Río, por no llorar, leyendo la transcripción de la grabación de un diálogo entre dos magistrados en el que –más o menos- uno le dice al otro que hay que solucionar el problema de un empresario, pero para ello hay que hablarlo “en la piscina, en bañador y sin grabadoras”. Lo que no sabía el interlocutor era que en ése momento le estaba grabando el otro juez. Y, siguiendo el símil bañista, yo les sugeriría que fueran a una playa nudista y, aún así, no les garantizo que esos secretos pactos no salgan en la primera página de la prensa local (el escándalo cuesta que dé el salto a la prensa nacional, como pasaba con Soria, el que también es mentado en varias de esas grabaciones). Y así llevamos meses y nadie ha sido cesado o apartado de sus funciones.
No me asombra que cada día aparezca una nueva grabación abominable de conspiraciones entre jueces, en las que muestran su deleznable visión de la sociedad (“todas las rumanas, putas”) y su intolerable impunidad.
Me repugna que ante este circo de animales con cruce de cintas y declaraciones, el poder judicial no haya destituido a ningún implicado –con toga- que tiene en sus manos juzgar a los ciudadanos y, sorprendentemente, sonados casos de corrupción política.
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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.
Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.
Todos conocemos muchos casos en los que la justicia acabó -ahora no dudo que a posta- con la carrera política de personas incómodas, como el caso Icfem que llevó 14 años de proceso ¡contra los que quisieron poner orden a los fondos de formación para el empleo! Entre ellos figuraba, Aurelio Ayala, que falleció antes de conocer la sentencia absolutoria. O el caso Guillén (15 años de causa para acabar con la vida política de Carmelo Padrón y otros).
Lo peor es que no hay persona en el mundo del derecho en estas islas que no sepa el desastre y el compadreo que hay en muchos despachos de magistrados. Pero nadie ha hecho nada. Y es que todavía no se ha producido la transición de la Justicia, 40 años después de finalizada la dictadura ¿quién tiene la culpa y con qué finalidad? ¿Hasta cuándo...?
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