Sin Justicia, ¿hay lugar a la esperanza?

¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI aún pueda tener vigencia la atávica maldición de “pleitos tengas y los ganes”, o aquel otro maleficio aún más terrorífico, resumen de todos los peores horrores que a una persona pudiera acaecerle: “entre abogados te veas”? ¿Cómo puede justificarse en el caso Mari Luz, sin insultar demasiado al sentido común, que el asesino tuviera que presentarse cada 15 días en un juzgado sevillano, y así lo hacía, mientras que en el juzgado vecino estuviera reclamado en cinco causas similares, creo recordar, pero que no se personaba por estar declarado en paradero desconocido?

Otro caso reciente, imposible de explicar usando el sentido común y no los textos legales que tienen poco que ver con la Justicia y más con el Derecho, es la sentencia llamada de Los Albertos. La situación es verdaderamente escandalosa y poco edificante ya que, en resumen, tras juzgarse, condenarse y demostrarse que esos señores estafaron a unos inversores, a las víctimas les cuentan la “sentencia campera” de que el asunto ha prescrito y que además no tienen que devolverles el dinero que les han robado. Tampoco tendría nada extraño, para más INRI, que la justicia redondee la faena obsequiando a las víctimas con la pedrea de tener que pagar las sustanciosas minutas de los abogados de los primos, los que tienen ese vínculo familiar. No me refiero ahora a los timados a los que esa popular calificación de primos también les ha caído en suerte por confiar en la justicia. Esto sería, para más recochineo, la guinda del pastel con que el sistema montado por los poderosos o influyentes obsequia y escarmienta a las víctimas. Si no quieres caldo, toma dos tazas, le dirán unos señores muy “empuñetados”.

Cada vez es más evidente para el común de los ciudadanos, incluso para los que prefieren mirar para otro lado mientras se machaca al prójimo, no hay por qué crispar -añadirán los del talante-, que se ha montado todo un sistema tan garantista para el delincuente que, en la práctica, condena y veja a las víctimas a la vez que humilla y ridiculiza a los cuerpos de seguridad del estado. Lo más preocupante de esta situación no es ya sólo que periódicamente haya nuevos esperpentos para actualizar el libro “Antología del disparate judicial” (de Francisco Tomás y Valiente, Francisco Pardo. Plaza y Janés, ISBN 84 01377-36-6) con nuevos episodios, desternillantes para el lector pero odiosos e indignantes para las víctimas de tales atropellos, sino que no parezca importarles lo más mínimo a cuantos son llamados operadores judiciales, desde el último funcionario hasta el más alto miembro del CGPJ. Unas declaraciones o justificaciones descafeinadas, la apertura de un expediente que durará años en archivarse, paripé en suma, responsabilidad de nadie tras unos vagos escarceos y a esperar que escampe, pues es bien sabido que tras una tempestad siempre llega la calma.

Iba a decir que espero, pero en realidad ya no espero nada de la política, que en los debates de investidura y de presentación de la acción de gobierno para esta nueva legislatura se tratara en profundidad, como un asunto de extrema urgencia y gravedad, la reforma de la administración de justicia. No puede ya despacharse el asunto diciendo que se crearán no sé cuantas plazas de jueces (que si prosperara el criterio del Ministro Bemejo en esta materia ¡que Dios provea de paciencia y resignación a los justiciables!), que se instalarán otro montón de ordenadores, que se seguirán concediendo graciosos años sabáticos todo incluido (sueldo, secretaria, escoltas, viajes, etc.) a jueces estrella, y así sucesivamente. Pero nadie habla de la reforma auténtica del sistema, necesidad imperiosa a la vista del más que evidente fracaso de los procedimientos actuales. No es sólo un problema de dinero. Posiblemente inyectar más fondos en un mecanismo ineficaz sólo contribuye a estropearlo y corromperlo más, al tiempo que complica su arreglo dado que cada vez más personas se benefician de ese caos, entre otros los propios políticos que ven como sus asuntos turbios quedan envueltos y enterrados en toneladas de papel, que sólo son desenterrados y desempolvados si con ello se beneficia al nuevo partido en el poder. Y eso también sin exagerar, que el que esté libre de chorizadas con denominación de origen tire la primera denuncia. ¿Han visto alguna vez a un político, o a personas relacionadas con ellos, condenado a devolver los dineros que se ha quedado o que ha partido y repartido, reembolsarlos? Mientras prospere la doctrina, entre ellos o entre el pueblo común, de que las elecciones todo lo lava, mal nos irá a los perjudicados ciudadanos.

José Fco. Fernández Belda